Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó 40 casos de tortura en los que se identificaron 89 víctimas: 44 directas, de las cuales siete fueron mujeres agredidas con un patrón de violencia sexual y recibieron golpes y violencia psicológica, informó la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, al presentar las las recomendaciones 15, 16 y 17 de 2021, este 15 de diciembre.
En estas recomendaciones se reúnen 40 casos de tortura en los que se identificaron 89 víctimas, 44 directas (entre ellas siete mujeres) y 45 indirectas. De acuerdo con el organismo, ocho de cada 10 casos ocurrieron entre 1997 y 2017, y el resto entre 2018 y 2020.
La recomendación 15/2021, sobre violación al derecho a la autoincriminación mediante tortura en delitos de alto impacto social, se dirigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
La recomendación 16/2021, sobre tortura contra personas privadas de la libertad en condiciones de riesgo en los traslados, y la recomendación 17/2021, sobre tortura como forma de castigo, se dirigieron a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.
En estas recomendaciones, la Comisión de Derechos Humanos llamó a las autoridades responsables a ayudar a la inscripción de las víctimas en el registro de víctimas de la Ciudad de México para implementar un plan de reparación del daño e investigar a los servidores públicos responsables de la tortura.
El organismo también pidió que se practiquen las pruebas médicas y psicológicas para comprobar la tortura con un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género, para ello pidió que la Fiscalía General de Justicia elabore una agenda de trabajo para incorporar estos principios en la investigación y recopilación de información.
Ante estos casos, la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, dijo que la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes como medio para obtener información, para lograr la declaración de personas, o bien para castigar e imponer disciplina y orden, está lejos de erradicarse.
En casi 30 años este organismo ha emitido 76 instrumentos recomendatorios en los que se documenta tortura cometida con distintos fines, desde suplir la investigación, conseguir una declaración, hasta castigar y controlar el comportamiento de las personas.
En 2019 el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por las graves deficiencias en la investigación de actos de tortura y malos tratos, además de la persistencia de alto nivel de impunidad, ya que en el país sólo ocho de 3 mil 214 denuncias de tortura iniciadas en 2016 dieron lugar a un proceso penal.
Ramírez Hernández destacó los esfuerzos para robustecer el marco normativo de la prevención, investigación y sanción de esta grave violación a Derechos Humanos, por ejemplo la aprobación de la ley contra la tortura, vigente desde 2017.
De acuerdo con las recomendaciones, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario debe modificar su normatividad interna y los protocolos de traslado de personas privadas de la libertad entre centros penitenciarios para garantizar los derechos de las personas internas y establecer mecanismos de control de actuación del personal de seguridad y custodia.
En las recomendaciones también se exhorta a la Subsecretaría a elaborar una propuesta de mecanismo de colaboración con la Fiscalía General de Justicia capitalina para la denunciar actos presuntamente consecutivos de delito de tortura, el cual deberá incluir un número de atención telefónica.
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