Ciudad de México. Organizaciones civiles urgieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Guerrero por agravio comparado, toda vez que las autoridades estatales han incumplido en garantizar el acceso a la salud y a la justicia a víctimas de violencia sexual.
De cara a este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) organizó una conferencia de prensa virtual para informar los obstáculos que han enfrentado las distintas organizaciones peticionarias durante el proceso para la declaratoria de la segunda AVG en Guerrero.
Desde 2017, ocho municipios de la entidad guerrerense ya cuentan con una AVG por violencia feminicida. Ante el fracaso en la reducción de la violencia en la entidad, las organizaciones se vieron orilladas en 2019 a exigir una segunda AVG, pero por agravio comparado, es decir, porque un ordenamiento jurídico vigente o una política pública transgreda los Derechos Humanos de las Mujeres.
En el caso de Guerrero, el agravio comparado existe porque su artículo 159 del Código Penal, sobre las causales en caso de aborto, establece que cuando el embarazo es resultado de una violación el Ministerio Público debe comprobar los hechos para autorizar su práctica. Esto va en contra de la Norma Oficial Mexicana 046, sobre criterios para la atención para víctimas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que señala que este documento no es necesario.
En la conferencia de hoy, las peticionarias –entre ellas Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C.– aseguraron que a un año de haber solicitado la segunda Alerta, desconocen si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) ha solicitado al gobierno del estado información sobre la implementación de las recomendaciones durante el plazo de seis meses establecido en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, dijeron, se desconoce si esta información ya ha sido presentada por las autoridades estatales y si fue remitida al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para la realización del dictamen sobre la implementación de las propuestas emitidas en el Informe de la Alerta de Género.
Las ausencias y omisiones de las autoridades, de acuerdo con las organizaciones, ha profundizado el contexto de violencia en la entidad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a abril del 2020 se registraron en la entidad 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias por aborto.
De igual manera, las autoridades sanitarias siguen obstaculizando el acceso a un procedimiento de aborto seguro a las víctimas de violación, ya que aún exigen a las mujeres que pidan documentos probatorios de la agresión, a las autoridades judiciales o al Centro de Justicia para las Mujeres antes de realizarles el procedimiento, de acuerdo con las organizaciones.
Aunque no hay cifras oficiales sobre el nivel de incumplimiento de la NOM046, hay muchos casos documentados por las organizaciones de la sociedad civil que lo demuestran. Un ejemplo, señalaron, es el caso de Esmeralda, una niña de 14 años de edad con discapacidad intelectual, que presentó un embarazo después de haber sido víctima de violación sexual. A pesar que el embarazo ponía en riesgo la vida de Esmeralda, no se le realizó una interrupción legal del embarazo (ILE). La hija de Esmeralda murió al nacer por complicaciones de salud. Hace un mes, tras realizar una visita de seguimiento, el personal de salud pudo constatar que la hermana menor de Esmeralda, quien también tiene discapacidad cognitiva, es víctima de violación.
Aun cuando el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO) insistió a la Procuraduría del Menor del DIF estatal y al Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco para que brinden atención a la hermana de Esmeralda, la visita domiciliaria se realizó sin respetar el protocolo de atención a víctimas de violencia y no fue inmediata bajo el pretexto de la pandemia por COVID-19.
La integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, reveló que las autoridades estatales con responsabilidades establecidas en la solicitud de la segunda AVG y la Conavim, han celebrado sesiones para el seguimiento de la AVG sin la presencia del Sistema, han incumplido los plazos para la entrega de información y avances, el Grupo Interdisciplinario ha retrasado o dilatado los procesos y la información ha sido opaca. Esto a pesar de que Reyna, como parte del Sistema Estatal, ha enviado oficios y comunicaciones constantes para exigir información.
Por su parte, la integrante del OBVIO, también peticionaria de la segunda AVG, Viridiana Gutiérrez Sotelo, señaló que la NOM046 no se aplica en Guerrero por el candado al aborto que persiste en el Código Penal y recordó que, desde el inicio de la solicitud, Conavim puso trabas para esta Alerta.
La defensora señaló que aunque la Secretaría de Salud estatal dice que su personal está capacitado para atender a víctimas de violencia sexual, en la práctica las organizaciones han encontrado que desconocen los protocolos, además de que muchas médicas y médicos aún se resisten a practicar abortos legales o tomar los talleres. En el caso de la Fiscalía del estado, las organizaciones se percataron por medio de reuniones que el personal judicial no estaba informado sobre las recomendaciones que se le hicieron a la entidad tras la solicitud de la segunda AVG.
El abogado e integrante de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez, dijo que se observa retardo injustificado y omisiones por parte de autoridades estatales pero también federales, ya que la Conavim es la instancia responsable de dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las acciones pero ha ido invisibilizando su papel con respecto a las AVG, pues no da seguimiento ni evalúa su cumplimiento.
Por todo esto, las organizaciones pidieron a la Secretaría de Gobernación declarar de manera urgente la AVG para el Estado de Guerrero por Agravio Comparado; al gobierno de Guerrero pidieron hacer públicos los avances e indicadores de cumplimiento de la Alerta de Género previa; y al Congreso del estado exiguieron reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado, fracción I, con relación a La Ley General de Víctimas, la NOM-046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, para que se garantice el acceso de las mujeres a la ILE de manera segura.
Asimismo, pidieron a la Secretaría de Salud fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en el estado de Guerrero. En particular, se deben fortalecer las vertientes de prevención por violencia sexual, embarazos no deseados, VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), prevención del suicidio, así como la vertiente de atención para la violencia sexual (tratamiento especializado médico, kit profiláctico, tratamiento psicológico especializado para la violencia extrema, psicológico y psiquiátrico), teniendo como uno de los indicadores de cumplimiento, la elaboración e implementación de una guía de atención a solicitudes de ILE.
Las organizaciones también pidieron a la Fiscalía del Estado fortalecer la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, reorientar recursos económicos y materiales para la mejor operación de la fiscalía especializada. Capacitar sobre la NOM-046 -desde el marco de los Derechos Humanos, con enfoque de género y multicultural- a las y los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia encargados de atender a mujeres víctimas de violencia sexual, revisar y dar seguimiento a las carpetas de investigación (en proceso) de casos de mujeres consignadas por el delito de aborto en la entidad.
20/AJSE/LGL
