Ciudad de México.- Vecinas y vecinos de Xochimilco y Azcapotzalco denunciaron que autoridades de la Ciudad de México vulneraron sus derechos como habitantes al construir cuarteles de la Guardia Nacional (GN) sin tomar en cuenta las necesidades de las comunidades. Por ello, presentaron diversas acciones contra el Gobierno de la capital del país para exigir las medidas necesarias que garanticen el respeto y protección de sus espacios.
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) anunció que, junto a las y los habitantes de las comunidades afectadas, levantaron dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para denunciar la vulneración de distintos derechos.
En el caso del pueblo originario de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, la queja fue presentada contra distintas autoridades capitalinas, entre ellas la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Gobierno, la Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.
En la queja se señala que, al construir el cuartel de la Guardia Nacional en una área natural protegida, se transgredió la Constitución de la CDMX y otras normativas en materia de pueblos indígenas y cuidado al medio ambiente.
En ese sentido, las y los pobladores aseguraron que fue vulnerado su derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada; además de atentar contra su derecho al medio ambiente, al desarrollo propio y a la autodeterminación como pueblo indígena.
También resaltaron que la decisión de ceder el predio –compuesto por más de 30 mil metros cuadrados– a instalaciones de la GN se realizó sin analizar las afectaciones para las y los habitantes, con lo cual se violó su derecho a la tierra y el territorio.
“No se tomó en consideración la opinión de la comunidad en dicha construcción ni las necesidades y prioridades que tenemos como pueblo indígena originario, aunado a que, hasta el momento, desconocemos si existen estudios respecto del impacto ambiental que generará el cuartel, como el uso del agua de nuestro pueblo. Tenemos derecho a tener un medio ambiente sano y tenemos derecho a la información; nunca fuimos consultados”, acusó Silvia Cabello Molina, integrante del Consejo Autónomo de Gobierno de San Luis Tlaxialtemalco.
Por otro lado, al hablar de la construcción del cuartel en la Unidad Habitacional “El Rosario” de la alcaldía Azcapotzalco, las y los pobladores denunciaron que las autoridades de la capital y la alcaldía vulneraron su derecho a la ciudad y al espacio público.
Cabe recordar que anteriormente, en el lugar había un área recreativa abierta al público, por lo que exigieron al Gobierno de la ciudad priorizar la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social.
«Queremos que sea una ciudad de derechos y se informe realmente a las personas. Las asambleas se han realizado con muy poca participación y se han disuelto las organizaciones ciudadanas muy importantes para construir en conjunto», expresó en conferencia de prensa Connie Alavez, vecina de la alcaldía Azcapotzalco.
A raíz de las quejas presentadas, se busca que la CDHCM investigue cuál fue el papel de las autoridades de la CDMX en la autorización, planeación y construcción de los cuarteles, explicó Melissa Zamora Vieyra, abogada integrante del Centro Prodh. Con ello, se espera una reparación a los daños causados a las comunidades.
Zamora Vieyra también expuso la necesidad de tomar medidas para que la entrada en funciones de estos espacios no generen más afectaciones, a sabiendas de que los planes para construir cuarteles se estiman como algo progresivo que continuará avanzando durante este año.
“Es complejo porque hay participación de autoridades de distintos niveles de gobierno. Se debió consultar antes de construir. Y en Azcapotzalco es responsabilidad de las autoridades mantener y tener un aumento progresivo de espacios públicos. Lo que buscamos es que se investigue cómo ocurrieron los hechos y tomen medidas para que la entrada en funciones no genere más afectaciones de las que ya genera”, sentenció la integrante del Centro Prodh.
A través de solicitudes de información, la organización pudo conocer que ya se planea la construcción de un cuartel en la alcaldía Cuauhtémoc, lo cual preocupa debido a que se encontraría “en el corazón de las protestas del país”, aseveró Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh. Por ello, destacó que es urgente acuerpar a las y los habitantes de diversas comunidades en esta lucha por la defensa de los territorios.
“Estos son vecinos y vecinas que se están organizando para decir ‘sí queremos más seguridad, pero no militarizada; sí queremos más Estado, pero un Estado garante de derechos, no punitivo’. Queremos un Estado que traiga agua, escuelas, proyectos culturales”, concluyó el activista.
