Ciudad de México.- Martín Cecilio Huicochea Garduño, hijo de la defensora de Derechos Humanos, Ana Luisa Garduño Juárez, quien fue asesinada el viernes 28 de enero en el municipio de Temixco, en el estado de Morelos, pidió a las autoridades no politizar el feminicidio de su madre y no tratar de sacar ventaja de este crimen.
Cuestionado por los medios de comunicación, el joven destacó que su madre buscó justicia para su hermana, Ana Karen Huicochea Garduño, de 17 años de edad, quien fue víctima de feminicidio en diciembre de 2012 por su exnovio, Eduardo Villalobos Villanueva. Desde entonces ella dedicó su vida a apoyar a víctimas que pidieron su ayuda.
Tras el asesinato ocurrido en Morelos, entidad que desde 2015 cuenta con Alerta de Violencia de Género (AVG) por el alto de índice de casos de feminicidio, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio inició la carpeta de investigación correspondiente.
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¿Quién era Ana Luisa Garduño?
Hace más de de nueve años Ana Luisa emprendió una lucha social y jurídica en busca de justicia para Ana Karen; sin embargo, hasta el día de su asesinato, el feminicidio de su hija permanece impune debido a que el responsable no ha sido detenido.
Su lucha no solo fue para su hija, como defensora de Derechos Humanos fundó los colectivos “Ana Karen Vive” y “Justicia por Morelos A. C.”, para apoyar a familias de víctimas de distintos delitos. También colaboró activamente en la exhumación de cuerpos en fosas irregulares de Tetelcingo y Jojutla; y en la identificación genética, traslado e inhumación de cuerpos que se encontraban en los Servicios Médicos Forenses de la entidad.
Ana Luisa estudió y se tituló como licenciada en Derecho, motivada por toda la travesía y revictimización que enfrentó desde que trató de esclarecer el asesinato de su hija en las instituciones encargadas de la seguridad y justicia del Gobierno de Morelos. Incluso, antes de su asesinato, acompañó a familias de víctima de feminicidio.
El 21 de enero de 2021, junto con otras 71 personas –entre ellas Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, caso por el salieron a la luz pública las fosas de Tetelcingo–, inició una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en contra del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Integral del Estado de Morelos, presidido por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por obstaculizar el pago de ayuda, asistencia y compensación a las víctimas.
El presidente de la CDHEMN, Israel Hernandez Cruz, lamentó que el mandatario estatal rechazara la recomendación y que Ana Luisa no solo perdiera a su hija, víctima de feminicidio, también a su esposo, quien murió sin recibir un trato digno como víctima. «Ella murió siendo vulnerada y revictimizada por el gobierno de Morelos», sostuvo el defensor.
Familiares de Ana Luisa, entrevistados por lo medios, exigieron a las autoridades que el asesinato se investigue a fondo. «Lo único que pedimos es que las autoridades hagan su trabajo y esclarezcan el asesinato», dijo Martín Cecilio Huicochea Garduño, hijo de Ana Luisa.
En tanto, el Gobierno de Morelos emitió un comunicado de prensa donde condenó el asesinato e informó que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado ya se puso en contacto con la familia para brindar el acompañamiento y apoyo en gastos funerarios, así como asesoría jurídica y psicológica.
En el mismo comunicado se agregó: «la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) auxiliará con todos sus recursos a la Fiscalía General del Estado para encontrar a los responsables y este crimen no quede impune».
Finalmente el Gobierno de Morelos destacó que solicitó a la Fiscalía General del Estado agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos. La presidenta municipal del ayuntamiento de Temixco, Juana Ocampo Domínguez, también condenó el asesinato de la activista.
Necesario reforzar protección a defensoras
La Oficina del Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se unió a las organizaciones que condenaron el crimen contra la defensora y llamó a las autoridades a garantizar una investigación plena y el esclarecimiento de los hechos, además de agotar todas las líneas de investigación.
Estos terribles hechos, expuso en su cuenta de Twitter, recuerdan la situación de vulnerabilidad que enfrentan las víctimas del delito y las personas defensoras de Derechos Humanos, por eso consideró necesario que las autoridades refuercen las medidas para garantizar su seguridad y prevenir agresiones en su contra por su labor.
El pasado 26 de enero el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque Palazuelos, explicó que a la fecha hay mil 508 personas beneficiarias de protección, 495 periodistas (155 mujeres, 360 hombres) y mil 023 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres, 472 hombres).
*Con información de Estrella Pedroza
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