Este miércoles 14 de diciembre, Irán fue expulsado de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (UNCSW, por sus siglas en inglés). La razón de su expulsión se encuentra en las fuertes represiones y asesinatos contra las mujeres, hombres y niños durante las manifestaciones a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini.
Mahsa Amini fue detenida el pasado 13 de septiembre por la policía moral en Teherán supuestamente por usar mal el hiyab (el velo en la cabeza que el estado iraní obliga a usar a las mujeres en la región). Tres días después, la joven perdió la vida tras haber permanecido en coma.
Esto desató una fuerte ola de manifestaciones pacíficas cuyas convocatorias no han cesado desde entonces. La represión por parte del gobierno también se ha mantenido y, de acuerdo con Naciones Unidas, ha dejado a su paso la detención de al menos 15 mil personas, 11 de las cuales han sido sentenciadas a muerte.
Además, de acuerdo con los últimos datos de la oficina de derechos humanos de la ONU, más de 300 personas han perdido la vida durante las protestas. Según Javaid Rehman (relator especial sobre derechos humanos en Irán), tan solo esta última semana han sido asesinadas entre 60 y 70 personas.
Una de estas personas es Majid Reza Rahnavard, un joven de 23 años que fue ahorcado en una grúa en plena vía pública. Esto sucedió en Mashad, una de las ciudades más pobladas de Irán, y fue la primera ejecución en público de un manifestante tras la muerte de Mahsa Amini.
Entre los demás fallecidos hay al menos 40 niños que, según el gobierno iraní, se suicidaron, cayeron de alturas considerables y fueron envenenados o asesinados por “agentes enemigos anónimos”.
En otras palabras, el gobierno no ha reconocido que estos infantes han perdido la vida a causa de sus medidas represivas. También se ha negado a reconocer que Mahsa Amini murió a causa de la violencia física ejercida contra ella luego de su detención.
México se abstiene de votar sobre expulsión de Irán
La exclusión de la República Islámica de Irán de la UNCSW fue determinada en una votación del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC). Dicho consejo está conformado por 54 países; uno de ellos (Estados Unidos) redactó una resolución donde propuso expulsar a Irán de la UNCSW en lo que resta del periodo 2022-2026.
Antes de la votación, Linda Thomas-Greenfield (embajadora de EEUU ante la ONU) declaró que la represión en Teherán contra las mujeres manifestantes es una “fea mancha en la credibilidad de la comisión”. Por su parte, Amir Saeid Iravani (embajador de Irán ante dicho órgano internacional) afirmó que la medida era ilegal e incluso acusó a Estados Unidos de “matón”.
Los países miembros del ECOSOC emitieron sus diferentes posturas al respecto antes y después de la votación. Rusia, China y Nicaragua, por ejemplo, votaron en contra y acusaron a Estados Unidos de actuar por motivos políticos, mientras que Canadá y Australia apoyaron la iniciativa impulsada por el país norteamericano.
Al final, la expulsión de Irán se definió con 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones. Uno de los países que decidió no votar fue México, lo cual le valió la crítica de colectivas feministas y figuras políticas. Una de ellas es Rosario Robles, quien calificó la abstención de la nación como “imperdonable e inaceptable”. “Muy expeditos para opinar sobre Perú pero no sobre un gobierno que violenta a las mujeres y ahorca disidentes”, señaló.
Por su parte, la colectiva Marea Verde afirmó que ser tibio ante las violencias que ocurren a nivel internacional equivale a estar del lado del agresor. “Pero bueno, no es sorpresa. Aquí nos matan y tampoco dicen nada”, aseveró la organización feminista.
El Estado mexicano, por su parte, defendió su postura durante la votación afirmando que la expulsión de Irán de un organismo que vela por la protección de los derechos de las mujeres no contribuye al diálogo ni a la cooperación internacional. Aun así, condenó la represión de las manifestaciones y la violencia contra las mujeres en el país del Medio Oriente.
Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos decidió crear una misión internacional independiente para investigar las violaciones de los derechos humanos en Irán a raíz de las manifestaciones iniciadas en septiembre. Dicha misión deberá presentar un primer informe oral en junio de 2023.
La Unión Europea (UE), por su parte, ha impuesto sanciones a altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán y a miembros de una cadena de televisión estatal en Teherán, la cual ha dado voz a las versiones oficiales del gobierno. Entre dichas sanciones se encuentran el congelamiento de los bienes de estas personas en los países de la UE, así como la prohibición de viajes dentro de sus territorios.
