Ciudad de México.- Negativa de reclasificación delitos a intento de feminicidio, dilación en audiencias, maltrato institucional y sentencias sin perspectiva de género, son algunas de las omisiones en las que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha incurrido en al menos una decena de casos de víctimas de violencia contra las mujeres que se manifestaron afuera de una de sus cedes, en la Ciudad de México.
Bajo la exigencia de que el presidente del PJCDMX, Rafael Guerra, escuchara cada uno de sus casos, víctimas de tentativa de feminicidio, violación, feminicidio y violencia familiar, así como integrantes de distintas colectivas feministas, se manifestaron y clausuraron la entrada desde las 12 del día de la sede principal de este organismo, ubicada en la colonia Doctores.
Entre las manifestantes había mujeres como Fabiola Posadas Torres, quien relató en entrevista que su agresor y expareja fue liberado por el Poder Judicial el 25 de noviembre de 2020, declarado como Día Naranja, para concientizar sobre la violencia contra las mujeres. El magistrado Salvador Ávalos Sandoval concedió a su agresor una suspensión condicional del proceso luego de haber sido sentenciado por violencia familiar y lesiones; no obstante, el agresor de Fabiola en realidad debió ser juzgado por intento de feminicidio, ya que casi provoca su muerte mediante asfixia. A pesar de las amenazas que ha vivido Fabiola por parte de su agresor, el Poder Judicial lo dejó libre y sólo le dictó una reparación económica mínima para la víctima.
Otra de las manifestantes fue Elisa Xolalpa, que fue atacada con ácido hace 20 años y recién este 2021 se judicializó su caso. Aunque su agresor la ha amenazado reiteradamente con matarla, el Poder Judicial insiste en juzgar el caso como violencia familiar porque la Fiscalía General de Justicia de la CDMX «perdió» el registro de la denuncia que hizo Elisa cuando se le atacó con ácido.
Karla Daniela García Tello, por su parte, otra de las manifestantes, actualmente tiene cinco carpetas judicializadas por violencia familiar, de las cuales una de ellas (que corresponde a un intento de atropellamiento) debe ser reclasificada a intento de feminicidio; de no hacerlo así, su agresor (que actualmente está en prisión preventiva) podría ser liberado.
“El día de hoy estoy aquí para exigirle a los jueces y magistrados que atiendan los casos con perspectiva de género y den sentencias ejemplares. Le pido al magistrado Rafael Guerra que nos atienda y escuche a las víctimas, que no nada más es salir los 25 de cada mes en las conferencias y decir que todo está acabando cuando las cifras reales estamos aquí”, declaró Karla.
Un caso similar es el de Wendy, también presente en la protesta, cuya expareja la agredió físicamente en 2018, lo que la obligó a huir de su casa. A pesar de que ella denunció estos hechos, los juzgados de lo familiar en la CDMX le impusieron que su hija menor de edad conviva con él.
Otra de las presentes era Grea Litai Moreno, quien denunció por violencia familiar desde 2011 a su exesposo, el investigador de la UNAM, Priyadarsi Debajyoti Roy. Aunque además de esa denuncia existe otra más de 2015 por violencia sexual cometida contra el hijo de ambos, el Poder Judicial le concedió la guarda y custodia del menor de edad a Debajyoti Roy.
Laura (cuyo nombre real fue cambiado por razones de seguridad) también participó en la protesta para exigir que su caso, aún en la Fiscalía de la CDMX, sea investigado como intento de feminicidio y no por violencia familiar, como está integrada la carpeta actualmente. Con esta reclasificación, Laura podría lograr que su agresor –quien ha incumplido 10 veces las medidas cautelares que se le emitieron y la ha perseguido para intentar matarla– sea detenido en prisión preventiva.
Entre las manifestantes también estuvo presente Aracely Osorio, la madre de Lesvy Berlin Osorio, quien fue asesinada en las instalaciones de la UNAM hace casi cinco años pero aún hoy no consigue que el Poder Judicial dicte una sentencia ejemplar.
“Lo que no ha hecho de manera adecuada la Fiscalía, el Poder Judicial tiene la oportunidad de corregirlo y tiene la obligación de declarar sentencias justas que siembren un precedente de no repetición para los delitos denominados de género, nosotras decimos para estos delitos de violencia feminicida”, declaró.
Luego de más de una hora de protesta, la directora de Derechos Humanos, Margarita López Peñaloza, salió a hablar con las manifestantes para pedirles que retiraran la protesta. La funcionaria se comprometió a que el presidente del Poder Judicial se reuniría con las mujeres a las siete de la noche, luego de que concluyera su agenda de trabajo.
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