Ciudad de México. A unos días de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Tlaxcala, Sonora y Chihuahua, defensoras de Derechos Humanos de estas entidades demandaron a las personas que resultaron electas en las pasadas elecciones y a las autoridades que cumplan con todas las recomendaciones a fin de que las mujeres y niñas puedan vivir una vida libre de violencia.
Al participar en el programa de radio “Análisis Feminista”, conducido por la directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)y periodista, Lucía Lagunes Huerta, las defensoras comentaron que este avance es resultado del trabajo de las feministas y organizaciones civiles, quienes nunca descansaron por visibilizar las cifras y casos de violencia contra las mujeres y exigieron la AVG en sus estados en diversas ocasiones.
Las AVG, dijeron, son un mecanismo de emergencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Éstas consisten en un conjunto de acciones gubernamentales que derivan de una investigación que hace un grupo de trabajo integrado por personas expertas en el contexto del estado. El desarrollo y cumplimiento de las recomendaciones es vigilado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Conavim).
Tras años de trabajo, agregaron, las AVG ya están activadas en sus estados, pero ahora es necesario que las personas electas junto con las autoridades pertinentes desarrollen cada una de las recomendaciones, apoyen la labor de las defensoras y la Conavim cumpla con sus obligaciones para así disminuir los asesinatos, secuestros o cualquier agresión contra las mujeres y niñas.
En estas tres entidades, señalaron, la violencia contra las mujeres es un continuo cada día, por ejemplo, Chihuahua es conocida mundialmente por los diversos asesinatos violentos contra mujeres cometidos en la década de los 90 y que se extienden hasta la actualidad; Sonora es el tercer estado con más casos de feminicidio y en Tlaxcala la violencia emocional, física y sexual ha incrementado así como las redes de trata de personas con fines sexuales.
Cabe recordar que el pasado 17 de agosto la AVG fue declarada para 5 municipios de Chihuahua por el alza en el número de mujeres asesinadas, el 18 de agosto fue declarada para 60 municipios de Tlaxcala por el incremento de casos de feminicidio y de violencia sexual, y más tarde la AVG fue declarada para 6 municipios de Sonora por violencia feminicida.
En opinión de la coordinadora de la red Mesa de Mujeres en Chihuahua, Imelda Marrufo Nava, la activación de la AVG es un hito en la historia porque muchas veces las autoridades negaron la AVG a pesar de ser una de las entidades que más ha recibido recomendaciones por parte de organismos internacionales derivadas de casos como “Campo Algodonero” para erradicar la violencia feminicida y garantizar la perspectiva de género en las investigaciones
Es necesario mencionar que el caso “Campo Algodonero”, ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace alusión a 8 mujeres que fueron asesinadas y fueron encontradas con signos de tortura sexual y en avanzado estado descomposición, pero sólo 3 de estos casos llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), los demás no pudieron presentarse debido a que las víctimas no pudieron ser identificadas por el mal actuar de las autoridades.
Marrufo Nava recordó que si la AVG tardó tanto en ser declarada se debe a que las feministas y organizaciones civiles mantuvieron distintas reuniones con autoridades de los tres poderes con el fin de que las recomendaciones estuvieran enfocadas en el contexto y necesidades de las chihuahuenses y no fueran una “copia de contenido como ha sucedido con otras AVG de otros estados”.
Detalló que algunas de las 21 acciones descritas en la AVG son que el gobierno de la entidad destine presupuesto suficiente para combatir la violencia de género y que las autoridades de todos los niveles desarrollen estrategias de prevención enfocadas en agresión y violencia sexual. “Si no se destina dinero para las recomendaciones, las recomendaciones quedarán en el olvido”, dijo Marrufo Nava.
Por su parte, la integrante de la Red Nacional de Alertistas en Sonora, Leticia Burgos Ochoa, detalló que con la AVG espera que las autoridades de este entidad comiencen a cumplir con sus obligaciones y esto resulte en la creación de un programa para atender a las y los niños en orfandad por feminicidio, otros de apoyo a víctimas y otros para la búsqueda efectiva de personas.
Las 29 acciones, añadió, que describe la AVG van encaminadas a proteger, prevenir y permitir el acceso de las mujeres de esta entidad a la justicia, sin embargo, cabe la posibilidad de que las autoridades no destinen presupuesto suficiente y transparente para desempeñar estas acciones, en suma, no hay un mecanismo de monitoreo que demuestre si éstas tienen un impacto o no en la vida de las ciudadanas.
“Tenemos el ejemplo de Guerrero, donde se destinan millones de pesos para generar protocolos, pero ni existen esos protocolos, y la propia Conavim desconoce qué sucedió con ese dinero. Hasta este momento, es el gobierno federal el que destina los recursos y las entidades que tienen AVG concursan para cumplir con la Alerta. Este 2021 se planteó la propuesta de que también se consideraran las entidades con AVG en proceso”, explicó Burgos Ochoa.
Para la integrante del grupo de trabajo que definió las acciones para Tlaxcala, Rosario Texis Zúñiga, la activación de la AVG en esta entidad es una oportunidad para que las personas electas revisen, renueven o generen políticas públicas nuevas que sean efectivas para las necesidades de las mujeres y niñas, además, trabajen a favor de que se generen estadísticas sobre embarazo infantil, trata de personas, violencia de género. «Es momento de que las autoridades tengan voluntad política y deben asumir este compromiso», agregó.
Con la AVG, comentó, espera que se fortalezca la evaluación y capacitación de las y los funcionarios y en dado caso que quienes no apliquen la perspectiva de género en los casos de mujeres sean sancionados y que «realmente se cumpla con un programa con la trata de personas y se armonice la legislación de la entidad con instrumentos internacionales y de elaboren campañas de difusión en redes sociales», dijo.
Las panelistas llamaron a las feministas y organizaciones civiles de todo el país a vigilar que las recomendaciones de estas AVG sean cumplidas, al actuar de las autoridades y a seguir construyendo redes de apoyo para que las mujeres y niñas dispongan de lugares de seguros y sus Derechos Humanos sean respetados.
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De enero a junio de 2021, se cometieron 22 casos de feminicidio en Chihuahua, 22 en Sonora y 5 en Tlaxcala. En ese mismo periodo, ocurrieron 13 casos de trata de personas contra mujeres en Chihuahua, 1 en Tlaxcala y cero en Sonora. Asimismo, se registraron 477 casos de violaciones contra mexicanas en Chihuahua 18 en Sonora y 13 en Tlaxcala, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional.
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