Ciudad de México. Los avances para que la violencia obstétrica sea eliminada en México son pocos debido a que no existen políticas públicas para comprender a qué se refiere este tipo de agresión y hay diversas fallas estructurales en los sistemas de salud en las que no se respeta la autonomía de las mujeres, no se reconoce su capacidad de decisión, y no hay mecanismo de rendición de cuentas que garantice a la víctimas acceder a la justicia.
Durante el conversatorio “Violencia Obstétrica y Muerte materna en México”, la coordinadora de incidencia pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Lorea, explicó que la violencia obstétrica es una práctica generalizada y arraigada en los sistemas de salud porque no hay una capacitación continua hacia el personal de salud para que comprendan la importancia de colocar a las mujeres en el centro durante el embarazo, parto y puerperio y respetar su voz.
Este ausencia de conocimiento, añadió Lorea, dificulta que tanto el personal de salud como la ciudadanía estén atentos a que este tipo de violencia no ocurra o exigir justicia en dado caso, por ello es necesario visibilizar que este tipo de violencia puede ir desde la sobremedicalización del parto, uso de procedimientos sin consentimiento de las mujeres o en situaciones no justificadas, trato cruel, menoscabo de la capacidad de decidir, entre otras acciones u omisiones que repercuten en la salud física y psicológica de las pacientes.
A estas problemáticas, dijo Lorea, se suma que no hay un registro de casos de violencia obstétrica, que ayudaría a ubicar los hospitales públicos o privados con más incidencia y capacitar en ello a fin de evitar esta violencia porque es un causa de la muerte materna en el país. Actualmente la razón de muerte materna es de 56.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 30.1 por ciento respecto a la semana epidemiológica 44, de 2020, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
Con la llegada de la pandemia, agregó Lorea, diversos servicios sexuales y reproductivos fueron suspendidos, a pesar de haber sido declarados como esenciales. Esto aumentó las posibilidades de que las mujeres fueran víctimas de violencia obstétrica o muerte materna, en particular migrantes, indígenas o con alguna discapacidad. Evidencia de que las políticas públicas vigentes no contemplan un presupuesto para eliminar, prevenir o capacitar sobre este tipo de violencia y la esterilización forzada.
Antes de la pandemia, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reveló que de las 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016, 33.4 por ciento de ellas refirieron haber sufrido maltrato por parte de quienes las atendieron. Las manifestaciones más comunes fueron gritos o regaños (37.42 por ciento), retraso en la atención “por gritos” de la usuaria (34.44 por ciento), ignorar a las usuarias (33.11 por ciento), presionarlas para que acepten un método anticonceptivo o esterilización (30.9 por ciento) y forzarlas a que adopten posiciones incómodas durante el trabajo de parto (30.83 por ciento).
Estas mismas violencias siguen presentes, resaltó Lorea, a pesar de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, entre otros, han recomendado al Estado mexicano diversas medidas que se relacionan con la violencia obstétrica, como garantizar los derechos de las mujeres a una maternidad sin riesgo y el acceso a una atención obstétrica adecuada. Este avance ha servicio sólo para que la violencia obstétrica sea nombrada, pero no ha impulsado acciones.
Para la secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Natalia Reyes Heroles, un reto vital para atacar la violencia obstétrica es que las y los jueces no están sensibilizados en qué es este tipo de violencia, por lo que no la identifican ni creen aceptables las pruebas que acreditan que el consentimiento de un procedimiento no se dio en una situación de bienestar, hubo daño psicológico, gritos o insultos que afectaron a la pacientes. Todo ello conlleva a que las víctimas enfrenten muchos obstáculos para acceder a la justicia en los juicios y condena a que sus casos queden en la impunidad.
“Son tan poco los casos que llegan a la Suprema Corte que si nos reducimos a efectos tradicionales de amparos sólo para la quejosa, pues difícilmente vamos a avanzar, le toca al Tribunal ir enseñando a las y los jueces cómo juzgar casos de violencia obstétrica”, declaró Reyes Heroles.
Para las especialistas los pasos a seguir son diseñar y poner en práctica políticas públicas de prevención a los Derechos Humanos de las mujeres, en específico en el embarazo, parto y puerperio, y centradas en que las mujeres deben ser las protagonistas; brindar mayor capacitación sobre el tema al personal de salud; destinar un presupuesto suficiente para ello; ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria; y contar con personal médico que atienda de forma adecuada los servicios gineco-obstétricos de emergencia.
Consideraron que también es indispensable que la NOM 007-SSA2-2010 “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido” sea revisada, y se implemente un monitoreo para supervisar que la NOM 007 sea efectiva en los hospitales.
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