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Exigen renuncia de funcionarios implicados en caso de mujer agredida en Juzgados de Tabasco

Por Cecilia Vargas Simón

Villahermosa Tab. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Frontera Sur y legisladora perredista Dolores Gutiérrez Zurita, exigió este día la renuncia de los funcionarios corresponsables del ataque del que fue víctima por su exesposo, la joven Ana, en un juzgado de oralidad de este estado.

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En la tribuna durante la sesión de este día, la legisladora demandó la renuncia inmediata del Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Priego Oropeza, del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Angel Mario Balcázar y de la Directora del Instituto Estatal de la Mujer, Nelly Vargas Pérez, “por su incompetencia en su cargo”.

Gutiérrez Zurita afirmó que fueron graves los errores cometidos por dichas instancias en el caso de Ana, joven acuchillada en un juzgado de oralidad, por su ex esposo José Roberto Calix, al no recibir la seguridad que su caso, de violencia familiar, ameritaba.

Las instancias responsables no activaron los protocolos para el desahogo de la audiencia programada por este caso de violencia intrafamiliar.

La legisladora calificó de “ridículas” las excusas del presidente del TSJ, en el sentido de que los hechos sucedieron “afuerita” y que el agresor esquivó el cerco, mientras la directora del IEM  declaró que el instituto sí le daba asesoría a la mujer, pero que no le dieron acompañamiento obligatorio para su audiencia. Por su parte el titular de la SSPC, ha guardado silencio “culposo y responsable”.

El Comité de Derechos Humanos de Tabasco, informó que la víctima continúa en recuperación y que presentó sendas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.     

En tanto la legisladora declaró que el gobierno del estado no está ofreciendo a la familia de la víctima suministro oportuno y adecuado de todos los medicamentos que se requieren, por lo que se sumó a los pronunciamientos de los legisladores José Manuel Sepúlveda y Kathia Ornelas para que el Poder Ejecutivo sufrague todos los gastos que por el momento corren a cuenta de la familia de la víctima.

La diputada pidió que el caso de Ana no se integre a la “fría numeralia” que ubica a Tabasco en el quinto lugar nacional en cuanto a violencia familiar con 5 mil 94 casos y el mismo quinto lugar nacional en homicidios dolosos y feminicidio, con un incremento del 9.12 por ciento, un incremento del 32.07 por ciento  en caso de violaciones sexuales, que suman 303 casos en lo que va del año.

Por su parte, en conferencia de prensa, la presidenta del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Bautista, al dar a conocer el posicionamiento de esta organización civil respecto a los hechos ocurridos 26 de septiembre reciente en el Centro de Justicia de Oralidad de la Región 9, expuso que el feminicidio en grado de tentativa, no puede quedar en un lamentable caso más, a los que ya se está acostumbrando la sociedad tabasqueña.

El propio secretario de gobierno, Marcos Rosendo Medina, declaró que violencia que sufren las mujeres en Tabasco es parte de la violencia generalizada que se vive a diario, evadiendo su responsabilidad de dar atención y solucionar este grave flagelo que sufren las mujeres en el estado.

Este caso dijo Leonor Ramírez Bautista, exhibe a todas las instituciones gubernamentales encargadas de tutelar la integridad y la vida de las mujeres, lo acontecido refleja que no existen condiciones de seguridad para las víctimas de violencia.

Sostuvo que el tema de violencia es político, y compete a todos los funcionarios e instituciones, ya que no existe una coordinación interinstitucional entre las dependencias que tienen la obligación de velar y cuidar la integridad y la vida de las mujeres en Tabasco.

No es posible, prosiguió, que un individuo aseste once puñaladas a una mujer en las narices de las autoridades ¿dónde están los protocolos para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia?  ¿cómo un individuo armado puede burlar el cerco policíaco que existe en esos lugares? ¿dónde se supone deben cuidar que no se introduzcan armas? ¿dónde queda la dichosa capacitación que se supone han recibido todos los servidores públicos que tienen contactos con las víctimas?

¿Cuál es el resultado de las más de dos mil 200 acciones de gobierno que Arturo Núñez informó, se realizaron para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, derivada de las nueve recomendaciones que  emitió la CONAVIM a raíz de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género que solicitó el Codehutab en el 2016 y que Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, y Marcos Rosendo  Medina Filigrana, Secretario de Gobierno, al asumir sus respectivos encargos se comprometieron públicamente a continuar y dar seguimiento? Fueron algunas de las interrogantes que esperan respuesta de las autoridades correspondientes.

19/CVS/LGL

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