Ciudad de México.-El Congreso de la Ciudad de México va por la armonización de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, una reforma constitucional federal, que sería más fácil su instrumentación si los marcos locales se ajustan, y será este jueves o la próxima semana que pudiera aprobarse, con lo cual se impedirá a los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.
Esta ley se llama 3 de 3, porque es a nivel federal, estatal y municipal, para la función pública, para los cargos de elección y también para los órganos autónomos (jueces, magistrados, rectores de universidades, comisionados de derechos humanos), de esta forma, nadie al amparo del poder podrá estar ahí si viola un derecho en lo privado o lo público.
Sin embargo, la Ciudad de México no es el único que falta de contemplar en su legislación local la 3 de 3 contra la violencia, en la misma situación están Tlaxcala, Campeche, Veracruz, Morelos, Michoacán, Ciudad de México y Nuevo León, aun cuando es constitucional desde el pasado 29 de mayo y están a 11 días del vencimiento del plazo legal para armonizar sus legislaturas, que se cumple el próximo 25 de noviembre y coincide con la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de todo tipo de Violencia contra las Mujeres.
En entrevista con Cimacnoticias, Yndira Sandoval Sánchez, defensora por los derechos de las mujeres, fundadora de Las Constituyentes MX y una de las principales promotoras de esta serie de reformas, advirtió que con lo anterior se abre la posibilidad a que agresores ocupen cargos públicos, rumbo al proceso electoral del 2024.
Resaltó que, en el marco del proceso electoral 2024, aún hay 7 estados que deben reformas su legislación local, a fin de evitar que un violentador acceda a un cargo público, tal como ya lo establece el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que puntualiza:
“La suspensión de derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.
Pese a que lo anterior se debe contemplar ya a nivel nacional, una de las principales promotoras de esta serie de reformas insistió que faltan 7 estados en realizar las adecuaciones necesarias, por lo que deben armonizar de acuerdo a una reforma integral estatal, que implica poner requisitos claros para ocupar cada cargo público.
“Si así no lo hicieran, el principio constitucional que está en el artículo 38 da pie para que se ejecute, pero nos preocupa que empiecen a haber vicios de malinterpretación de la norma, que los agresores comiencen a ampararse e intenten darle la vuelta”, aseguró la defensora feminista.
Hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas son los estados que ya aprobaron y publicaron en sus respectivos periódicos oficiales la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres
Luego de que el 29 de mayo de 2023 se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la constitucionalidad de la 3 de 3 contra la violencia, algunos estados comenzaron a avanzar en la armonización de su propia constitución, así lo hicieron recientemente Chiapas y Tabasco.
Sandoval Sánchez explicó que, si bien en estos estados se reformó la Constitución local para incluir la 3 de 3 contra la violencia, aún es necesario que los congresos locales implementen una serie de reformas integrales que acompañen las adecuaciones.
La defensora por los derechos de las mujeres mencionó que la armonización abarca las tres esferas, esto es, por elección, designación y concurso, pero lo deja en un principio constitucional con el gran faltante de hacer las leyes secundarias que permitan darle armas a la administración pública local, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
“Con la armonización se dejan huecos en los estados, entonces alguien puede llegar y decir: ‘Aquí no dice que para que yo pueda ser funcionario público debo cumplir con esto’, por eso es necesaria la armonización”, afirmó.
Yndira Sandoval destacó como un ejemplo de una buena reforma lo hizo Yucatán, porque se realizó una reforma local integral desde junio 2022, que establece como requisito para acceder a un cargo público no ser deudor alimentario moroso; tampoco tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional y hostigamiento.
Agregó que el caso de Yucatán no es necesaria una sentencia para negar un cargo público, en la entidad no solo se reformó la Constitución, como fue el caso de Querétaro, Colima, Chiapas o Tabasco, también se reformaron las leyes de Derechos Humanos, de Instituciones y Participación Electoral, y de Partidos Políticos, así como el Código de Administración Pública de Yucatán, lo cual blinda la 3 de 3 contra la violencia y coloca freno a los agresores.
“Yucatán es el estado ideal para todo el país, a nivel federal, no habla de suspender derechos, habla de requisitos para ocupar los cargos de elección, designación y concurso desde el antecedente de violencia”, resaltó Yndira Sandoval.
Siete estados que preocupan
Yndira Sandoval indicó que son 7 estados donde aún no ha realizado la armonización de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y ya estamos a 11 días de que venza el plazo establecido para que cumplan, así detalló el caso de Tlaxcala, que es un estado donde fue presentada la 3 de 3 en 2020 de manera integral, pero no pasó nada, por lo que se volvió a presentar la iniciativa en 2023 y “hoy estamos pidiendo la armonización legislativa y no tienen nada, ni armonización ni han discutido ni han dictaminado las iniciativas que se encuentran en comisiones”.
