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Niñez y asilo en México

Por Rosalba Rivera Zuñiga*

Desde 2014 ha sido evidente el incremento del número de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo en México. Sin embargo, no ha habido una correspondiente investigación sobre las experiencias migratorias y perspectivas de las mujeres, en especial de las niñas, adolescentes y jóvenes. Es necesario recoger y procesar esta información para diseñar mejores políticas, dar seguimiento a su implementación, monitorear su impacto y asegurar que los derechos de dicha población estén garantizados.

Hasta mayo de 2022, en México se registraron 48 mil 981 solicitudes de asilo, lo que refleja la misma tendencia al alza del año anterior donde se recibieron 131 mil 460 solicitudes, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

México se convirtió en el tercer país del mundo en recibir la mayor cantidad de solicitudes de protección, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Del total de solicitudes recibidas en 2021, aproximadamente 24 por ciento fueron de niñas, niños y adolescentes provenientes de Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Cuba.

En general, las personas salen de sus países por cuestiones económicas, políticas y de seguridad, como consecuencia directa del recrudecimiento de la violencia social y el deterioro de las condiciones de los países de la región. A dicho incremento también abonaron las restricciones para acceder al asilo en Estados Unidos con políticas como “Quédate en México”, Título 42 y las órdenes ejecutivas en materia de asilo.

Este contexto ha contribuido a visibilizar la problemática por la que atraviesan los miles de personas que buscan protección internacional, como las situaciones de abuso, inseguridad, falta de certeza sobre su situación jurídica, condiciones de vida en precariedad, etcétera. “En México, aquel que busca asilo permanece en la penumbra, en los linderos entre el sistema legal y el aparato gubernamental del Ejecutivo federal que lo habita, relativamente oculto a la mirada pública. En estos intersticios prolifera la arbitrariedad, y los derechos humanos -en especial los de aquellos más vulnerables”.

Dentro de estos grupos más vulnerables están las niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan el desafío para acceder al sistema de asilo: lo tardado del procedimiento, que generalmente excede los tres meses del plazo oficial; la falta de un representante jurídico, además de las prácticas irregulares como la desinformación por parte de las autoridades para desmotivarlos a realizar o mantener su solicitud, así como la falta de una correcta determinación del Interés Superior de la Niñez.

Esta situación genera consecuencias más graves en el caso de la niñez y la adolescencia, por su particular estado de vulnerabilidad, “dejándolos en estado de indefensión y con posibilidad de ser devueltos al país de origen que los ha “expulsado”, poniendo, con ello, en riesgo su seguridad y, a menudo, su vida”.

De manera especial, las niñas que buscan protección en México, ya sea viajando solas o acompañadas, generalmente vienen huyendo de la violencia, los abusos y la discriminación. Algunas buscan protección no solo para ellas, sino también para sus familias. Sin embargo, generalmente al acceder al país por vías irregulares se encuentran expuestas a mayores riesgos como la explotación sexual o laboral, abusos, entre otras violaciones a sus derechos.

Cuando esta población logra acceder al asilo en México, se enfrenta a las dificultades para encontrar acceso a los servicios especializados en albergues; y, en el caso de las adolescentes, a programas de acogimiento que les acompañen a hacer una transición hacia su vida independiente en el país —atendiendo, incluso, a que en México va en aumento el número de adolescentes que vienen ya con hijas e hijos en busca de protección—.

Frente a ello, no se han desarrollado con suficiente alcance modelos de cuidados alternativos en donde estos grupos familiares de jóvenes y adolescentes puedan encontrar cabida y seguridad.

Por otro lado, los obstáculos administrativos siguen siendo una constante para que la niñez y adolescencia refugiadas puedan integrarse a la vida social de manera óptima. Por ejemplo, en muchas ocasiones las escuelas limitan el acceso o la certificación por falta de una Clave Única de Registro de Población (CURP) definitiva, o no aceptan el acta de nacimiento por falta de apostilla, aunque desde 2017 la Ley General de Educación garantiza el acceso a la educación de niñez nacida en el extranjero sin importar los documentos que tienen.

En la parte laboral, mientras dura el procedimiento de asilo, las adolescentes y jóvenes solo pueden acceder al sector informal; y cuando son reconocidas como refugiadas y pueden acceder a un empleo formal, se enfrentan a obstáculos en instituciones bancarias que no reconocen la tarjeta de residente permanente como un documento válido para tramitar una tarjeta de nómina.

Brindar protección a la niñez y adolescencia con necesidades de protección internacional, desde un enfoque de género, aún no es una realidad en México. El Estado tiene múltiples pendientes para poder ofrecer a esta población un entorno de vida favorable y garantizar sus derechos.

*Coordinadora de Infancia Migrante en el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

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