Inicio Internacional Culpable, Estado colombiano, por secuestro, tortura y violencia sexual contra periodista Jineth Bedoya: CoIDH

Culpable, Estado colombiano, por secuestro, tortura y violencia sexual contra periodista Jineth Bedoya: CoIDH

Por Aline Espinosa Gutierrez
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Ciudad de México. Después de dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró al Estado colombiano responsable por el secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista, Jineth Bedoya Lima, por lo que tendrá que cumplir con una serie de medidas  simbólicas y garantías de no repetición, como manejo de datos de agresiones contra periodistas, programas de protección, entre otras, a fin de reparar los daños causado a Bedoya y a la sociedad de este país. 

Es necesario recordar que Jineth Bedoya Lima realizaba una investigación sobre la violación a los Derechos Humanos en la prisión “La Modelo” en Bogota, Colombia. Actos en los que estaban involucrados paramilitares y agentes estatales. Por esta razón, Jineth fue secuestrada, sometida a actos de tortura y violencia sexual el 25 de mayo del 2000 por paramilitares. Desde entonces ella buscó justicia y desarrolló la campaña #NoEsHoraDeCallar con la que buscó impulsar casos relacionados con el de ella. 

El caso se mantuvo sin avances durante años.“Cuatro presidentes no pudieron avanzar en su caso, más de cinco fiscales tampoco, luego de 21 años la investigación no había resultados contundentes, ni se sabía quién había sido el autor intelectual. El Estado negaba completamente el caso y muchos otros de violencia contra la prensa, donde no quiere asumir su responsabilidad”, declaró en conferencia de prensa el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock. 

El expediente de la CoIDH reveló que la periodista cubrió la masacre el 27 de abril de 2000 en la prisión “La Modelo”·, donde murieron 25 internos. Días después recibió amenazas de los reclusos y un interno le ofreció una entrevista. Ese día, Bedoya se dirigió a la entrada del recinto penitenciario mientras sus compañeros se quedaron a la espera de recibir instrucciones . Un sujeto desconocido la jaló, la llevó a la fuerza y después, junto con otros hombres la secuestraron, torturaron y violentaron sexualmente, más tarde fue liberada. 

La periodista fue nuevamente secuestrada durante cinco días, junto con su equipo, por integrantes de la Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) en la población de Puerto Alvira. En enero de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su informe de fondo, donde declaró la responsabilidad del Estado colombiano y dictó recomendaciones para la reparación de las víctimas, pero ante el incumplimiento de las medidas el caso se envió a la CoIDH. 

Ahora, luego de dos años, la CoIDH declaró que el Estado colombiano es responsable por las amenazas, tortura y violencia sexual de la que fue víctima Bedoya Lima debido a su labor periodística y reconoció que no brindó medidas de protección y permitió que la impunidad prevaleciera en el caso. Cabe recordar que en el 2000, las autoridades colombianas sabían que Bedoya Lima estaba en peligro, pero le negaron la protección bajo el argumento de que “no había ningún riesgo”. 

En conferencia de prensa, la abogada especialista en derechos de las mujeres y acompañante del caso, Alejandra Callo, explicó que entre las medidas de reparación el Estado colombiano debe crear un Centro Investigativo #NoEsHoraDeCallar, brindar asistencia a periodistas víctimas de violencia, generar datos sobre esta problemática, y muchas que marcan un hito en la historia de este país y pone en la agenda pública la importancia de proteger esta profesión, en particular a las mujeres. 

Además de estas recomendaciones, de acuerdo con un comunicado de la CoIDH, se recomendó al Estado Colombiano crear un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia; crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado; crear un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas; y pagar las cantidades fijadas en la sentencia por conceptos de rehabilitación de daño material, inmaterial y costas. 

La CoIDH, dijo, determinó algunos plazos para el cumplimiento de cada medida, para el Centro Investigativo #NoEsHoraDeCallar dio 18 meses, y para las demás algunos meses más. Cada una de ellas busca que las autoridades de este país trabajen hacia la no repetición de estos hechos; que la guerra y la violencia sexual deje de ser normalizada, y que cualquier mujer periodista pueda acceder a la justicia, sin embargo aún no es garantía que esto suceda en la realidad. 

La sentencia de la CoIDH, agregó Callo, visibilizó que las mujeres periodistas son víctimas de violencias basadas en su género, lo cual las pone en mayor riesgo que los hombres para desarrollar su labor;  confirmó que la violencia sexual siempre ha sido empleada en este país como un arma de censura y reconoció el impacto psicológico y emocional que tuvo los hechos en la madre de Beodya Lima y en la periodista, como estrés, insomnio y otras padecimientos. 

Callo señaló que la CoIDH enfatizó que la periodista tuvo que revivir y contar muchas veces el hecho, lo que trajo a su vida diversos daños. Cuestión que fue comprobada por las peritas, Daniela Kravetz y Patricia Aceleres, quienes analizaron cómo la revictimización de la que fue víctima Bedoya repercutió en su carrera como periodista. En Colombia, dijo, 6 de cada 10 periodistas han vivido una situación de acoso y 8 de cada 10 fueron censurados. 

“De hecho, la CoIDH enfatiza que la guerra en Colombia pone en riesgo, en particular a las mujeres todo el tiempo, y cuando se ejercen profesiones, donde la tarea es investigar a los actores del conflicto el riesgo es mayor. La CoIDH pone el dedo en la llaga: el uso de la violencia sexual para castigar y callar a mujeres en función pública o en el ejercicio del periodismo o en cualquier posición que les implique hablar sobre lo que está pasando. Esto es un precedente”, agregó la abogada. 

Para Callo silenciar las voces de las mujeres periodistas tienen como fin silenciar las historias que sólo ellas pueden ver y analizar desde cierta empatía. “Hay temas que sólo las mujeres periodistas se adentran. Es muy complejo ser mujer y periodista en un contexto de conflicto armado y la Corte esto lo pone en la mesa, eso es muy, muy importante. Recomendó que el Estado colombiano abriera un macrocaso sobre este tema”, añadió. 

Por su parte, el director de la FLIP, Jonathan Bock, acentuó que “es una sentencia que en ese sentido también avanza y que le manda al Estado colombiano un mensaje de que es imposible seguir negando la violencia contra la prensa, en particular contra las mujeres, y que el Estado debería ser capaz de generar una reflexión seria y profunda frente a esto”. 

Ambos especialistas concluyeron que aunque la sentencia de la CoIDH es un gran avance en la historia de Colombia, aún falta mucho por trabajar, sin embargo, estarán atentos a que las medidas sean cumplidas. 

Cabe recordar que desde abril de 2021, Colombia entró en un conflicto armado aún mayor, después de que cientos de personas, entre ellas periodistas, defensoras, entre otros, salieran a las calles a protestar en contra de la reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque, presidente de este país, la cual golpeaba fuertemente la economía al subir la renta, los costos de la canasta básica, la gasolina y otros servicios. A pesar de que fue retirada el 2 de mayo, las movilizaciones siguieron. 

Datos de las organizaciones civiles registraron hasta el 28 de mayo de 2021, la violencia policial ha dejado: mil 133 víctimas de violencia física, 43 homicidios, mil 445 detenciones arbitrarias, 648 intervenciones agresivas, 47 víctimas de heridas oculares, 175 asesinatos con armas de fuego, 22 víctimas de violencia sexual, de las cuales 3 fueron menores de edad; y 2 casos de feminicidio. Cifras que pueden ser mayores porque no todos los casos son denunciados. 

21/AEG

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