Ciudad de México.- El pasado miércoles 22 de marzo, el Senado mexicano aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias junto con otras medidas que obligarían a deudores alimentarios morosos a cumplir con sus responsabilidades. Diana Luz Vázquez Ruiz, activista por los derechos de las infancias, ve este paso como algo positivo, pero señala que hay modificaciones que deberían hacerse a la iniciativa aprobada para garantizar el cumplimiento de su objetivo.
En entrevista con Cimacnoticias, Diana Luz Vázquez (quien encabeza el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios) señaló que, tras darse a conocer la decisión del Senado, varias mujeres se han acercado a ella para comentarle que sus deudores finalmente están pagando la pensión a sus hijas e hijos. En este sentido, califica como positiva la propuesta y celebra que finalmente se comience a mirar el problema de las paternidades ausentes.
No obstante, la activista también explicó que el dictamen votado contiene tres aspectos que podrían entorpecer su ejecución. Uno de ellos es que las personas deberán presentar un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para tramitar sus documentos de identidad, entre ellos la credencial del INE y el pasaporte.
Esto, de acuerdo con Vázquez Ruiz, podría provocar que la iniciativa ya aprobada se tenga que discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el riesgo de que se incurra en la violación del derecho a la identidad establecido en la Constitución mexicana.
Por otra parte, el dictamen establece que quien estará a cargo del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). De acuerdo con Diana Luz Vázquez, quien debería operar dicho registro es la Secretaría de Gobernación (Segob).
La razón de esto es que la Segob administra las bases de datos de los Registros Civiles y, en las entidades donde ya hay registros estatales de deudores alimentarios, son precisamente estos organismos quienes los administran. En este sentido, Segob podría generar una base de datos conjunta con los Registros Civiles de las 22 entidades donde ya hay un catálogo de deudores alimentarios morosos.
“El DIF Nacional no tiene ni la estructura ni el presupuesto ni el sistema operativo de información que tiene Segob para hacer operable el registro.”
Diana Luz Vázquez Ruiz
Finalmente, Vázquez Ruiz subrayó que la iniciativa aprobada en el Senado establece 90 días de incumplimiento de pensión alimentaria para que una persona sea considerada deudora. Desde el Frente Nacional del que forma parte, las madres autónomas han establecido que una medida más justa sería de 30 días.
Lo anterior tiene que ver, en primer lugar, por el tiempo que las madres seguirían cargando ellas solas con los gastos económicos familiares. En segundo lugar, estas madres tendrían que invertir todavía más dinero en abogados y trámites burocráticos. Además, establecer el plazo de 90 días únicamente retrasaría por más tiempo los procedimientos legales contra los deudores.
Iniciativa contra deudores alimentarios aún puede fortalecerse
El dictamen aprobado este 22 de marzo se trata de una iniciativa que se encontraba “en la congeladora” desde 2019 y que fue retomada por la diputada Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional (PAN). Como afirma Diana Luz Vázquez, con ella se da un avance importante al restringir los derechos de los deudores. Sin embargo, la iniciativa podría complementarse con algunas propuestas que ella ha incluido en la llamada Ley Sabina.
La Ley Sabina es una iniciativa impulsada por Vázquez Ruiz, la cual tiene la misma finalidad: obligar a los deudores alimentarios morosos a cumplir con sus responsabilidades económicas. En esta propuesta (que ya se está discutiendo en entidades como Michoacán y la Ciudad de México) se agregan varios elementos que podrían ser un buen complemento al dictamen de Torres Peimbert.
En primer lugar, la Ley Sabina propone que los exámenes de ADN requeridos en estos casos sean pagados por el padre y no por la madre, toda vez que es él quien debe comprobar sus lazos filiales con sus hijas e hijos. De igual forma, pide al Estado que el Poder Judicial cuente con laboratorios para realizar estos exámenes con especialistas en genética.
“Se nos han caído muchos casos porque quienes hacen las pruebas periciales de ADN son las Fiscalías y no son genetistas”, explica Diana Luz Vázquez sobre este punto. “Entonces se vuelve a hacer la prueba de ADN y son procesos que muchas madres ya no siguen.”
Diana Luz Vázquez Ruiz
Por otra parte, la Ley Sabina también pide que se incluya a la Unidad de Inteligencia Financiera en procesos relacionados con pensión alimentaria. Esto, debido a que muchos deudores suelen evadir sus responsabilidades ocultando sus ingresos o declarándose insolventes aún cuando su calidad de vida dice lo contrario. El papel de la Unidad de Inteligencia Financiera sería, entonces, dar a conocer los ingresos reales de estos padres ausentes.
Otra propuesta incluida en la Ley Sabina es que cuando los deudores soliciten un cambio en la guarda y custodia de sus hijos se les realicen exámenes psicológicos, debido a que en algunos casos tienen antecedentes de violencia que no son analizados correctamente. En este mismo sentido, la propuesta también impediría que los deudores alimentarios morosos soliciten la guarda y custodia de sus hijas e hijos si tienen dos años o más de incumplir con sus obligaciones.
Finalmente, con la Ley Sabina también se pide que únicamente se necesite de la madre para tramitar el pasaporte de los hijos e hijas cuando esté comprobado que el padre es un deudor alimentario. De igual forma, propone considerar como conducta delictiva el abandono de mujeres embarazadas.
La iniciativa aprobada el pasado miércoles ya concluyó todo el proceso legislativo que debía atravesar. Solo falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor, pero, mientras esto sucede, Diana Luz Vázquez Ruiz espera poder ayudar a complementar estas reformas que, por sí solas, pueden desencadenar que haya un registro público de deudores alimentarios en las 32 entidades de México.
Al mismo tiempo, la activista seguirá impulsado la Ley Sabina en los congresos locales. “Falta todavía un camino amplio por recorrer en el Legislativo”, afirma, “pero nosotras desde las colectivas y desde nuestra lucha seguiremos siendo muy insistentes en todo lo que hace falta todavía con esta deuda histórica con las mujeres”.
