Puebla, Pue. Tras coincidir en que el aborto es un tema de salud pública, especialistas e integrantes de organizaciones civiles de Puebla, señalaron la obligación de las autoridades de salud de garantizar servicios accesibles a las mujeres que desean interrumpir un embarazo, pues ello evitaría también la mortalidad por esta causa.
Durante las jornadas del Parlamento abierto que se realiza en Puebla desde el pasado 5 de abril, referente a “Aborto, una aproximación desde el ámbito de la salud”, se dio a conocer que 54 por ciento de las muertes maternas podrían evitarse si se realizaran las interrupciones legales del embarazo de manera segura, además que se requiere menos inversión del sistema de salud público para garantizar abortos con medicamentos, que tratar las consecuencias de los abortos inseguros.
En su participación la directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), Natalí Hernández Arias, destacó que el aborto es una práctica milenaria que ha estado presente en casi todas las culturas a lo largo del planeta, desde las prehispánicas hasta las celtas, y pese a ello se criminaliza y se castiga con prisión.
La terapeuta feminista Xiomara Sarabia pidió que la discusión de la despenalización no debe centrarse en la moral o en la religión, sino en garantizar los servicios médicos a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, porque los abortos seguirán ocurriendo y es una decisión particular de quien lo hace. “No más abortos culposos, marginados e inseguros, nadie tiene nunca el derecho de obligarnos a parir o a gestar”, agregó.
Una normativa que no se aplica
La integrante del colectivo Adalet, Isela de la Luz González, refirió que en la Plataforma de Acción de Beijing se establecieron obligaciones para los Estados firmantes, como “proporcionar servicios de atención primaria de salud más accesibles, económicos y de calidad que incluyan la atención de la salud sexual y reproductiva, que comprende servicios de planificación de la familia y la información al respecto”. De tal forma, dijo que se deben garantizar condiciones como disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, pero además con perspectiva de género.
Pese a esta normativa el acceso a interrupciones seguras no es una realidad para las poblanas y de ello dio testimonio la terapeuta feminista Ofelia Pastrana, quien narró que durante su trabajo profesional ha atendido niñas, adolescentes y mujeres indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla que presentaron embarazos después de vivir violencia sexual y a pesar de que por ley (por la causal de violación vigente en todos los estados del país) tenían derecho a una interrupción legal, persisten muchas trabas institucionales que les impiden alcanzar este derecho.
El director médico de la organización Marie Stopes, manifestó que es un deber constitucional proteger el derecho a la salud de las mujeres y que la interrupción del embarazo es un servicio médico no un delito, por lo tanto este servicio debería ser prestado por todas las instituciones de salud pertenecientes al sistema público sin excusas y retrasos y destacó que 54 por ciento de las muertes maternas podrían evitarse si se garantizara este derecho en condiciones seguras.
Sofía Alessio-Robles, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), manifestó que pandemia por Covid-19 ha generado barreras a servicios de salud, sexuales y reproductivos para niñas, adolescentes y mujeres, por ello “ahora más que nunca es importante despenalizar el aborto en México”.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), se estiman 122 mil embarazos no planeados durante la contingencia por el coronavirus, esto debido a que mujeres y niñas viven con sus agresores sexuales. La situación aumentaría el riesgo de abortos inseguros o maternidades forzadas.
Sofía Garduño, de Balance AC, manifestó que los abortos inseguros reflejan las barreras económicas, sociales y jurídicas de las mujeres para acceder a servicios de salud en general, eso significa que las complicaciones que pueden vivir son evitables y es allí donde sugiere centrar los esfuerzos, en disminuir las brechas de desigualdad.
En cuanto a la salud emocional, abundó que el síndrome postaborto no existe, pero sí el estigma, la falta de apoyo social, la falta de información y que eso sí afecta en la psique de las mujeres. “Todas las mujeres tienen diferentes experiencias al abortar”, dijo Garduño.
Las y los especialistas coincidieron en que debe garantizarse este derecho en los servicios de salud, armonizar la legislación y terminar con la criminalización de quien decida ejercerlo.
El Parlamento abierto inició el 5 de abril y fue convocado por el congreso poblano para discutir los siguientes ejes: la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, la criminalización de las mujeres, aborto, interrupción legal del embarazo, y los derechos sexuales y reproductivos en la niñez.
La intención del Parlamento es escuchar las voces de diversos actores a favor y en contra de la despenalización del aborto en la entidad, por lo que participan estudiantes, organizaciones civiles, especialistas y defensoras de los derechos de las mujeres.
De acuerdo con información de las colectivas poblanas, son 4 las iniciativas que se han presentado en años pasados sobre el derecho a decidir de las mujeres, 2 en materia de salud y 2 para reformar el Código penal que actualmente sanciona con una pena de 6 meses a 1 año de prisión a la mujer que se realice de manera voluntaria un aborto, mientras que al médico o partera que practique este procedimiento enfrentará hasta 3 años de cárcel y 5 años de inhabilitación profesional.
Sin embargo es legal por 4 causales: cuando sea causado sólo por la imprudencia de la mujer embarazada; cuando el embarazo sea producto de una violación; cuando esté en riesgo la vida de la mujer; cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, de acuerdo con el Código Penal en su artículo 343 del estado.
21/SPG/LGL
