Ciudad de México.- Los juzgadores y magistrados de la Ciudad de México se dejan llevar por estereotipos de género, desechan evidencias y peritajes, optan por realizar procesos abreviados, no otorgan medidas de protección a las víctimas y minimizan la desigualdad y el contexto de violencia de género, lo que cierra los caminos para que las mujeres lleguen a la justicia.
En este segundo reportaje sobre el papel del Poder Judicial de la Ciudad de México para garantizar justicia para las mujeres, Cimacnoticias entrevistó abogadas y acompañantes de familias de víctimas de violencia de género, quienes coincidieron en que para garantizarles esta justicia, las y los juzgadores deben ser examinados, cambiar su forma de pensar e incorporar a más mujeres en los altos cargos, por ejemplo, como juezas y magistradas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
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Persisten estigmas y estereotipos
A pesar que desde 1990 el Estado mexicano ha realizado esfuerzos para capacitar a las y los juzgadores en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género y aún cuando hay directrices internacionales que obligan a los poderes judiciales a actuar en favor de los derechos de las mujeres, esto sigue siendo un pendiente, de ahí que expertas llaman a poner atención en los perfiles de quienes llegan a ocupar a estos cargos y a examinar con lupa cómo ejercen sus facultades.
La experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Leticia Bonifaz Alfonzo, explicó en entrevista con Cimacnoticias que las autoridades que representan al Estado mexicano ante este mecanismo internacional han informado de las capacitaciones que se realizan en México como una estrategia para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
Sin embargo, detalló, si se revisan los resultados, en la realidad estos cursos y talleres no han sido suficientes porque hoy en día jueces y juezas resuelven los expedientes desde sus estereotipos y juicios sexistas, por ende, minimizan las desigualdades y contextos que colocaron a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y violencia.
Desde 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia en contra del Estado mexicano que obliga a las autoridades a aplicar la perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres. La sentencia fue por la responsabilidad del Estado mexicano en la falta de justicia para tres mujeres que fueron desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.
Años después de esta resolución, en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló el “Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género”, una herramienta que las autoridades judiciales deben considerar a la hora de revisar los casos que les llegan y emitir sentencias.
Interés por “justicia expedita”
A pesar de contar con estos mecanismos, las y los jueces se interesan más en realizar procedimientos abreviados y presionar a las familias que en garantizar su acceso a la justicia, explicó en entrevista la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, quien tiene experiencia en el acompañamiento de familias de víctimas.
A decir de la defensora, quienes forman parte del Poder Judicial, a nivel local y federal, no se preocupan por garantizar la reparación del daño o dictar una sentencia justa, por lo que en el proceso no valoran los hechos ni las pruebas, y como resultado emiten sentencias con penas muy bajas o hasta dejan a los agresores en libertad.
Este actuar de las autoridades, agregó Estrada, da como resultado que ni en los procesos judiciales ni en las sentencias se proteja a las víctimas, por el contrario, se les discrimina. En lugar de asegurar los derechos de las mujeres, toleran la violencia hacia ellas, sintetizó.
Todo ello, agregó la coordinadora del OCNF, alimenta la violencia contra las mexicanas y provoca que la injusticia en delitos contra las mujeres prevalezca. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad, México es considerado como uno de los 10 países con mayor impunidad.
Por ejemplo, hasta 2018, de 110 sentencias, de cuales 55 por ciento fueron penales, 35 por ciento familiares, 5 por ciento civiles, 3 por ciento familiar y civil, uno por ciento mercantil, y uno por ciento constitucional, emitidas por distintos poderes judiciales en el país y analizadas por la Red por la Ciudadanización de la Justicia, un colectivo integrado por 14 organizaciones civiles que defienden el acceso a la justicia, en 85 por ciento no se consideró cómo influyeron los estereotipos de género, en 69 por ciento las personas juzgadoras omitieron analizar las situaciones de riesgo para las mujeres, y no dictaron órdenes de protección; y en 86 por ciento no se dictaron medidas de seguimiento en las sentencias, según datos que publicaron en la investigación “No es Justicia”.
«Viacrucis» de la justicia
La también socióloga, María de Luz Estrada, afirmó que las víctimas de feminicidio y sus familiares se ven obligadas a vivir un viacrucis que no les garantiza acceder a la justicia. Este camino inicia al buscar asesoría en los Ministerios Públicos, donde, con suerte, en algunos meses pueden presentar una denuncia, hasta podrían aceptar sus pruebas.
Sin embargo, en la mayoría de los casos las familias o las víctimas de violencia de género enfrentan los trámites burocráticos, las negligencias y los pretextos “absurdos” que las culpabilizan de los delitos de los que son víctimas.
El viacrucis no termina allí. Estrada afirmó que después deben someterse a un “sistema judicial que no funciona”. Uno de los ejemplos más claros es el proceso judicial que ha seguido la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio, joven asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. El cuerpo de Lesvy, de 22 años de edad, fue hallado en una caseta telefónica ubicada al lado del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El cable del teléfono estaba enredado en su cuello.
