Ciudad de México.- El derecho a la vivienda es una más de las desigualdades que padecen las mujeres en México y, en un contexto de encarecimiento causado por la gentrificación contrastado con los bajos ingresos, cada vez es más difícil que las mujeres accedan a una vivienda digna, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi, 2018), solo el 35.6 por ciento de los financiamientos otorgados por los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) y 31.6 por ciento de subsidios federales se otorgan a mujeres, en contraposición al 60 y 66.8 por ciento respectivamente, para los hombres.
Caso similar sucede con el acceso a créditos de banca múltiple (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2022). Todo esto a pesar de que las mujeres tienen una mayor participación en la fuerza laboral, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI 2023).
La brecha de género no radica solo en el ingreso por el trabajo, sino en el acceso a sistemas de financiamiento para la vivienda.
Tener un techo seguro es fundamental para la estabilidad mental, familiar y social, de todas las personas, pero más aún para las mujeres, pues en una sociedad profundamente machista, a ellas se les encomiendan las actividades de cuidados.
No obstante, esta responsabilidad extra, en México el 32 por ciento de los hogares tienen jefas de familia, es decir, más de 11 millones 400 mil hogares cuentan con una mujer responsable de proporcionar vivienda, alimento y cuidados. De acuerdo con información del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020a), esta cifra presenta un aumento significativo respecto a una década atrás.
Por otra parte, en situaciones de violencia intrafamiliar, ellas son las que generalmente se salen del hogar con los hijos e inician un difícil proceso que en la base conlleva la renta de una vivienda. De ahí que los datos arrojen que las mujeres dependen más de la vivienda en alquiler que los hombres, debido a que los hogares de mujeres cabeza de familia suelen tener ingresos más reducidos.
Recordemos que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogar (ENIGH, 2022) del INEGI, reportó que el ingreso trimestral promedio de los hogares con jefatura de mujeres en México fue de aproximadamente 10 mil pesos menor que el de los hombres, con un promedio de 19 mil 081 pesos mientras que el de los hogares con jefaturas masculinas fue de 29 mil 285 pesos.
A la fecha, a nivel nacional, el 16.4 por ciento de las viviendas son rentadas, sin embargo, “la cifra aumenta considerablemente, hasta un 50 por ciento, en las zonas más urbanizadas, en aquellas con economías turísticas y en las ciudades fronterizas, debido a que suele tener mejores condiciones que la vivienda en propiedad, especialmente en las periferias, lo que también contribuye en mejores condiciones de habitabilidad y de accesibilidad a servicios y equipamientos como escuelas, mercados, servicios de salud.
“La forma en la que los censos y encuestas en México han levantado información sobre la tenencia ha sido a lo largo del tiempo variopinta, lo que provoca que sea complejo identificar a cabalidad la evolución del alquiler en México”, señala el urbanista Jaime Sobrino en su artículo Viviendas en renta en ciudades mexicanas, publicado por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI, 2020b, del INEGI) el 30.5 por ciento de las viviendas alquiladas en México, son vivienda prestada por familiares/amigos o por el trabajo, seguida por la propiedad, además este tipo de viviendas tiene jefas de familia.
Un dato sorprendente es que la autoconstrucción de vivienda es un fenómeno masivo en el país, principalmente en el sur y centro del país, con los riesgos que ello implica como es que la vivienda se construye sobre terrenos que no son de su propiedad y al estar en el margen de la informalidad, se crean condiciones de vulnerabilidad no solo para las mujeres, sino para sus familias.
Datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI, 2020b, del INEGI), indican que el 57.3 por ciento de las viviendas propias habitadas en el país, se dio a partir de un proceso de autoconstrucción, el cual es definido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como:
“Proceso en el que las familias aprovechan los recursos que tienen a su alcance y los gestionan reduciendo intermediarios, priorizando la atención de sus necesidades familiares y culturales y adecuándose a su capacidad económica”.
En el documento Vivienda para nosotras. Estudio del contexto de las mujeres en la vivienda autoproducida y en alquiler en México (Sedatu, 2023), destaca que el número promedio de viviendas de autoconstrucción que están encabezadas por una mujer es del 27.4 por ciento, destacando con un 37 por ciento en la Ciudad de México, un número menor que en el caso de los hombres, esto a pesar que las mujeres tienen una participación activa en los procesos iniciales de autoproducción, como es desde la limpieza para la preparación del terreno y el abastecimiento de recursos como agua y energía eléctrica no son accesibles en esta etapa y por tanto, son ellas quienes los tienen que acarrear o gestionar.
El documento, que se originó para conocer las características habitacionales de las mujeres, plantea que es urgente encontrar nuevos modelos de vivienda que se ajusten a las necesidades actuales, en particular desde una perspectiva de género.
“El viejo paradigma de “una familia, un hogar, una casa” ya no es vigente. Se requiere que las políticas públicas de vivienda se adapten a una concepción más amplia y flexible, que considere las necesidades específicas y en constante evolución de sus habitantes”, indica en el documento el titular de la Sedatu, Román Guillermo Meyer Falcón.
Nuevos modelos de vivienda
En Chile, en una colonia de la ciudad de Santiago, la municipalidad construyó, y actualmente administra, un conjunto de departamentos que alquila, a bajo costo mediante un sistema de subsidios a población específica, como es el caso de jefas de familia que provienen de contextos de violencia intrafamiliar o familias en situación de alta vulnerabilidad.
Otro ejemplo, esta vez en México, fue la primera unidad habitacional construida en la Ciudad de México: el Centro Urbano Presidente Alemán, en la alcaldía Benito Juárez, construido por el arquitecto Mario Pani en 1947 y considerado como el ‘mejor conjunto urbano construido en el siglo XX.
Se trató de un espacio con infraestructura y servicios completos para cubrir las necesidades de las familias. En un principio fue administrado por el gobierno para beneficio de trabajadores del estado, quienes por con una baja renta, descontada directamente de su nómina, podían disfrutar de este lugar, sin embargo, por cuestiones políticas, a partir de la década del ochenta, bajo una mirada neoliberal que apostó a la propiedad privada, los departamentos se empezaron a vender.
Esta medida ha funcionado para brindar una mejor calidad de vida a una población en constante desventaja, tanto en lo económico, como en lo laboral, social y familar. Modernizar las políticas de vivienda permitirá establecer las bases para, directa o indirectamente, facilitar la cobertura de otros derechos como la salud o la educación, puesto que las mujeres con la carga de la vivienda resuelta, pueden concentrarse en resolver otros problemas.
Atención a una población creciente
De acuerdo a datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las mujeres tienen más dificultades para obtener trabajos estables y de jornadas completas, lo que problematiza sus ingresos, por ello la brecha salarial en América Latina no ha podido disminuir, lo que en materia de vivienda es especialmente problemático cuando son ellas quienes tienen a su cargo dependientes.
Plantear nuevos modelos de vivienda para las mujeres, en ciudades ampliamente desiguales, es un camino para mejorar la calidad de vida no sólo de ellas, sino de familias enteras, con la garantía de acceder a otros derechos.
“Las necesidades de vivienda en México, como en el resto del mundo, han cambiado al ritmo en que la sociedad se ha transformado. Las políticas de hace tres décadas no son necesariamente las soluciones para las demandas de hoy, especialmente si pensamos en la transformación de las familias y sobre todo, en el papel que las mujeres desempeñan en las actividades económicas, familiares, laborales y de cuidados”, indica el documento de la Sedatu.
