Ciudad de México.- En la Cámara de Diputados se está impulsando una iniciativa que otorgaría incentivos fiscales a empresas que contraten a mujeres mayores de 45 años y a víctimas de violencia. Su objetivo es aumentar la participación de las mujeres en el ámbito laboral formal. No obstante, hay algunos vacíos en la propuesta que no contemplan aspectos como la violencia en los centros de trabajo, la estigmatización que viven las mujeres víctimas de diversos tipos de violencia y la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, aspectos que muchas veces limitan el campo laboral de las mexicanas.
La iniciativa fue presentada en San Lázaro por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, del Partido Acción Nacional (PAN). Con la propuesta se reformaría el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Gracias a esta modificación, dicho artículo estipularía que se otorguen incentivos fiscales a las empresas que contraten a mujeres mayores de 45 años y víctimas de violencia.
El proyecto (turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público) busca que las empresas puedan deducir el equivalente al 35 por ciento del salario efectivamente pagado a estas mujeres de sus ingresos acumulables para los efectos del ISR del ejercicio fiscal correspondiente. Para estos efectos, se considerará la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del ISR de la trabajadora.
La bancada del PAN respalda esta iniciativa que, por otra parte, no contempla otros obstáculos que impiden la participación de las mujeres en el campo laboral como la violencia en los centros de trabajo y la falta de un Sistema Nacional de Cuidados.
¿Es suficiente para minimizar el desempleo de mujeres?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2023, entre enero y marzo de este año, solo 46 de cada 100 mujeres en edad de trabajar fueron económicamente activas frente a la cifra de 76 por cada 100 en el caso de los hombres. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, quien también está a cargo de la ENOE) apunta que en México hay 15 millones 933 mil 811 mujeres sin afiliación a algún tipo de seguridad social. Esto quiere decir que todas esas mujeres no cuentan con un trabajo formal que le otorgue prestaciones.
Por su parte, los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que, en 2022, de ocho millones 434 mil mujeres aseguradas. De este total, seis millones 105 mil tenían entre 15 y 44 años, mientras que solo dos millones 328 mil superaron la edad de 45 años, lo que muestra una menor cantidad de mujeres mayores de 45 empleadas en el sector formal.
Una de las raíces de esta falta de participación de las mujeres en el sector económico formal tiene que ver con la carga de trabajos de cuidado no remunerados, la cual se recarga mayoritariamente sobre las mujeres. Según datos del Inegi, en México, las mujeres realizamos 2.3 veces más trabajo de cuidados que los hombres. Estas labores incluyen dar atención directa a una persona, pero también otras cosas como la preparación de alimentos y la limpieza del hogar, entre otras cuestiones por gestionar.
Para 2025, las cosas podrían empeorar: de acuerdo con ONU Mujeres, la población de adultas y adultos mayores de 60 años ascenderá a 17 millones de personas en nuestro país. Esto equivaldría a un 13 por ciento de la población total, la cual requerirá de cuidados especiales propios de su edad que serían cubiertos por mujeres en su mayoría (hijas y esposas entre ellas). A esto se sumará, además, la cantidad de personas que seguirán desarrollando secuelas tras haberse contagiado de Covid-19.
Tales circunstancias alejan a las mujeres de la oportunidad de buscar un empleo formal. Y, ante esto, un incentivo fiscal para las empresas puede no ser suficiente: aunque haya trabajo disponible, no hay garantías de que las mujeres puedan acceder a él debido a la falta de tiempo. De ahí que muchas mujeres decidan autoemplearse o recurrir a otras alternativas como el comercio informal.
En cuanto a las mujeres víctimas de violencia, si bien no hay cifras oficiales sobre sus índices de desempleo en México, diversos testimonios dejan ver que muchas de ellas pierden su empleo tras ser agredidas, ya sea por la necesidad de desplazarse ante amenazas (como en el caso de Virginia Ilescas Vela) o porque, precisamente, su lugar de trabajo era el escenario de las agresiones en su contra (como en el caso de Elvia Álvarez Marín, una mujer mayor de 40 años despedida tras denunciar hostigamiento laboral en su contra).
Como bien señala la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, cuando una mujer es violentada, en muchas ocasiones pierde su empleo, pero también su vivienda, sus recursos económicos e incluso a sus seres queridos, y su etapa de recuperación suele ser muy compleja. Pero, además de esto, carga con un estigma que muchas veces las cohíbe y les impide hablar abiertamente sobre sus experiencias. Siendo este el caso, ¿cómo podrían las empresas certificar que contrataron a una mujer víctima de violencia?
Además de esto, tal como han señalado las víctimas arriba citadas, mientras los mecanismos de atención a la violencia dentro de los centros laborales no funcionen, podrían presentarse más casos donde las mujeres se vean orilladas a abandonar su empleo o sean despedidas tras denunciar a sus superiores como agresores.
Si bien la propuesta de la legisladora Romero Velázquez pretende fomentar la integración de las mujeres al mundo laboral y mejorar su desarrollo personal y el de su familia, hay algunas consideraciones que deberían ser atendidas a la par para garantizar su inclusión en un mundo laboral libre de violencia y sin sobrecarga de trabajo al llegar a casa.
