Cancún, Q. Roo. Cecilia Solís y Roberto Becerril, periodistas heridos de bala durante la agresión armada por policías para dispersar la marcha convocada en contra del feminicidio el pasado 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, denunciaron que la Fiscalía General de Justicia del estado, pretende consignar el expediente el cual está lleno de irregularidades pues se borraron evidencias, por lo que temen que los hechos queden en la impunidad.
En conferencia de prensa realizada frente al Palacio Municipal de Benito Juárez, en Quintana Roo, donde ocurrió la agresión armada, la y el periodista narraron que los policías que participaron en ella y en la cual resultaron heridas varias personas, recogieron los casquillos y los peritos de la Fiscalía General del justicia estatal nunca acudieron al lugar de los hechos para recabar la evidencia, por lo que a un mes de lo sucedido no hay ningún detenido, no hay imputados, y los agentes que agredieron y abusaron sexualmente de las manifestantes ahora afirman no recordar de dónde vino la orden para atacar, y tampoco han sido identificados.
Cabe recordar que el 9 de noviembre la policía municipal atacó a balazos a defensoras de Derechos Humanos, feministas y periodistas que se manifestaban por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida en redes sociales como Alexis, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo 8 de noviembre en aquel estado.
En la conferencia, la y el periodista enunciaron también que pese a tener una presunta responsabilidad por omisión en lo ocurrido, la alcaldesa Mara Lezama Espinosa solamente fue llamada a comparecer como testigo y no como imputada y recordaron que incluso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO) emitió la recomendación 20/ 2020 dirigida a la funcionaria, con lo que se excluyó de responsabilidad al gobierno del estado, aún cuando la seguridad pública en Cancún está bajo la figura del Mando Único.
Cabe recordar que el día de los hechos, Lezama Espinosa, afirmó “que jamás ordenaría ningún tipo de represión”; mientras que el gobernador del estado, Carlos Joaquin González, aseguró en redes sociales que había dado instrucciones precisas de “no agresiones y no armas en las marchas”, por lo que las defensoras exigieron la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesus Alberto Capella Ibarra, quien renunció un día después de lo sucedido.
Otra irregularidad narrada por los periodistas es que las autoridades estatales y municipales han negado el acceso a videos, fotografías y testimoniales, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) para que realice sus investigaciones y donde también existe una denuncia.
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Solís y Becerril comentaron que tuvieron que contratar a un abogado particular ya que la defensora pública de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVQROO) estatal “dejó” el caso; y si bien reconocieron que en un principio recibieron ayuda por gastos médicos, o de reparación o sustitución de equipo, no ha continuado la ayuda legal, psicólogica ni médica.
Ambos afirmaron que ese día observaron que antes de los disparos, se apuntaba con luces de láser a quienes se encontraban reunidas en la Plaza de la Reforma.
“Les puedo asegurar que antes de que iniciaran los balazos yo sí vi que nos estaban apuntando con luces de láser o rayo láser a las personas que estábamos a fuera; de hecho, una de esas luces, yo la traía en el pecho. Yo misma digo que nos estaban señalando, que había policías dentro del Ayuntamiento y que nos estaban apuntando con estos rayos láser”, afirmó Cecilia Solís.
“Tengo 23 años de periodista, cubriendo la nota roja, manifestaciones, enfrentamientos, protestas de maestros, taxistas, globalifóbicos y nunca habíamos visto el exceso de uso de armas de fuego. Es una situación que se les salió de control y hoy se quieren hacer como que no pasó nada y todo va a quedar ahí”, afirmó.
Los periodistas mencionaron que mientras la policía estatal omite decir cuántos elementos participaron, sus nombres y rangos y el tipo de arma que portaron esa noche, el expediente de la Guardia Nacional detalla los datos.
“Otra situación grave que se ha dicho en las mismas corporaciones es que los elementos que no traían armas, se las quitaron a los que custodiaban el Palacio y con eso estaban disparando”, insistió Cecilia Solís.
Tanto Solís como Becerril señalaron que han quedado con secuelas psicológicas y emocionales por los hechos además que deben continuar con el reposo, pero sobre todo, la vulnerabilidad que quedó tras los hechos.
De acuerdo con la información del Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) las periodistas agredidas fueron Cecilia Solís, corresponsal de Energy F.M.; Edith Selene Huidrobo González, reportera de televisión del Grupo Sipse; Alejandra Carol Galicia Ocaña, corresponsal de La Silla Rota y Adriana González Varillas, corresponsal de El Universal, así como los periodistas Roberto Becerril, de La Verdad, y Santiago Rodas, reportero gráfico de la agencia Quadratín, y la defensora Wendy Galarza, de la Colectiva Conversatorio Feminista de Cancún.
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