Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil exigieron aumentar los recursos designados a las instituciones rectoras de la política de género, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), pues en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 se observa una tendencia para desfinanciarlas, lo cual pone en riesgo la vida y dignidad de las mujeres.
En el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del PPEF 2024, se contempla un presupuesto total de 409,107,904,319 pesos; sin embargo, 89 por ciento de los recursos corresponden a programas sociales prioritarios (Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro).
En contraste se han desfinanciado los programas e instituciones clave para las agendas de igualdad de género y reducción de violencias contra las mujeres. Por ejemplo, el objetivo de Inmujeres es «promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país», mientras que FEVIMTRA tiene la responsabilidad de «investigar y perseguir los delitos del orden federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres por su condición de género, los cometidos contra niñas, niños y adolescentes y los de trata de personas». Sin financiamiento suficiente ¿Qué pasa con estos objetivos?
La reducción de recursos a estas instituciones se da aún cuando el Anexo 13, agregado al Presupuesto por primera vez en 2018, fue creado precisamente para construir la igualdad entre mujeres y hombres, para ello se contemplaron tres ejes: erradicar la violencia contra las mujeres; erradicar la discriminación de las mujeres y el tercero impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. Pero dicha disminución, poco permite avanzar hacia esos objetivos.
En el caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Inmujeres y FEVIMTRA la reducción en el presupuesto año con año han sido marcada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Al mirar la gráfica de Conavim se puede observar un ligero incremento en los últimos años, pero esto no implica mayor inversión en la institución y sus proyectos; más bien refiere a que el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para mujeres víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijo fue transferido a la Comisión luego de la desaparición del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), el cual era el encargado de operar dicho programa.
Lo anterior pone en evidencia que el Estado «no garantiza los recursos públicos suficientes para atender las necesidades y las prioridades de las mujeres de todas las edades y diversidades, particularmente de aquellas en situación de mayor desventaja, por lo que no contribuye a revertir las desigualdades ni a reducir las brechas existentes en nuestra sociedad», señalaron en un comunicado organizaciones como la Red Nacional de Refugios (RNR), Fundar, Mano Vuelta AC, Oxfam México, Política Colectiva, entre otras.
«En el caso de las brechas de género, el Anexo Transversal de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres sigue con la tendencia de etiquetar programas sociales utilizados clientelarmente, sin perspectiva de género ni indicadores de impacto que midan el cierre de estas brechas. Lo que se observa es, en cambio, que los aumentos presupuestarios al Anexo 13 esconden el desfinanciamiento a aquellos programas e instituciones que tienen verdaderos impactos en la construcción de la igualdad y en revertir la violencia contra las mujeres», expresaron.
Este análisis las lleva a concluir que este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha desmantelado instituciones que incluyen los mecanismos para la igualdad de las mujeres, así como de las políticas de igualdad.
Es el 15 de noviembre cuando se tiene como fecha límite de aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por ello las organizaciones hicieron el siguiente llamado:
- Aumentar los recursos asignados a las instituciones rectoras de la política de género: INPI, INMUJERES, FEVIMTRA y CONAVIM;
- Aumentar los recursos asignados a los programas identificados para reducir las desigualdades y las violencias por razones de género: PAIMEF; Programa de Apoyo a Refugios, Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres; Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas.
- Destinar recursos para construir las bases del Sistema Nacional de Cuidados, conforme a la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputadas/os en noviembre de 2020 y retomar su discusión pendiente en el Senado.
- Recuperar la buena práctica de diálogo y trabajo conjunto entre el poder legislativo, las instituciones encargadas de operar la política de género, la sociedad civil y el movimiento amplio de mujeres para sumar esfuerzos en favor de las mujeres de todas las edades y diversidades.
- Construir colectivamente la metodología de integración del Anexo 13 en estricto apego a lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de género.
- Solicitar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que rindan cuentas sobre el cumplimiento de los artículos 1° y 111° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de evaluación y aplicación del principio de equidad de género en el ejercicio del gasto público, incluyendo el gasto federalizado.
«El PEF debería ser una herramienta de transformación social hacia la justicia e igualdad a partir de la reducción de las brechas de desigualdad social y entre mujeres y hombres, dando especial consideración a los derechos humanos, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y el enfoque interseccional. En este sentido, incluir la perspectiva de género en el presupuesto implica destinar los recursos necesarios para eliminar las desigualdades y violencias de género», sentenciaron.