Cuando la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) llegó a la escena comenzó a divulgar datos sobre la joven y la estigmatizó al decir que consumía drogas, alcohol y no estudiaba. Más tarde, “esta institución afirmó que Lesvy Berlín había cometido suicido y proporcionó al juez un peritaje discriminatorio en que sólo cuestionaba la vida de la joven y de su familia”.
En julio de 2017, la investigación del delito llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), donde el Juzgado de Control del Sistema Procesal Acusatorio, a cargo de Cristian Ricardo Franco Reyes, vinculó a proceso a Jorge Luis González Hernández por el delito de homicidio simple doloso y no por feminicidio, como pedía la familia de Lesvy. El juzgador omitió las contradicciones en las declaraciones del acusado y las marcas de violencia encontradas en el cuerpo de la joven.
“El juez no consideró que Lesvy tenía material genético debajo de las uñas como (una señal de) un tema de forcejeo. Dijo que eso era porque ella vivía con su agresor. Esto llevó a que metiéramos un recurso que permitió la reclasificación del delito a feminicidio y hoy estamos a la espera de la sentencia. Tenemos que seguir luchando para que los jueces juzguen con perspectiva de género”, expresó la también abogada que acompañó el caso de Lesvy Berlín.
En octubre de 2017, la Quinta Sala Penal del TSJCDMX reclasificó el delito a feminicidio y en noviembre de 2019 sentenció a 45 años de prisión a Jorge Luis González Hernández por el delito de feminicidio agravado. Las asesoras jurídicas de la joven apelaron a la sentencia en búsqueda de la pena máxima de 60 años de cárcel y medidas ejemplares de reparación del daño para la familia de Lesvy, sin embargo aún no hay una nueva resolución, es decir, sentencia firme.
A casi cuatro años del crimen, Araceli Osorio, madre de Lesvy, advirtió del papel trascendente de los juzgadores en el caso de su hija. “Lo que no ha hecho de manera adecuada la Fiscalía, el Poder Judicial tiene la oportunidad de corregirlo y tiene la obligación de declarar sentencias justas que siembren un precedente de no repetición para los delitos denominados de género, nosotras decimos para estos delitos de violencia feminicida”, declaró.
Jueces ignoran pruebas
En otro delito, el de violación sexual, donde la mayoría de las víctimas son mujeres, el actuar revictimizante de las autoridades y juzgadores ha contribuido a que sólo 5 por ciento de las víctimas denuncien, de acuerdo con información del “Pacto por una Justicia abierta con Perspectiva de Género”, el primer registro para dar seguimiento a la construcción de una justicia abierta con perspectiva de género realizado por organizaciones como “Equis Justicia para las Mujeres” e instituciones académicas.
Datos como este llevaron al asesor legal de la organización “Equis Justicia para las Mujeres”, Fernando Villanueva, a asegurar que el Poder Judicial considera la violencia contra las mujeres como un problema aislado y no como una problemática social e histórica basada en la discriminación por motivos de género, que las posiciona en una desigualdad frente a los hombres.
“Si esta es la justicia que se le ofrece a las mexicanas, cómo se les pide acudir a las instituciones de justicia por ayuda, si no la van a encontrar”, dijo en entrevista con esta agencia.
En la Ciudad de México y en el país existe una exigencia hacia las víctimas para que sean ellas quienes activen el sistema de justicia para acabar con las situaciones de violencia que viven, mientras siguen siendo agredidas cuando no debería ser así. “Estamos muy lejos de disminuir la brecha de impunidad y los asesinatos de mujeres”, dijo Fernando Villanueva.
Por su parte, la asesora jurídica del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, agregó que las víctimas de delitos como feminicidio, violencia familiar y violencia sexual, enfrentan más obstáculos para acceder a la justicia en comparación con otros delitos debido a que en el Poder Judicial prevalecen estructuras “machistas” que se niegan a reconocer los avances en los derechos de las mujeres y a dar una atención diferente.
La defensora María de la Luz Estrada agregó que en el caso de Lesvy, las y los jueces que conocieron el expediente determinaron que no podía ser feminicidio o intento de feminicidio “porque no veían una intención de violencia extrema”.
“No quieren hacer esfuerzos adicionales y no les gusta revisar los peritajes sociales que explican los contextos de violencia en los que vivían las víctimas. Las defensoras entonces tienen que trabajar el doble para darles todos estos elementos y aún así se arriesgan a que los desestimen”, agregó.
Otro caso que muestra esta realidad, expuso Ana Yeli Pérez Garrido, es el caso de 12 mujeres, entre ellas 2 menores de edad que fueron agredidas sexualmente por un hombre en 2018. Todas ellas vivieron un proceso de revictimización antes de que su caso llegara al Poder Judicial, en particular las menores de edad.
Durante las audiencias en el Tribunal de Enjuiciamiento en el Reclusorio Oriente, las menores de edad decidieron no acudir para no vivir más violencia, por lo que los jueces sentenciaron al agresor con una pena mínima, 10 años por cada caso, a pesar de que tenía las pruebas que acreditaban sus agresiones en la carpeta de investigación.
