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Vinculan a proceso a defensora tamaulipeca que denunció condiciones de maquilas

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México. La detención en Tamaulipas de la defensora de los derechos laborales, Susana Prieto Terrazas, no es por delitos que requieran prisión preventiva oficiosa, por lo que debería enfrentar su proceso en libertad, de acuerdo con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). 

Susana Prieto Terrazas fue detenida el pasado 8 de junio en Matamoros, Tamaulipas, acusada de “delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares”. Quien acusó a la abogada fue la la Junta Especial Nº 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, tras relacionarla con una movilización de obreras y obreros de la empresa Tridonex (dedicada a la remanufactura de empresas automotrices) ocurrida el pasado 10 de marzo afuera de esa dependencia para que se les permitiera renunciar al pago de cuotas para el Sindicato de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros y su Municipio. 

Tras una audiencia, este 10 de junio Prieto Terraza ya fue vinculada a proceso “ante la solidez de los elementos de prueba presentados por el Representante Social” de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la entidad, quien tiene un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria y prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso.

Al respecto, la ANAD –conformada por litigantes y personas defensoras de los Derechos Humanos laborales– emitió un comunicado en el que externó su preocupación por la posible violación a los DH de la defensora de las y los trabajadores.

La organización de abogadas y abogados señaló que los delitos por los que se le pretende formular imputación no son de prisión preventiva oficiosa, por tanto, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la litigante debería enfrentar su proceso en libertad. Asimismo, señaló que incluso la orden de aprehensión era innecesaria, ya que existían otros medios de conducción, como una orden de comparecencia que –de acuerdo con lo que expresó Prieto el día de su detención, la cual transmitió en vivo– nunca se le hizo llegar.

El abogado penalista Roberto Julio Chávez, integrante de la ANAD, explicó en entrevista con esta agencia que las únicas justificaciones para la prisión preventiva justificada sería en caso de que la abogada no tenga arraigo (domicilio comprobable), que no esté localizable o que sea un peligro para las víctimas. “En este caso la víctima es el Estado, para quien la abogada no podría representar un riesgo”, expresó.

Chávez también puntualizó que la detención de Prieto por razones vinculadas a una movilización social afuera de la Junta de Conciliación ya configura por sí misma una violación a los DH de la defensora, ya que el mal actuar de las autoridades para garantizar los derechos de las y los trabajadores es lo que propicia los actos de protesta. La libre manifestación y la defensa de los derechos laborales es un derecho, confirmó el litigante

“Aún así, cuando haya una imputación de la abogada de haber hecho una manifestación no es suficiente para que esté en prisión preventiva, porque se está violando la presunción de inocencia porque se le está tratando como culpable y eso es una pena adelantada”, explicó el litigante.

La ANAD señaló que estará atenta al proceso judicial y que no permitirá bajo ninguna circunstancia la violación a los DH, y exigió al gobierno de la entidad respetar la dignidad, los derechos y la libertad de la abogada. 

La detención de Prieto Terrazas ocurrió en el contexto de sus denuncias públicas en redes sociales y medios de comunicación por los diversos abusos laborales que han cometido empresas maquiladoras contra las y los obreros durante la pandemia.

20/AJSE/LGL

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