De acuerdo con el Censo de población de 2020, en México viven casi 500 mil personas nacidas en Estados Unidos con derecho a la nacionalidad mexicana, de las cuales 229 mil 416 son mujeres, ya que su madre, padre o ambos son mexicanos. Por desgracia no hay cifras de aquellas personas nacidas en otros países y que tampoco han podido acceder a su identidad, el obstáculo: la apostilla.
En México es requisito contar con un acta de nacimiento apostillada para poder realizar el trámite de inscripción de la nacionalidad mexicana, que no es más que un sello que dice que ese documento se expidió donde dice que se expidió. Este sello no es fácil de conseguir, pues debe ser tramitado en el país donde se emitió y si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas fueron deportadas o regresadas forzadamente a México, obtenerlo es casi imposible, además de que constituye un acto discriminatorio. Eliminar este requisito es simple, solo necesitamos voluntad política.
Comunidades de personas deportadas, retornadas forzadas, mexicanas residentes en el exterior y organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos han presentado, desde diciembre de 2022, una propuesta de reforma ante la Cámara de Diputados para facilitar el acceso al derecho del reconocimiento de la nacionalidad mexicana de personas nacidas en el extranjero, hijas e hijos de madre, padre o ambos mexicanos, a través de la eliminación de una de las barreras principales: la apostilla. Este requisito se encuentra dentro del artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual, a discreción de los Registros Civiles estatales y municipales ha sujetado a las familias a un continuum de vida indocumentada y a una violencia sistemática a sus derechos constitucionales.
La apostilla ha impedido que las personas mexicanas nacidas en el exterior gocen de una personalidad jurídica, de una filiación, de acceso a la educación y a la atención médica, al colocarlas en situaciones de vulnerabilidad por no poder acceder al registro de su nacionalidad mexicana. Las implicaciones de una vida indocumentada son ampliamente conocidas por las y los legisladores y el Estado mexicano, por lo que hoy tienen la oportunidad de hacerlo mejor y poner por encima de un trámite administrativo, un derecho constitucional, no solo eliminando la apostilla y con ello simplificar el proceso de inscripción de la nacionalidad mexicana, sino eliminando la discriminación sistemática hacia las mexicanas y los mexicanos nacidos fuera del país.
La arbitrariedad con el que se ha manejado el reconocimiento de la nacionalidad mexicana ha significado que familias atravesadas por la deportación y retorno forzado tengan que realizar esfuerzos extraordinarios para que sus hijas e hijos, afectados por un sistema de deportación, puedan reconfigurar sus vidas como mexicanos en el país. A las familias se les exige presentar un requisito que solo pueden obtener en el país de nacimiento de sus hijas e hijos, el cual en un contexto de deportación y retorno forzado es imposible de realizar de manera directa, por lo que han tenido que transitar por situaciones engorrosas que implican gastos desmesurados y hasta ser víctimas de estafa, por lo que es urgente dejar de supeditar el derecho a la nacionalidad mexicana a un sello.
La eliminación del requisito de la apostilla es una exigencia legítima de las comunidades deportadas, retornadas forzadas, y mexicanas residentes en el exterior, por lo que el Estado mexicano debe honrar el trabajo de sistematización, redacción, mesas de diálogos y revisiones técnicas que éstas han sostenido a través de varios años para poder presentar la propuesta de reforma al artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo ha reiterado la senadora Olga Sánchez Cordero “la apostilla es un trámite innecesario” que se debe de eliminar.
El derecho a la identidad y a la nacionalidad constituyen derechos fundamentales para que todas las personasmexicanas tengan el reconocimiento de su personalidad jurídica, y les permitan desarrollarse y ejercer con plenitud el resto de sus derechos. La identidad es dinámica y se enmarca en el proyecto de vida de las personas, garantizar ese derecho es parte de un sistema inclusivo y debe estar por encima de cualquier trámite administrativo, por lo que esperamos que en este periodo de sesiones el Congreso atienda esta deuda que tiene con las y los mexicanos nacidos en el extranjero.
