Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil de distintos países de América exigieron a los gobiernos abstenerse de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las personas que ya se encuentran detenidas, y garantizarles acceso a vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos.
A través de un comunicado difundido por el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), al menos una treintena de organizaciones de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros otros, informaron que frente a la emergencia ocasionada por la propagación del COVID-19, en el continente americano las personas migrantes y solicitantes de protección internacional se han visto impactadas de manera extrema ante las respuestas estatales de cuarentena, toque de queda, detención, deportación, cierre y militarización de fronteras.
Por ejemplo, dijeron que en las últimas semanas se ha denunciado que personas migrantes venezolanas permanecen varadas tras el cierre de fronteras en Colombia y Brasil; así como la detención de al menos 80 migrantes haitianos en Guatemala.
Las organizaciones (la mayoría que acompañan a mujeres y familias migrantes) también han documentado el cierre de la fronteras entre México y Estados Unidos a solicitantes de asilo, así como el aumento de deportaciones de personas mexicanas y centroamericanas; la falta de condiciones sanitarias adecuadas y el alto riesgo de contagio en estaciones migratorias, centros de detención y en centros de cuarentena para las personas ya deportadas; la represión violenta por parte de la Guardia Nacional mexicana; el desbordamiento de la capacidad de albergues de sociedad civil; entre otras cosas.
Frente a estos hechos y ante la posibilidad de que la población migrante y solicitante de protección internacional se vea aún más impactada en las próximas semanas y meses, las organizaciones firmantes hicieron un llamado urgente a los Estados de la región para que se abstengan de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las personas que ya se encuentran detenidas, y garantizar su acceso a vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos
Y pidieron tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la salud, integridad personal y vida de esta población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.
Las organizaciones también recordaron la obligación de los gobiernos de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud pública, por ejemplo, el acceso de todas las personas en situación de movilidad a las medidas de prevención dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como su acceso a un diagnóstico oportuno por el COVID-19, a servicios de salud y a la atención médica necesaria para el tratamiento del virus.
Asimismo, las organizaciones (muchas de ellas articuladas en alianzas regionales) exigieron a los Estados frenar las deportaciones y las devoluciones, y garantizar el acceso de todas las personas a solicitar protección internacional.
Y recordaron el llamado de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Cooperación Económica para América a Latina (CEPAL) para que los Estados garanticen el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo, así como a respetar el principio de no devolución.
“Las medidas implementadas en respuesta al COVID-19 no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla. Incluso en situaciones excepcionales como la que enfrentamos, imponer medidas que impiden la admisión de personas refugiadas o solicitantes de asilo, sin protegerles contra la devolución, es violatorio de sus Derechos Humanos y contrario a las obligaciones de los Estados”, enfatizaron las organizaciones civiles.
Asimismo, las organizaciones señalaron que las medidas implementadas como respuesta a esta crisis no pueden ser discriminatorias ni dar lugar a resultados indeseables que impacten negativamente el disfrute de los Derechos Humanos, sino que éstas deben ser “proporcionales, necesarias, planteadas e implementadas desde un enfoque de DH y género”.
También pidieron que los albergues en los que se reciba a personal migrante cuente con medidas para prevenir los contagios, así como personal de salud capacitado para brindar atención diferenciada poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, personas en condición de discapacidad, personas LGBTIQ+, mujeres, niños y niñas.
Asimismo, —dijeron— frente a los límites a la movilidad y/o a la restricción de las garantías constitucionales impuestas por las naciones, que impactan de manera particular el acceso al trabajo de las personas migrantes, los Estados de la región les deben garantizar el acceso a medios de subsistencia como al resto de la población.
Y ante la militarización de las fronteras y las denuncias por represión, las organizaciones recordaron a los Estados que las fuerzas militares deben abstenerse de asumir labores de seguridad ciudadana, de salud, o migratorias., y. garantizar su acceso a información pertinente, oportuna, clara, basada en evidencia científica y de calidad sobre la pandemia.
“En una región tan impactada por la desigualdad, la pobreza, la corrupción y el extractivismo, esperamos que en el marco de esta crisis los Estados avancen hacia la construcción de sistemas de protección y seguridad social más solidarios y robustos, hacia el pleno acceso al agua y a la salud para todas las personas, y hacia el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de toda la población sin discriminación alguna”, expresaron las y los defensores de los DH.
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