El pasado domingo 26, cientos de miles de personas salimos a las plazas y calles de más de 90 ciudades del país, otras muchas se unieron desde el extranjero, para manifestar nuestro rechazo a reformas aprobadas por una mayoría parlamentaria, que atentan contra el derecho de todas y todos a contar con un instituto electoral autónomo, con recursos económicos suficientes y personal capacitado, que garantice elecciones bien organizadas, transparentes y confiables. Esta fue la causa que convocó a la ciudadanía.
El mensaje central de estas movilizaciones, dirigido a la Suprema Corte, fue claro. Como expresara el ministro José Ramón Cossío, las y los ministros tienen en sus manos la decisión de refrendar el valor de la Constitución y de contribuir a consolidar la democracia, marco esencial para la construcción de un país más libre y más igualitario. Este mensaje invoca el respeto a la Constitución y a la legalidad; surge de una ciudadanía diversa, a la que le importa preservar el significado básico del voto en una democracia: darnos la posibilidad de elegir y de cambiar a quienes nos gobiernen y representen, de preservar la pluralidad y el respeto a todas las voces.
A la concentración que desbordó el Zócalo y calles aledañas asistieron sobre todo integrantes de clases medias, aunque acudieron también otros grupos. Pretender que todas estas personas, también diversas, se movilizaron para defender “privilegios” es un sinsentido: nadie pretende restringir el derecho a participar libremente en la cosa pública. Vaciar de sentido al voto sólo beneficia a gobiernos autoritarios.
La defensa del INE no implica la defensa de tal o cual partido. Implica defender unas reglas del juego equitativas, que nadie nos regaló, que se ganaron con muchos esfuerzos, que incluso costaron vidas. Implica reconocer las voces de quienes piensan distinto, incluso su derecho a apoyar al partido oficial, sin que se ponga en duda el resultado. Sin duda había en el zócalo opositores al presidente. Ya terminada la concentración, algunos gritaban: “¡Fuera López!”. En democracia esta expresión debe respetarse: el mismo derecho a expresarse tiene quien grita “¡Obrador!, ¡Obrador!”.
Lo que se coreó en el Zócalo fue: “¡Mi voto no se toca!”, “¡México! ¡México!”. Distorsionar este mensaje sólo fomenta la incomprensión de la vida ciudadana y contamina el discurso público. Colgar en el Zócalo una manta alusiva a una supuesta complicidad o simpatía con García Luna de los manifestantes (¿suponen que “acarreados” por el PAN?), es una deleznable muestra de desprecio por la ciudadanía y por la civilidad.
¿Quiénes mancharon así la Plaza de la Constitución? ¿Pretenden acaso, por asociación, escupir sobre las movilizaciones que, a lo largo del país en 2011, denunciaron la nefasta política de “seguridad” de Calderón con el lema “¡No+Sangre!”? ¿O ya las “olvidaron”? Exacerbada, esa política militarista sigue desangrando al país, bajo este gobierno. La masacre en Nuevo Laredo ese mismo domingo indigna, como tantas anteriores.
Más allá de mensajes explícitos o simbólicos, de la concentración en el zócalo capitalino surgen interrogantes que nos interpelan, a organizaciones convocantes y ciudadanía. Entre ellas, ¿por qué fue menor la presencia de gente joven? ¿Sólo porque las y los jóvenes de hoy no han vivido bajo un régimen electoral plagado de simulación, que podía “caerse” y robarnos el cambio? ¿Cuántos saben lo que significa ejercer el voto o por qué importa quién organiza las elecciones?
No podemos sólo suponer que la juventud es “apolítica”. A mucha gente joven le importa la defensa del medio ambiente, le indignan las desigualdades, le daña la violencia. Se moviliza y trabaja por esas causas, causas políticas. ¿Qué hace falta para transmitir mejor la urgencia de preservar un sistema electoral confiable, no para un partido, para toda la ciudadanía, de todos los colores? ¿Cómo enlazar mejor las causas que sí movilizan a la juventud con la defensa de la democracia electoral y real?
Y, también importante, ¿acaso las organizaciones convocantes no tienen vínculos con colectivos de jóvenes? ¿No han sabido acercarse a ellas y ellos? En la capacidad de convocatoria está también el potencial de atracción de un grupo que, si bien no se puede identificar con la diversidad de asistentes, sí podría – y debería- ser más representativo de esa pluralidad, empezando por la integración de nuevas generaciones.
A posteriori, surge también una preocupación: por segunda vez en pocos meses aparecen en las redes discursos excluyentes que justifican no participar en una marcha porque “la convoca gente blanca” (marcha y plantón contra la militarización el año pasado) o porque “la convocan panistas”. Entre las personas convocantes hay panistas pero también gente progresista, apartidista o que ha pertenecido a otros partidos; además, el PAN mismo dio en su momento la lucha por ensanchar la democracia.
Descalificar a cientos de miles de manifestantes o el sentido de una acción política porque se tiene una idea estereotipada de unos “organizadores” que atraerían a sus “huestes” para sus propios fines, o porque se equipara a un grupo con un partido y a este con el peor de los gobiernos, en mi opinión, equivoca el rumbo. Cada quien puede manifestarse con quien quiera pero, cuando la causa es de todos (como la vigencia de un sistema electoral confiable o el rechazo a la militarización), quizá habría que reconocer como una buena señal que las clases medias, incluyendo clases “altas” (que tampoco son homogéneas) se preocupen por la calidad de la vida política.
Quizá habría que recordar que en Chile, por ejemplo, las clases medias altas apoyaron a Pinochet, quien eliminó las elecciones. Aquí, gran parte de las clases medias altas, medias medias, y también sectores populares (que estaban en el zócalo), apoyan a una institución electoral (perfectible pero confiable) contra un afán autoritario de centralizar y controlar los resultados electorales. El tema es complicado pero hay que empezar a discutirlo a profundidad: una ciudadanía dividida cuando el debilitamiento de la democracia daña a todos y todas no beneficia más que al poder.
De la SCJN depende ahora nuestro derecho a votar en democracia. De nosotros, exigir partidos políticos con principios y congruencia; seguir denunciando la violencia y la militarización, construir alianzas, fortalecer el diálogo, alzar fuerte la voz desde la pluralidad contra la cerrazón autoritaria.
