Ciudad de México. Organizaciones civiles colombianas exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita de trabajo en este país, que incorpore en sus conclusiones que la policía ha utilizado la violencia sexual, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra las mujeres como una forma de represión y control del Paro Nacional, lo que les niega ejercer su libertad de expresión y asociación, y gozar de espacios seguros.
Estas demandas fueron descritas por las organizaciones civiles en el informe “Violencia sexuales y otras violencias contra mujeres en el contexto del Paro Nacional de Colombia 2021”, el cual entregaron a la CIDH durante su visita a este país del 8 al 10 de junio con el fin que registre los casos de violencia contra las mujeres y recomiende a su gobierno la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con enfoque de género y así las víctimas puedan acceder a la justicia.
De acuerdo con el documento, desde el 28 de abril (fecha de inicio del Paro Nacional) al 2 de junio de 2021, la policía ha cometido contra las mujeres, 307 detenciones arbitrarias e ilegales, 48 casos de violencia sexual, 32 de violencia de género, y 491 de uso excesivo de la fuerza. Agresiones que tienen diversos impactos psicosociales en la vida de las víctimas, desde episodios de ansiedad, sensación de indefensión, entre otros.
En suma, explicaron, la policía y los funcionarios públicos de este país se han dedicado en encubrir todas estas agresiones, en particular la de violencia sexual al enfocarse en criminalizar a las personas e informar sobre los daños a bienes y comercios en medios de comunicación, en lugar de publicar el reporte sobre el Grupo de Género que según creó la policía colombiana.
Los 48 casos de violencia sexual, dijeron, se refieren a violaciones, tocamientos indebidos, amenazas de violación, hostigamiento y acoso sexual, donde además las víctimas son golpeadas, privadas de su libertad e insultadas de forma sexista. Son tantas las agresiones contra las mujeres que a pesar de contar con un total aproximado de casos, gracias a la labor de las organizaciones civiles, prevén que los números sean mayores porque no todas denuncian o no viven para hacerlo.
Resaltaron que existen 9 casos representativos que evidencian la violencia extrema contra las colombianas por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la policía, que fueron documentados por Human Rights Watch y por la Campaña Defender la Libertad en el mes y medio del Paro Nacional.
Algunos de ellos, agregaron, son los dos casos ocurridos el 28 de abril de una joven afrodescendiente detenida arbitrariamente y violentada sexualmente dentro de un vehículo del ESMAD en el municipio de Soacha, Cundinamarca y de otra joven acosada por miembros de la policía cuando salía de una manifestación en Bogotá; el caso de abuso sexual y agresión contra una mujer dentro de las instalaciones de la unidad de Reacción Inmediata (URI) en la localidad de Kennedy en Bogotá el 2 de mayo.
Otro caso, dijeron, es el de la joven de 17 años detenida arbitrariamente y agredida sexualmente en Popayán Cauca el 12 de mayo de 2021, quien como consecuencia, se suicidó. Estos hechos evidencian que la policía y el ESMAD aíslan a las víctimas en lugares escondidos o las llevan a los recintos resguardados por ellos para cometer estos hechos.
En las detenciones arbitrarias, agregaron, además de ejercer violencia sexual, la policía roba las pertenencias de las mujeres como sus celulares o documentos de identidad y las amenazan de procesarlas bajo delitos graves.
Evidenciaron que la policía de este país no cuenta con protocolos con enfoque de género para saber cómo actuar en las protestas, ni en la detención de mujeres, ni mucho menos en cómo atender las denuncias hacia integrantes de su propio cuerpo de seguridad, del ESMAD o de paramilitares, por lo que las denuncias no son investigadas y todos los casos siguen en la total impunidad hasta el momento.
Detallan que las colombianas han tenido un papel importante en el Paro Nacional, ya que muchas de ellas se mantienen en la primera línea de lucha, ejemplo de ello son el grupo conocido como “Mamás en primera línea”, quienes salieron con escudos a proteger a las y los jóvenes en las protestas y realizan vigilias feministas, reuniones , crean espacios seguros y acompañan a otras mujeres en sus casos.
Ante este contexto, exigieron que la CIDH siga recibiendo los testimonios de las víctimas posterior a su visita y recomiende la creación del (GIEI) con enfoque de género para así garantizar el acceso de las mujeres a la verdad, la reparación del daño y la no repetición del hecho y comparta su informe con la Relatora sobre los Derechos Humanos de las Mujeres.
Demandaron que la CIDH exija al gobierno colombiano, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de este país, cifras del número total de hechos de violencia sexual y agresiones contra las mujeres en el Paro Nacional y sobre los avances en las denuncias ya presentadas en estas instituciones.
Asimismo, solicitaron que recomiende al gobierno colombiano la realización de una reforma profunda a la policía para que sus acciones se orienten a un enfoque de seguridad ciudadana y no de represión y sean capacitados en género y Derechos Humanos, así como definir protocolos de actuación e impulse la eliminación de la presencia del ESMAD en el país.
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