Mencionó que otro estado que está en la misma situación, de que no tiene nada en lo local y nada armonizado en lo federal, es Campeche, en este caso, dijo, que es un estado gobernado por una mujer, su mandataria es Layda Sansores, de extracción morenistas, por lo que parece que “son mensajes delicados, de que no existe esta armonización legislativa local, pero tampoco ningún esfuerzo federal en materia de violencia contra las mujeres”.
Señaló que tercera entidad es Michoacán, donde no han armonizado lo local y tampoco tiene nada legislado estatalmente, el cuarto estado es Morelos, “debe ser algo que nos debe preocupar, porque la entidad nunca armonizó la paridad, nunca armonizó la violencia política, ni ha aprobado la 3 de 3 contra la violencia, que ha sido presentada por distintas diputadas, me parece que nos debe preocupar Morelos”.
Expresó que falta también Veracruz, que tiene dos iniciativas presentadas, una para armonizar el tema con el correlativo local y otra que está presentada desde 2022 para aprobarla en los términos de todas las leyes y todos los cargos, pero ninguna de las dos se aprueban.
“Son mensajes que la verdad preocupan, van coincidiendo en las fuerzas políticas que gobiernan en esas entidades y son las mismas fuerzas políticas que se la adjudicó (la Ley 3 de 3), entonces si es su reforma, tienen que ser coherentes, tienen que ser consecuentes con esto que promovieron, me preocupan, son cosas indignantes”, reprochó.
Comentó que el ahora designado coordinador de lo que le llaman Comités de la Defensa de la Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez, que le tocó la dictaminación muy a su pesar de Puntos Constitucionales en el Senado, tenga spots en Chiapas para promover su candidatura al gobierno del estado y que le llama “Ley Jaguar” a la Ley 3 de 3 contra la violencia a las mujeres, por lo que también está siendo utilizada para otros temas.
Dijo que la armonización de Chiapas se hizo hace un mes, la fueron a promover, “yo no he dejado de ir a los Congresos, nos faltaba Coahuila y Quintana Roo y eso lo resolvimos ahora en octubre que estuve en esos estados”.
Agregó que falta la Ciudad de México, pero el pasado lunes se realizó una sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales del Congreso capitalino para revisar la 3 de 3 contra la violencia, donde se vislumbra que habrá un voto en abstención y uno en contra y acordaron declararse en sesión permanente, en espera de que conseguir los consensos necesarios, porque sería una verdadera pena que por falta de consenso se deseche todo el proceso legislativo.
Sin embargo, añadió que existe la posibilidad que se logre, que pase este mismo jueves en el pleno o se aliste para la próxima semana y que llegue antes del 25 de noviembre, que es el día que se tiene prevista para que ya se armonice la 3 de 3 en la Ciudad de México.
Precisó que tuvo que pasar algo similar a lo que sucedió en el Senado, hacer que sacaran del orden del día otros temas:
Apuntó que el séptimo estado que falta de armonizar, que está sin gobernador, porque su mandatario Samuel Ruiz pidió licencia para buscar la candidatura presidencial, es Nuevo León, cuyo gobierno está bajo el mando de Movimiento Ciudadano (MC).
Recordó que Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro, militante de MC, fue único estado que no votó la 3 de 3 como constituyente permanente en su momento, actualmente ya la votó, pero la entidad no contó para que fuera reforma constitucional, “ahora ya lo votaron, y ya tienen reforma local y ya la armonizaron.
Además, reprochó que MC es un partido político que amenazó permanente con impugnar la 3 de 3 contra la violencia frente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso impugnó el acuerdo de paridad de las gubernaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), y ahorita quien falta de armonizar es Nuevo León, que también es gobernado por MC.
La llamada Ley 3 de 3 ya quedó plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ningún agresor sexual, deudor alimenticio y culpables de violencia de género podrán competir por un cargo de elección popular ni ocupar un puesto en el servicio público.
Estos cambios aplican para quienes tengan sentencias por delitos como crímenes de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica o violación a la intimidad sexual. Además de violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades.
¿En qué casos aplica la Ley 3 de 3?
La Ley 3 de 3 prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.
También aplica para quienes tengan sentencias por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Asimismo, incluye los crímenes de: violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Cabe recordar que esta iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, fue aprobada el pasado 28 de abril en la Cámara de Diputados; sin embargo, debido a que se trata de una modificación a la Carta Magna, el dictamen también debía ser avalado por lo menos en 17 congresos locales antes del 1 de junio del año en curso para que pudiera ser aplicada en las próximas elecciones del 2024.
Fueron 23 las legislaturas locales que aprobaron el dictamen: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
