Hace unos días nos enteramos de cómo fue la negociación del gobierno de Donald Trump y de López Obrador para la implementación del programa “Quédate en México”, también conocido como Migrant Protection Protocols(MPP). Aunque era un secreto a voces, tuvimos la confirmación de lo que siempre negó el gobierno mexicano y llamó un acuerdo “unilateral” que México aceptó “por humanidad”. Ese programa nada tuvo de humano y las organizaciones de ambos países lo dijimos desde el inicio. No solo alzamos la voz, sino que generamos estrategias jurídicas, de incidencia y de difusión para evidenciar el desastre humanitario que significaba (y sigue siendo).
¿Por qué fue tan inhumano “Quédate en México”? primero porque condenó a más de 80 mil personas que buscaban protección internacional, 40 por ciento mujeres y 33 por ciento niñez, a permanecer en un país donde no querían estar (México), en el que no se les garantizó protección, acceso a salud, educación, vivienda digna, trabajo y un documento de estancia migratoria regular por razones humanitarias -como lo prometió el gobierno mexicano en sus comunicados de prensa-, y luego, porque se les dejó a su suerte y fueron víctimas de actos violentos -algunos por más de una ocasión- como secuestros, extorsiones, robo, desaparición forzada y violaciones, perpetrados por policías de diferentes niveles, agentes de migración y crimen organizado, sin que hayan accedido a la justicia. “Tengo miedo. Me da temor salir a la calle/del albergue por lo que me pueda pasar a mí o a mi familia. Cuando llegamos acá fuimos secuestrados por policías mexicanos”, eran los testimonios que se repetían por miles.
En campamentos improvisados muchas familias vivieron por meses e incluso dos años esperando por un proceso en Estados Unidos que nunca llegó, pues solo el 4 por ciento de las personas que fueron puestas en el programa ganaron sus casos de asilo. Se condenó a la niñez y a la adolescencia a vivir con ansiedad, estrés, estado de alerta permanente y temor, a revivir escenarios de los que estaban escapando. Una mujer y sus 3 hijos fueron secuestrados en Ciudad Juárez luego de ser regresados a México bajo MPP. “No me quiero morir” señaló una niña a su madre al escuchar a sus secuestradores sobre los asesinatos que habían cometido de personas que no pagaron su rescate, todas personas regresadas a territorio mexicano bajo el programa “Quédate en México”.
“Yo le dije al oficial de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que por favor me encarcelara pero que no me regresara a esperar a México porque es como la boca del lobo. Allí me secuestraron, me extorsionaron y me amenazaron de muerte. El oficial me amenazó con separarme de mi hijo”. “Fui secuestrada y viví violencia sexual por policías federales en Ciudad Juárez, luego me entregaron a un grupo criminal.
Al regresarme a México a esperar mi audiencia de asilo nuevamente fui secuestrada”, “Nosotros huimos de Honduras por amenazas de muerte. Fui secuestrada y separada de mi esposo y mi hijo”, “A nosotras nos regresaron y estábamos buscando un taxi para ir a algún refugio, llegó una camioneta con hombres armados y nos obligaron a entrar. Vivimos violencia sexual repetidamente hasta que pagaron nuestros rescates”, estas historias eran la constante entre las mujeres y sus familias que fueron regresadas a México a esperar sus casos de asilo en Estados Unidos.
En la mayoría de los casos los cuerpos de las mujeres y las niñas fueron los “botines de guerra”, el costo de los acuerdos políticos basados en las ganancias de sus dirigentes y no en la protección de las personas. Aunque desde el 15 de diciembre de 2020 existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República por más de mil 300 eventos violentos documentados, no hay ninguna investigación en proceso.
La vida de las mujeres y la niñez quedó marcada por la violencia y la indiferencia de los gobiernos, de su gobierno al no garantizarles protección para que no tuvieran que dejar su país, del gobierno estadounidense al violar su derecho al asilo, debido proceso y permanecer en el país, y al mexicano por ser complice de una política inhumana y no garantizarles una estancia libre de violencias.
Las organizaciones de México y Estados Unidos realizamos diversas acciones jurídicas para poner fin a este programa desde su anuncio el 20 de diciembre de 2018, pues no solo violaba el principio de no devolución, el acceso al debido proceso, y el derecho a la unidad familiar, sino también era contrario a las legislaciones nacionales y compromisos internacionales. En México, era contrario a nuestra Constitución, incluso, después de casi 3 años de litigio, el 26 de octubre de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el amparo en revisión 302/2020, en el que señalan que el Estado mexicano incurrió en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo el programa “Quédate en México”, al no contar con un proceso claro de protección, no publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y no incorporar una perspectiva de género, derivando en actos violentos hacía esta población sin acceso a la justicia.
Aunque la administración Biden reconoció que el programa “tiene defectos endémicos que impone costos humanos injustificables y problemas inherentes…que ninguna cantidad de recursos puede arreglar” e intentó ponerle fin en más de una ocasión, hoy sigue en discusión su reapertura, esta vez el gobierno mexicano se ha pronunciado públicamente por la no participación y ha señalado que no cooperará, postura que contrasta con la tomada en diciembre de 2018 cuando la aceptó por primera vez, la firma del acuerdo extendiendo para su implementación en toda la frontera en junio de 2019, y en su reinstalación en diciembre de 2021.
Confiamos en que nunca más vuelva a instaurarse “Quédate en México”, sin embargo, ahora mismo el gobierno mexicano está negociando con el gobierno estadounidense políticas que condicionarían una solicitud de asilo en Estados Unidos a que la persona compruebe que no pudo acceder a protección en uno de los países por los cuales cruzó en su camino a la frontera; además de seguir, al parecer, aceptando deportaciones de personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. ¿Hasta cuándo el gobierno mexicano dejará de participar en políticas migratorias que condenan a las mujeres y sus familias a violencias reiteradas?
