Este 17 de mayo, Guerrero sentó un precedente importante en la interrupción legal del embarazo (ILE) en México. Y es que el estado se convirtió en la primera entidad de la República en despenalizar por completo el delito del aborto, incluso si las mujeres interrumpen su embarazo después de las primeras 12 semanas. En estos casos, el castigo recae sobre el personal médico y no sobre la mujer.
En entrevista con CIMACnoticias, Fernanda Díaz de León, Subdirectora de Incidencia para Ipas CAM, explicó que Guerrero tiene una diferencia importante respecto a otros estados donde se ha aprobado la ILE.
Esta diferencia consiste, en primer lugar, en que la definición de aborto quedó establecida como “aborto es la interrupción del embarazo”. En otros estados, esta definición incluye la especificación de las 12 semanas, después de las cuales se entiende que el aborto sigue siendo un delito.
Por otro lado, tal como se observa en el decreto oficial de la reforma, las sanciones para quien practique el aborto después de las 12 semanas no recaen sobre la mujer sino sobre el personal médico que realice la interrupción del embarazo.
Gracias a la combinación de estas dos medidas, la mujer no puede ser sancionada por abortar en cualquier momento de su embarazo. Esto quiere decir, por ejemplo, que si una mujer decide abortar a las 13 semanas sin asistencia médica no puede recibir ninguna penalización por ello.
El decreto también establece que las víctimas de violación no están obligadas a presentar una denuncia antes de solicitar una ILE. Además, si se les niega el acceso al aborto dentro de las primeras 12 semanas, podrán solicitarlo después de ese tiempo.
Ahora se debe capacitar al personal médico
Francisco Cué, miembro de la vinculación legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), compartió su entusiasmo sobre la aprobación de la ILE en Guerrero con CIMACnoticias.
En entrevista para la agencia, declaró que esta reforma implica que ninguna mujer puede volver a ser amenazada o castigada por interrumpir su embarazo, no importa el tiempo o las causas de dicha interrupción. Además, tampoco se podrá usar el derecho penal para regular quién puede tener acceso al aborto.
Para Cué, la reforma sobre la ILE en Guerrero va a establecer un nuevo estándar nacional respecto a la regulación del aborto en México. “La sentencia de la corte de Guerrero puede aplicarse en otros estados y esa es la ruta”, declaró a CIMAC.
Por medio de esta vía, explicó Cué, se erradica la posibilidad de que las fiscalías, los ministerios públicos y los jueces restrinjan el acceso al aborto. Así se va abriendo un panorama necesario para evidenciar que el aborto es un tema de servicio de salud que vale la pena regular.
Pese a esto, Fernanda Díaz de León considera que aún hay cuestiones relacionadas con el aborto que deben atenderse en Guerrero. Una de ellas es la capacitación del personal médico, quien, afirma, no suele estar familiarizado con los términos legales de la ILE.
Al capacitar a este personal se garantizará, por un lado, que no niegue el aborto a ninguna mujer que lo necesite y, por otro, que no haya penalizaciones por aplicarlo de manera incorrecta.
