Ciudad de México.- La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestaron su preocupación por la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Los organismos aseguraron en un comunicado que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados entre el martes 6 y jueves 8 de octubre elimina el Fideicomiso sin proponer alternativas presupuestarias para implementar medidas de protección de forma rápida y eficaz en favor de quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender Derechos Humanos.
Las instituciones recordaron que las personas defensoras y quienes ejercen la libertad de expresión en México enfrentan una situación de riesgo marcada por la violencia y las amenazas. De acuerdo con el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México es el segundo país del mundo con un mayor número de periodistas asesinados, sólo detrás de Irak.
Durante los años 2019 y 2020, este país concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en dicho periodo. En 2019, la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año la ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras.
Esta situación y su impacto han sido objeto de atención prioritaria por parte de organismos internacionales expertos en materia y la comunidad internacional. El Estado mexicano ha recibido al menos 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos e instancias del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, relacionadas con la situación del ejercicio del derecho a defender Derechos Humanos y la libertad de expresión.
Sólo en 2018 los países participantes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizaron 21 recomendaciones a México relativas al Mecanismo de Protección, 17 de ellas relacionadas con la necesidad de dotar al mismo de los recursos adecuados para garantizar su eficacia.
En este contexto, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborada en 2012 con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender Derechos Humanos en México.
Las expresiones públicas de la CNDH y ONU-DH han destacado la necesidad de garantizar la rapidez, flexibilidad y adaptación a las circunstancias de cada caso en la decisión e implementación de medidas de protección. En este sentido, expusieron que el actual fideicomiso, Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha sido un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país.
Por estas razones los organismos llamaron a garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras haciendo uso del máximo de recursos disponibles para que cualquier reforma a este marco legal garantice que se mantengan o se fortalezcan estas características.
También destacaron que cualquier reforma al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas, previsto de la Ley General de Víctimas, debería realizarse con la efectiva participación de las víctimas, evitando cualquier riesgo de desprotección y partiendo de un diagnóstico; por lo que recordaron que el Estado mexicano está obligado a garantizar la atención a las víctimas del delito y las violaciones de Derechos Humanos, así como la reparación integral del daño.
Las instituciones firmantes de este pronunciamiento aseguraron que una vez que el dictamen fue votado en la Cámara de Diputados corresponde al Senado de la República convocar a una amplia participación en el análisis de la minuta para valorar y prevenir posibles consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los Derechos Humanos.
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