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México pide prórroga a la CIDH para entregar informe sobre Ernestina Ascencio

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Ciudad de México. El gobierno mexicano pidió prórroga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar el informe sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, quien fue violada por militares en la sierra de Zongolica en Veracruz, en 2007, pero cuyo caso fue archivado luego de que el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, dijera que la mujer murió a causa de una gastritis crónica. 

De acuerdo con las organizaciones civiles que llevaron el caso de la indígena ante la CIDH  — entre ellas el Centro Heriberto Jara de Xalapa y las Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos–, el Estado mexicano tendría un plazo de 10 días para entregar este informe, con el cual el organismo internacional podría elaborar un reporte “de fondo” y determinar si hubo o no violaciones a los Derechos Humanos en este caso. 

Cabe recordar que el informe del Estado mexicano sobre las posibles violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la investigación por tortura sexual de militares contra Ernestina Ascencio debió presentarse a la CIDH antes de la primera audiencia, celebrada de manera virtual el pasado 4 de diciembre. 

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No obstante, los representantes del Estado mexicano (el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés; el Fiscal General de Veracruz, Hernán Cortés; y el Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Daniel Pereida) llegaron a la audiencia sin él y, por lo tanto, presentaron las mismas conclusiones a las que llegó el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa: que la indígena murió de una gastritis crónica y que el Estado mexicano no violó los Derechos Humanos de las víctimas durante las indigatorias.

Por su parte, las organizaciones civiles sí presentaron nueva información ante la CIDH. Informaron sobre nuevos testimonios de familiares que demuestran que las autoridades del gobierno estatal les impidieron ratificar la denuncia y las silenciaron. 

Luego de esa audiencia ante la CIDH, el gobierno mexicano tuvo que rectificar su versión y, en conferencia de prensa del 10 de diciembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que la FGJ de Veracruz, bajo la coordinación de la Segob, abrirá de nuevo las indagatorias. 

Luego de este anuncio, las organizaciones rechazaron la idea de que la Fiscalía de Veracruz investigue de nuevo los hechos, toda vez que es una de las principales dependencias acusada de haber violado los derechos de la Ascensión y su familia, además de que su informe ante la CIDH demostró que su postura no ha cambiado. 

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Las organizaciones esperan que el caso de Ernestina Ascencio se reabra para su nueva investigación con personas expertas independientes, o sea juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). También exigen que a ellas, como a las familias, se les permita acceder al expediente completo. 

21/AJSE/

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