Sahuayo, Michoacán.- Este martes 28 de marzo, un Tribunal federal aceptó un amparo interpuesto por la defensa de Frida Santamaría García, una joven de 22 años de edad asesinada en Michoacán en junio de 2022. El 24 de enero de este 2023, el presunto feminicida fue liberado de prisión y ahora está cumpliendo una condena domiciliaria de tres años. Sin embargo, si el amparo recibido a nivel federal avanza, esto podría cambiar.
Eduardo Santamaría —padre de Frida— declaró a Cimacnoticias que el amparo recién llevado a nivel federal fue elaborado por el abogado de la familia en conjunto con la organización Amnistía Internacional. En él se incluyeron 45 puntos a través de los cuales, a grandes rasgos, se solicita una revisión del caso.
Tal petición surge a raíz de que, si bien el asesinato de Frida se estaba investigando como feminicidio, el 4 de enero de este 2023, el juez Mario Sotelo —en complicidad con la Fiscalía de Jiquilpan y el fiscal Jorge Camacho Delgado— decidió reclasificarlo como homicidio culposo (es decir: determinó que la muerte de la joven había sido un accidente).
Lo anterior abrió la puerta a la sentencia de prisión domiciliaria que mantiene inconformes tanto a la familia de Frida Santamaría como al colectivo feminista Mujeres Andando Procesos por Autonomías Sororales (MAPAS), la cual brinda acompañamiento legal en el caso.
Ambas partes se mantienen a la espera de que el Tribunal federal que recibió el amparo les indique la sala y el magistrado federal con quien se dará continuidad al proceso. No obstante, temen que las autoridades que han llevado el caso hasta ahora obstaculicen el avance del amparo y, nuevamente, el camino a la obtención de justicia.
Familia de Frida Santamaría teme nuevas omisiones en el caso
El amparo interpuesto por la defensa de Frida Santamaría García forma parte de un largo camino legal en el que —señala su padre— la negligencia y corrupción de las autoridades es una constante que ha servido para proteger al presunto feminicida.
“Por sus parentescos políticos obviamente todo ha sido muy corrupto y estamos ahorita donde estamos nosotros”, aseveró Eduardo Santamaría, refiriéndose al hecho de que Juan Paulo N. es hijo de un expresidente municipal de Sahuayo, Michoacán, y cuñado del secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, cuyas iniciales son A.A.O.
Ya en ocasiones anteriores, Eduardo Santamaría declaró a Cimacnoticias que, entre otras cosas, no han dejado declarar a sus testigos y tampoco les permitieron hacer una recreación de los hechos. Por otra parte, ha señalado al magistrado Armando Pérez Gálvez por haber ratificado la sentencia contra el presunto feminicida por homicidio doloso y por no haber llevado hasta Morelia un amparo que su familia interpuso para revertir esta decisión.
A raíz de estas omisiones, los padres de Frida solicitaron llevar el caso con otro magistrado que no sea Pérez Gálvez. No obstante, el 9 febrero de este año, la magistrada Laura Elena Alanís García —de Morelia— rechazó esta petición.
Es por eso que el amparo interpuesto de la mano de Amnistía Internacional pasó también por la revisión de Armando Pérez, quien, afirma el padre de Frida, no tuvo “de otra” más que pasarlo a nivel federal por no encontrar un elemento para rechazarlo. Pese a este avance, el señor Eduardo Santamaría teme que el magistrado o algún otro funcionario haga «una trampa» que retrase la obtención de justicia en el caso.
Según le informó su abogado, la respuesta sobre el amparo interpuesto a nivel federal tarda entre ocho y diez días en llegar a partir de la fecha en la que se metió el recurso. Eso significa que tendrían noticias al respecto en estos días; pero Eduardo Santamaría espera que las autoridades no le informen en días inhábiles (al ser Semana Santa), algo que ya sucedió en diciembre del año pasado.
Mientras permanecen a la espera, los familiares de Frida Santamaría continúan exigiendo justicia ante la red de corrupción que presuntamente rodea el caso.
