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Exige RNDDHM libertad para presas políticas nicaragüenses

Por La Redacción

Ciudad de México. Ante la detención arbitraria de defensoras y lideresas nicaragüenses por casi seis meses, las defensoras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México  (RNDDHM) demandaron al gobierno mexicano pronunciarse a favor de la liberación de las presas políticas y a que el 7 de noviembre se lleve a cabo en Nicaragua, un proceso electoral transparente, libre, y bajo la supervisión de la comunidad internacional. 

En un comunicado explicaron que las presas políticas, entre ellas Dora María Téllez, Karla Escobar, Julia Hernández, María Esperanza Sánchez, Violeta Granera, Mariana Oviedo, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, y Cristiana Chamorro, fueron detenidas arbitrariamente entre junio y agosto de 2021, luego de que alzaron la voz en contra del gobierno de Daniel Ortega y anunciaron sus deseos de postularse como candidatas a las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua. 

Cabe mencionar que Dora Téllez, Violeta Granera, Suyen Barahona y Tamara Dávila denunciaron en 2018 que sujetos las asediaban,, intimidaban y tomaban fotos de ellas con drones (vehículo aéreo no tripulado) en las calles, en sus casas y lugares de trabajo, por lo que temían que su vida o la de su familia estuviera en riesgo. Tan sólo en 2018, ellas registraron que más de 160 defensoras habían sufrido de algún tipo de violencia en Nicaragua. 

Las defensoras de la RNDDHM detallaron que además fueron detenidas de manera violenta a través de operativos policiales, algunos de estos actos se cometieron en presencia de sus hijos e hijas menores de edad. Estas acciones, dijeron, han sido un continuo en los 14 años que lleva en la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega, quien ha utilizado su poder para torturar, secuestrar, asesinar, y privar de su libertad a defensoras de Derechos Humanos, principalmente.

Dijeron que desde el inicio de la protesta en abril de 2018, la violencia incrementó en ese país, desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o violencia sexual hacia cualquier persona que haga ejercicio de su derecho a la protesta o declare estar en contra del régimen de Daniel Ortega y de sus esposa, Rosario Murillo. De estos actos, documentaron al menos 328 muertes, más de 2 mil personas heridas, mil 600 víctimas privación de la libertad y más de mil desplazamientos forzados. 

A fin de mantener este panorama, enfatizaron, Daniel Ortega y Rosario Murillo han desarrollado estrategias “fraudulentas” para que en las elecciones del próximo 7 de noviembre Ortega salga electo como presidente. “En Nicaragua se escenificará una farsa electoral para legitimar la prolongación ilícita de este régimen, esto va a ocurrir en un contexto de crisis política, social y de Derechos Humanos y una crisis sanitaria provocada por la Covid-19”, agregaron. 

Por tales razones, solicitaron al gobierno mexicano pronunciarse para que las presas política sean liberadas, el proceso electoral sea transparente y las violaciones a los Derechos Humanos sean detenidas en Nicaragua con el fin que la situación no sea aún más grave; y llamaron a la población a sumarse a las movilizaciones globales hacia esta problemática bajo el hashtag #QueLasLiberen . 

No obstante, es necesario recordar que en octubre de 2021, la delegación de México evitó apoyar la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la liberación de las y los presos políticos al argumentar que son “asuntos internos”. Esta posición no fue nueva, pues la administración de Andrés Manuel López Obrador siempre ha rechazado intervenir en los conflictos internacionales, prueba de ello es que en junio de 2021, de igual manera el gobierno de México no quiso firmar una declaración conjunta que condenaba la violación a los Derechos Humanos en Nicaragua, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, a la que asistieron representantes de 59 países.

Por su parte, diversas organizaciones feministas de distintos países de América Latina y el Caribe exigieron al gobierno de Nicaragua detener los procesos de judicialización hacia las presas policías, garantizar el debido proceso de acuerdo con la normativa internacional en materia de Derechos Humanos, permitirles tener acceso a abogadas o abogados de confianza, así como que sus familiares puedan visitarlas. 

Asimismo, demandaron garantías para que las nicaragüenses puedan participar de manera libre en la política aún cuando sus posturas sean opositoras al régimen de Ortega, y que casos como los de las presas políticas no sean repetidos. “Este 7 de noviembre, ellas no podrán votar ni ser electas. Están en reclusión por alzar su voz.

21/AEG/LGL

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