Un año después del asesinato estatal de Jina Mahsa Amini y el inicio de las protestas nacionales “Mujer, Vida, Libertad” en Irán, no ha habido rendición de cuentas por parte de las autoridades respecto a las personas que han sido asesinadas en el marco de las manifestaciones, entre las que se encuentran 68 niños y 49 mujeres. Además, al menos 22 iraníes, entre ellos cuatro niños y ocho mujeres, se han suicidado en circunstancias sospechosas, acusó la organización Iran Human Rights (IHRNGO).
El pasado 16 de septiembre de 2022, cuando Mahsa Amini, de 22 años, murió en un hospital de Teherán en circunstancias sospechosas, las mujeres en Irán llegaron al hastío, mismo que por años se acumuló tras una serie de violencias y desigualdades que han enfrentado en aquel país.
Cabe recordar que Mahsa Amini fue víctima de asesinato estatal luego de que elementos de una Patrulla de Orientación -policía de moralidad religiosa del gobierno de Irán– la arrestaran por no usar el hiyab de acuerdo a las normas del país.
La policía aseguró que luego de trasladar a Amini al hospital sufrió un ataque al corazón y entró en coma; sin embargo, testigos afirmaron que la joven fue brutalmente golpeada y un grupo de observadores independientes determinó que Mahsa Amini murió como consecuencia de un derrame cerebral ocasionado por dicha agresión.
La muerte de Amini resultó en una serie de protestas en las que mujeres decidieron quitarse el hiyab y realizar diversas acciones. A ello las autoridades respondieron con violencia y represión.
Crímenes contra la humanidad
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre de 2022 estableció una Misión de Investigación en Irán en respuesta a los llamamientos de organizaciones de derechos humanos, incluida la IHRNGO, debido a la negativa de la República Islámica a permitir investigaciones independientes y cualquier medio para exigir responsabilidades.
Así se llegó a publicar el “Informe de protesta a un año: al menos 551 muertos y 22 muertes sospechosas”, en el que se enfatiza la importancia de documentar los crímenes de la República Islámica y se piden más esfuerzos y participación de todos los países comprometidos con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“La sangrienta represión de las protestas a nivel nacional que provocaron la muerte de cientos de hombres, mujeres y niños fue generalizada, sistemática y planificada por las autoridades y constituye crímenes contra la humanidad. Todos los perpetradores, desde Ali Jamenei hasta todas las fuerzas represivas, deben rendir cuentas por sus crímenes”, acusó el director de la organización, Mahmood Amiry-Moghadam.
La IHRNGO también reiteró la importancia de documentar las pruebas de los crímenes de la República Islámica y distinguirlos de la desinformación, ya que esto es de suma importancia para promover mecanismos que permitan responsabilizar a los perpetradores.
A lo anterior se suman los constantes esfuerzos de las autoridades iraníes por continuar violentando los derechos de las mujeres y niñas del país, ya que, por ejemplo, en marzo de 2023 se dio a conocer que niñas estaban sido envenenadas por inhalación en escuelas de ciudades como Teherán, Qom, Sari, Ardabil, Boroujerd, Torbat Jam y Qoochan y al menos 400 habían sido hospitalizadas, estas acciones habrían sido motivadas por grupos religiosos extremistas que se oponen a la educación de las niñas y mujeres.
Aunado a lo anterior, en el país se impulsa un proyecto de ley a través del cual se busca “imponer una carga onerosa a los ciudadanos comunes, obligándolos a participar en la degradación estatal de las mujeres sin velo”, detalló Jasmin Ramsey, subdirectora del Centro de Derechos Humanos en Irán.
Según la ley propuesta, los empleados del gobierno acusados de no usar un hijab adecuado o de no usar un hijab en absoluto enfrentarían deducciones salariales y de beneficios y podrían verse privados de su empleo.
Los dueños de negocios y su personal estarían obligados a monitorear y hacer cumplir la ley del hiyab obligatorio. De lo contrario, podría resultar en el cierre de sus negocios.
La ley propuesta también se dirige específicamente a las celebridades acusadas de participar o promover el acto de develación. Sus acciones se equiparan con actos contra la seguridad nacional, lo que lleva a una serie de castigos, que incluyen prohibiciones laborales, restricciones en el uso de las redes sociales y encarcelamiento.
“Al hacer cumplir un sistema de vigilancia y presentación de informes, se crea un ambiente de división y hostilidad entre los iraníes, lo que deja a las mujeres aún más vulnerables a la violencia”, explicó Ramsey.
