Ciudad de México.- Este miércoles 26 de julio, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron públicamente una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Las familias de los 43 buscan hablar con el mandatario para pedirle actuar frente a la negativa del Ejército mexicano de entregar documentos centrales para dar con el paradero de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Madres y padres lanzaron esta petición a un día de que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) presentara su último informe y anunciara que, en vista de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no quiere colaborar más con las investigaciones, su trabajo en el caso ha finalizado porque ya no hay rutas sobre las cuales avanzar.
La solicitud de la reunión con AMLO se dio en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). En ella también estuvieron presentes los representantes legales de las familias y las organizaciones SERAPAZ, Fundar y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Durante el evento, la señora Cristina Bautista Salvador —madre de Benjamín Asencio Bautista— expresó que tanto ella como el resto de madres y padres de los 43 se sienten muy tristes, enojados y preocupados por no poder alcanzar la verdad sobre lo que le sucedió a sus hijos. De igual forma, lamentó que López Obrador no esté cumpliendo lo que fue, de hecho, una de sus principales promesas de campaña y de sus primeros días de gobierno.
“No se está cumpliendo la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él nos dijo en su momento que si nosotros como madres y padres queremos que los expertos que hagan la investigación, pues van a venir”, afirmó en vista de que ahora está sucediendo todo lo contrario: las y los expertos se ven orillados a dejar México por la poca colaboración de la SEDENA.
Tras la salida del GIEI del país, las y los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa quieren dialogar con AMLO como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esto le da la facultad de dialogar y decidir sobre las acciones del Ejército y, por lo tanto, de ordenar la entrega de diversos documentos que contienen información clave en la búsqueda de los estudiantes y el esclarecimiento de lo que sucedió la noche de su desaparición.
Según aclaró el abogado Vidulfo González Sierra (representante legal en el caso Ayotzinapa), a partir de esa reunión se definirán los siguientes pasos en el caso, incluyendo si se seguirán manteniendo diálogos o no con el gobierno.
Lo que está por definirse —aseguró un representante del Centro Prodh— es “¿de qué lado va a estará el gobierno, si del lado del ejército y sus mentiras o del lado de las víctimas y la verdad?”.
Madres y padres insisten: gobierno debe escuchar al GIEI
Antes de la conferencia en el recinto del Centro Prodh, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa se reunieron con Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Además de hacerle llegar la solicitud de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los familiares de los estudiantes insistieron en que no hay avances claros sobre el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Según declaró González Sierra a la prensa, Alejandro Encinas aseguró que no hay divergencias entre el trabajo que ha hecho la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) y lo que el GIEI ha presentado en sus informes. Sin embargo, pese a que sí ha habido detenciones e investigaciones, las madres y los padres (quienes también forman parte de la CoVAJ) reiteran que no se ha aclarado lo ocurrido la noche de las desapariciones ni se ha dado con el paradero de sus hijos.
Por otro lado, el padre Emiliano Navarrete Victoriano declaró que el informe que la CoVAJ presentó en agosto de 2022 (donde se detalló cómo fue que supuestamente golpearon y torturaron a su hijo y a sus compañeros) fue un golpe psicológico terrible para madres y padres. Además, de acuerdo con el abogado Vidulfo González Sierra, esta parte central del informe no estaba basada en evidencias claras, por lo que no puede funcionar como punto de partida para diversas investigaciones.
Estas irregularidades hacen necesario que los siguientes pasos se den con base en el informe del GIEI, el cual fue respaldado por las familias de los normalistas y sus representantes legales al estar sustentado en evidencias y técnicas claras de investigación. Así lo declaró el abogado del caso, quien aseguró que para ellos no será válido cualquier otro informe que el gobierno quiera presentar, pues el documento elaborado por el GIEI contiene puntos clave para esclarecer los hechos.
Para complementar estos puntos clave, sin embargo, hacen falta los archivos que SEDENA no quiere entregar. En ellos hay transcripciones de llamadas telefónicas que dan indicios sobre la posible ubicación a la que fueron llevados los 43 normalistas. Una de las llamadas, por ejemplo, sugiere que 17 de ellos pudieron haber sido llevados a un lugar llamado Brecha de los Lobos, pero la información no puede corroborarse sin la colaboración del Ejército.
En diciembre de 2018, SEDENA firmó el decreto por medio del cual el gobierno de López Obrador se comprometió a esclarecer los hechos del caso Ayotzinapa. El Ejército, por su parte, se comprometió a colaborar en las investigaciones, por lo que su negativa reciente a entregar documentos al respecto está violando este decreto.
Asimismo, tal como declaró el abogado Vidulfo González Sierra, tan solo en términos jurídicos, la SEDENA tiene la obligación de entregar información relacionada con un hecho objeto de una investigación penal. De no hacerlo, entonces estaría violando la legislación al respecto y cometiendo un delito.
Con la salida del GIEI y los obstáculos que ha puesto SEDENA, la investigación de Ayotzinapa está prácticamente truncada. Además, ni las familias ni sus representantes legales han visto interés de parte de Rosendo Gómez Piedra, nuevo titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), que es quien lleva el caso.
“El gobierno no quiere trabajar con los expertos”, declaró Cristina Bautista Salvador. Pese a la salida del GIEI, la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa sigue en pie. Pero, mientras AMLO no ayude a movilizar la situación, el delito de SEDENA de no colaborar con las investigaciones seguirá siendo solapado e impedirá que finalmente haya justicia y verdad para los 43.
