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No debe aprobarse iniciativa de Ley de Salud mental porque viola DH, afirman organizaciones

Por Antonio Patlán Cardoso

Ciudad de México. Integrantes de organizaciones no gubernamentales se pronunciaron en contra de la propuesta de la Ley General de Salud Mental impulsada por la senadora del Partido del Trabajo por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, por ser violatoria de los Derechos Humanos, y la cual podría ser aprobada mañana 30 de julio por el Senado de la República.

En conferencia de prensa virtual, el integrante de la organización “Documenta”, y también coordinador del Programa de Prevención de la Tortura, Ángel María Ferrer, recordó que la propuesta de ley fue presentada en noviembre de 2019 y precisó que su contenido es violatorio de los Derechos Humanos, entre los que destaca el derecho a la igualdad, a la seguridad e integridad personal, así como derecho a la salud.

Ángel María Ferrer señaló que dicha iniciativa contiene un modelo de atención con recursos altamente discriminatorios, “con una óptica de atención a la salud mental de manicomial, que apuesta por un modelo de tratamiento biofarmacológico para las personas usuarias”, lo que en su opinión, es un enfoque completamente obsoleto que seguirá provocando sufrimiento a los pacientes con internamientos involuntarios y tratamientos farmacológicos forzados.

El especialista dijo que estos tratamientos han sido denunciados internacionalmente, y el Grupo de Trabajo sobre Intervenciones Voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha establecido que los Estados tienen la obligación de no permitir los internamientos involuntarios por razón de existencia de una discapacidad real mental o percibida, y agregó que la Relatora sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental, ha mencionado que recluir en espacios de salud mental a personas que representen un supuesto peligro para sí mismas, por necesidad de recibir cuidados o por una necesidad médica, es una medida ilegal y arbitraria.

Del mismo modo, Ferrer puntualizó que someter a tratamientos forzados contraviene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y recordó lo que al respecto ha señalado el Relator sobre la Tortura de las Naciones Unidas, quien dijo “que someter a tratamiento forzado en instituciones psiquiátricas genera condiciones comparables a la tortura y malos tratos.”

Ferrer manifestó también que esta iniciativa es contraria a los derechos suscritos por el Estado mexicano, las organizaciones civiles, defensoras y personas preocupadas por la buena salud mental.

Por otra parte, la integrante de “Sin Colectivo” y de la “Colectiva Dignas Hijas”, Gabriela Aragón Zamorano, aseguró que la iniciativa no sólo afectará a personas con discapacidad psicosocial, sino a toda la ciudadanía al verse violados sus Derechos Humanos.

En su participación, el integrante del “Programa de Discapacidad Psicosocial de Justicia” en la Organización Documenta e integrante de “Sin Colectivo”, Víctor Lizama, denunció la discriminación que ha padecido por ser una persona con discapacidad psicosocial, al haber sufrido internamiento involuntario y por ser medicado en exceso.

Actualmente, aseguró que no toma medicamentos, vive con salud a pesar de que los médicos ya le habían diagnosticado un mal crónico mental, por lo que también se pronunció en contra de la ley de la senadora Bañuelos y señaló que es necesaria la reforma del capítulo de la Ley General de Salud en el apartado de salud mental, porque su propuesta tiene una naturaleza discriminatoria y carente de Derechos Humanos.

Por su parte, la integrante de “Sin Colectivo” y de “Grupo Loco México”, Rebeca Gutiérrez Ramírez, explicó que la primera asociación es un grupo plural mexicano de personas expertas en salud mental que trabajan por las personas con discapacidad psicosocial. Relató que ella fue diagnosticada con discapacidad psicosocial por lo que le fue negado su derecho a la educación por parte de las autoridades de su universidad, condicionándola a que sólo podría realizar sus estudios si tomaba fármacos; por lo que tuvo que mentir sobre su condición para desarrollar actividades académicas.

Agregó que la asociación “Orgullo Loco México” se dedica a reivindicar la locura y sus diversas manifestaciones, y se pronunció contra la iniciativa.

La periodista y cofundadora de la asociación civil “Yo También”, Katia D´Artigues informó sobre las reuniones que han tenido con senadores de diversos partidos para tratar de contener la ley que está por aprobarse, entre los que destaca Ricardo Monrreal, Emilio Álvarez Icaza, además de varios panistas que no votarán por el dictamen, así como Claudia Ruíz Massieu y Miguel Ángel Mancera.

Coincidió que la ley no garantiza los Derechos Humanos de las personas que padecen alguna condición mental, y agregó que la pandemia será un detonante para que aumenten las crisis de salud mental, considerando que por este motivo uno de cada cuatro mexicanos manifestará algún padecimiento mental.

Las y los participantes, coincidieron en tomar en cuenta a las personas con discapacidad mental antes de aprobar la iniciativa y consideraron pertinente revisar la Ley General de Salud y los tratados internacionales, que el seguimiento a las y los pacientes sea a través de mejores políticas públicas y servicios de salud de calidad pues señalaron que la salud mental sólo cuenta con 2 por ciento del presupuesto, por eso se cuenta con pocas instalaciones hospitalarias e insumos.

Por último, Gabriela Aragón relató que cuando “La Castañeda” estuvo de pie, si un hombre decía que su esposa estaba loca, de inmediato la encerraban en este manicomio; por lo que también se pronunció en poner atención en el tema de perspectiva de género en la ley y en los recursos que tiene el patriarcado para someter a las mujeres, por lo que recomendó empezar a hacer intersecciones para mejorar las condiciones de las mujeres en este rubro.

20/APC/LGL

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