“Los jueces no juzgaron con perspectiva de género, no tomaron en cuenta que las menores de edad sí habían proporcionado información y que había otras formas de acreditar el hecho, sin la necesidad de obligarlas a declarar. El Poder Judicial no ve que hay víctimas de violencia sexual que tienen un impacto emocional que les impide acudir a las audiencias, pero no por ello no existió el hecho”, agregó.
Explicó que gracias a que ella junto con las personas que representaban a las menores de edad interpusieron una apelación a la decisión del juez ante el TSJCDMX, éste se vio obligado a sumar a la sentencia del agresor los casos de las menores de edad. Actualmente falta la lectura de la sentencia y que se proporcione a las víctimas la reparación del daño.
El caso de Lesvy y las menores de edad, apuntaron las y los especialistas, demuestran que la capacitación nunca ha sido suficiente, es necesario que las personas juzgadoras cambien su forma de actuar frente a la violencia que viven las mujeres pues de no hacerlo, los agresores tendrán la posibilidad de salir libres y las víctimas quedarán en total vulnerabilidad.
Los casos donde hubo omisiones no quedan ahí. El pasado 30 de septiembre, al menos una decena de víctimas de violencia se manifestaron afuera de una de las sedes del Poder Judicial, en la CDMX, para exigir una reunión con el titular, Rafael Guerra, por la negativa de reclasificar los delitos de violencia familiar a intento de feminicidio, dilación en audiencias, maltrato institucional y sentencias sin perspectiva de género en cada uno de los casos documentados por Cimacnoticias. Si bien las víctimas fueron atendidas por Guerra después de clausurar la institución por cerca de ocho horas, manifestaron que siguen dudando si las y los operadores de justicia cambiarán estas prácticas revictimizantes.
Capacitación simulada
La organización «Equis Justicia para las Mujeres» realizó un proceso de capacitación para integrantes del Poder Judicial de la CDMX en 2018, en el cual hallaron que las y los jueces no están obligados ni tienen mucho interés en participar en las capacitaciones, prefieren enviar a personas de sus equipos; también documentaron que la perspectiva de género no era incluida de forma permanente en su formación y que las y los juzgadores no conocían la jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos de las mujeres.
En palabras de Fernando Villanueva, la forma en la que las y los jueces resuelven los casos de mujeres víctimas manda un mensaje a la población: “la normativa nacional e internacional que busca prevenir y eliminar la violencia contra ellas no es suficiente, la impunidad tiene más fuerza que la justicia, y que sus vidas siempre estarán en riesgo porque sus agresores nunca serán castigados”.
Frente a este panorama, coincidieron las y los especialistas, es necesario que las personas que no aplican la perspectiva de género en el Poder Judicial sean sancionadas e investigadas, se desarrolle un mecanismo que supervise e informe acerca del trabajo de las y los jueces, y que todas las sentencias sean publicadas a fin de verificar si las mujeres están o no accediendo a la justicia.
Cabe recordar que en julio de 2020, el Congreso federal aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 de la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información”, lo que determinó que todos los poderes judiciales del país deben hacer públicas las versiones de sus sentencias emitidas, por lo que a partir de 2021, los poderes judiciales en “teoría” tienen que hacer efectiva esta reforma.
Equis Justicia reportó en 2019 que todos los poderes judiciales del país “estaban reprobados” en justicia abierta pues no cumplían con sus obligaciones en materia de transparencia. Tan sólo uno de los 32 poderes judiciales, evidenció, había publicado todas sus resoluciones, 100 por ciento de ellos no contaban con una política de transparencia y 62.5 por ciento no asignó presupuesto a sus Unidades de Transparencia, las cuales se encargan de asegurar el acceso a la información.
Con este panorama de frente, las acompañantes de víctimas aseguran que es necesario que haya jueces y juezas con una visión de Derechos Humanos y la oportunidad de ir cambiando el actuar de los juzgados y tribunales se puede abrir ahora que será el relevo de la presidencia del TSJCDMX.
Por acuerdo del Consejo de la Judicatura de la capital, en este mes de octubre el Tribunal Superior capitalino iniciará el proceso para elegir nueva presidenta o presidente. La convocatoria con los requerimientos para las y los aspirantes se publicó este día, y en noviembre, 79 magistradas y magistrados votarán para elegir a quien encabece la nueva administración. La persona elegida deberá obtener 41 votos y por ley estará en el cargo por 4 años.
Tras la entrada en vigor de la reforma en materia de paridad de 2019, magistradas de todo el país llamaron a concretar reformas a leyes secundarias para garantizar que las mujeres llegaran a cargos de decisión en el Poder Judicial.
Desde entonces, magistradas y feministas aseguran que si hay más mujeres con poder en estos organismos, crecerían las posibilidades de que impulsen la justicia con perspectiva de género para las ciudadanas.
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