- La iniciativa propone incrementar sanciones penales y administrativas en contra del funcionariado estatal y municipal que impida u obstaculice la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, con el fin de desalentar esas conductas. También incluye disposiciones para reforzar y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, así como fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para garantizar la protección de quienes enfrentan ataques por su labor.
Este miércoles 19 de abril se llevó a cabo el Conversatorio entre la Sociedad Civil y personas periodistas sobre la Iniciativa Ciudadana Hacia un nuevo sistema de protección a personas defensoras y periodistas en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO). Aquí, representantes de la sociedad civil y personas periodistas acordaron impulsar una Iniciativa Ciudadana que protege la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
Los asistentes al evento coincidieron en la necesidad de concretar un espacio común para seguir difundiendo el escenario de agresiones y criminalización de personas defensoras y periodistas e impulsar un foro amplio de discusión y denuncia en la materia. De igual forma, compartieron diversas opiniones sobre la Iniciativa Ciudadana con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones para proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de defender los derechos humanos en el estado de Oaxaca.
Al respecto, la integrante del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yesica Sánchez Maya, recordó que en agosto de 2022, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron al Congreso del Estado una iniciativa de reformas a cinco ordenamientos jurídicos locales, dirigidas a garantizar y proteger la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en Oaxaca.
Marcos Leyva Madrid, director de Servicios para Una Educación Alternativa (EDUCA) A.C., explicó que esta iniciativa propone incrementar sanciones penales y
administrativas en contra del funcionariado estatal y municipal que impida u obstaculice la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos; esto, con el fin de desalentar dichas conductas.
De igual forma, la propuesta incluye disposiciones para reforzar y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, así como fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para garantizar la protección de quienes enfrentan ataques por su labor.
La iniciativa está respaldada por 38 organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña, a la que ahora se suman integrantes del gremio periodístico. En conjunto, busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, el Código Penal, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Impunidad permea en el estado de Oaxaca
Las organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña hicieron hincapié en la necesidad de las reformas ante el aumento en la frecuencia y el nivel de violencia de los ataques contra periodistas y personas defensoras en el estado. Estos ataques han implicado asesinatos, allanamientos, amenazas y otros agravios, principalmente de servidores públicos.
En sus intervenciones, representantes de organizaciones y periodistas coincidieron en la existencia de un escenario de impunidad en el marco de los primeros meses de la nueva administración de Salomón Jara Cruz y la estrategia del Estado de dividir las diversas expresiones de oposición y solapar la impunidad.
También se compartió que tan solo del año 2018 a la fecha, 184 periodistas han sido víctimas de agresiones. Es por ello que las organizaciones reafirmaron la urgencia y necesidad de transitar de estas reformas que puedan hacer frente a la grave realidad que vive Oaxaca, confiando en el compromiso de la 65 legislatura en la materia.
Cabe destacar que esta iniciativa de reformas legales es respaldada por el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno federal, Enrique Irazoque Palazuelos y por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
