Ciudad de México.- Periodistas, personas defensoras de Derechos Humanos y madres buscadoras de personas desaparecidas en el estado de Sonora, expresaron su preocupación porque la Secretaría de Gobernación planea redactar una ley para que las autoridades estatales se hagan cargo de la seguridad del gremio en riesgo.
Así lo señalaron durante el tercer diálogo organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) para impulsar una Ley General en materia de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, que se realizó este 1 de marzo en Sonora y que continúa el día 2 de marzo.
Este foro se dio en medio de cuestionamientos por la ausencia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y por las quejas de las y los asistentes, quienes señalaron que no conocen cuál fue el criterio para invitar a algunas personas periodistas y defensoras y a otras no, ni quedan claras las razones para remplazar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en 2021, por una nueva.
De acuerdo con la Segob en Sonora hay 22 mujeres defensoras y cinco periodistas beneficiaras de medidas de protección. Sin embargo, es un estado donde han nacido colectivos de mujeres dedicados a buscar a personas desaparecidas, denunciar fosas clandestinas y defender la tierra y el territorio como el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, las personas defensoras de la Tribu Yaqui y del Río Sonora.
En este encuentro, como en los dos previos que se organizaron en la Ciudad de México y en Oaxaca, Segob expone que el objetivo es crear un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras y periodistas, que establezca la corresponsabilidad y competencia de las instituciones del Estado mexicano y las y los asistentes exponen el contexto en el que viven.
En el evento participaron buscadoras como Liliana López, Francisca Leticia Álvarez Rivera y la defensora Martha Solórzano, quien dijo que fue sobreviviente del gobierno municipal y estatal y fue de las primeras beneficiarias del Mecanismo de Protección en 2012, pero señaló que a pesar de que obtuvo seguridad, cada día su vida corre peligro, incluso recordó que el año pasado fue retenida por 10 horas.
Hasta marzo de este año en México han sido asesinados al menos seis periodistas. El caso más reciente ocurrió cinco días antes de este foro y fue en Sonora. Este 25 de febrero el periodista y director del portal El Informativo, Jorge Camero Zazueta, fue asesinado al salir del gimnasio en el municipio sonorense de Empalme. El comunicador también se desempeñaba como secretario particular del presidente municipal, Luis Fuentes Aguilar.
- Periodistas asesinados en 2022
- José Luis Gamboa Arenas, 10 de enero, Veracruz.
- Margarito Martínez Esquivel, 17 de enero, Baja California
- Lourdes Maldonado López, 23 de enero, Baja California.
- Roberto Toledo Barrera, 31 de enero, Michoacán.
- Heber López Vásquez, 10 de febrero, Oaxaca.
- Jorge Camero Zazueta, 25 de febrero, Sonora.
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Sin embargo, mientras el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Enrique Irazoque Palazuelos, expuso que el gobernador se ha mostrado sensible en este tema y dijo que en 2021 Sonora firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación y con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para coordinarse y colaborar en materia de protección, las periodistas informaron que no saben en qué consiste ese convenio y cuestionaron por qué no se ha hecho público.
Por su parte, integrantes del Espacio OSC, una red de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del derecho a defender Derechos Humanos, criticaron que en los tres foros que se han realizado (Ciudad de México, Oaxaca y Sonora) no se ha terminado de explicar para qué expedir una nueva ley si a la fecha el Mecanismo de Protección a nivel federal no ha logrado coordinarse para crear una política integral de protección.
Asistentes como la periodista Reyna Haydee Ramírez señaló el trafico de influencias, impunidad y la corrupción en el estado. Afirmó que las autoridades no combaten la impunidad porque no tienen voluntad política. Esa es la razón, dijo, de que no se resuelven los casos que no son mediáticos y hay madres buscadoras que llevan 10 años buscando a sus hijos sin encontrarlos.
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