Ciudad de México.- Ante diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, afirmó que se mantiene en la idea de transformar a la CNDH, ya que “no responde a las necesidades del pueblo mexicano”, por lo que consideró necesario la creación de una defensoría nacional de los derechos del pueblo, como un nuevo organismo más dinámico, comprometido y proactivo.
Es oportuno señalar que a nivel federal, surgió este organismo el 13 de febrero de 1989 y lo hizo dentro de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Derechos Humanos. Al año siguiente, el 6 de junio de 1990, por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari, se fundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha Secretaría.
Fue entonces que la protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992. Posteriormente, el 13 de septiembre de 1999, por medio de otra reforma constitucional, se le otorgó a la CNDH autonomía de gestión y presupuesto, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.
En los últimos años el presupuesto de la CNDH ha sido: en el 2020 de mil 874 millones 207 mil 802 pesos; en el año 2021, el monto presupuestal asignado fue de mil 679 millones 905 mil 810 pesos, mientras que para el año 2022 el presupuesto ascendió a mil 722 millones 324 mil 772 pesos.
En sesión presencial, Piedra Ibarra presentó su informe de actividades 2023, donde indicó que han tratado de ir más allá de sus posibilidades, ejerciendo también acciones de prevención, gestión y, en su caso, de acompañamiento a las víctimas en sus demandas ante las autoridades, lo que ha implicado una permanente comunicación interinstitucional.
“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a la CNDH, ya que no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que la defensoría nacional de los derechos del pueblo emerja como una nueva institución, más aún de que es indispensable reformar el sistema jurisdiccional mexicano para cumplir cabalmente con el artículo 1º de la Constitución”, destacó.
Aclaró que continúan desahogando las recomendaciones que quedaron pendientes de cumplimiento, pues tan solo al inicio de la actual presidencia de la Comisión se recibieron 508 recomendaciones sin cumplimiento, siendo la más antigua la de la Guerra Sucia, emitida en 2001, mientras que en la del caso Ayotzinapa se está integrando un nuevo proyecto de recomendación.
Entre las acciones, destacó que se ha fortalecido la presencia nacional mediante la transformación de las 16 oficinas foráneas, que eran monotemáticas, en oficinas regionales, de manera que hoy hay representación prácticamente en todo el país, se reciben quejas de todo tipo y se emiten recomendaciones.
Subrayó que la única manera de hacer cumplir la ley es devolviéndole las instituciones al pueblo, pues en el caso de la CNDH desde su creación emite recomendaciones que no tienen carácter de obligatoriedad, lo que contradice lo que mandata el 1º constitucional, además que está estancada en acciones reactivas, cuando en realidad se requiere prevenir, asumir resoluciones con rapidez y eficacia e incidir en políticas públicas.
Precisó que durante 2023 se registraron 153 mil 261 documentos en el Sistema Integral de Quejas y 73 mil 66 solicitudes de atención, de las cuales 60 mil 342 fueron escritos de quejas. “Nuestra transformación ha puesto al centro a las víctimas, empieza con una mayor recepción de estos documentos y a partir de ahí se acelera su calificación con criterio de progresividad”.
Resaltó que 13 mil 1 expedientes fueron resueltos durante su tramitación, lo que dio solución a su problemática en favor de 37 mil 961 personas agraviadas o quejosas; representa el 62.90 por ciento de los expedientes concluidos.
Agregó que durante en 2023 se presentaron 29 solicitudes ante el Senado para llamar a comparecer a autoridades omisas en la aceptación de una recomendación y 371 denuncias, de las cuales 73 son del ámbito penal.
“Un problema que enfrentamos en la reparación integral, que es una constante, es la falta de las autoridades recomendadas para dar cumplimiento a la reparación económica, lo que evidencia la inoperancia del modelo que tenemos actualmente”, En ese lapso también se solicitó a diversas autoridades 116 medidas precautorias o cautelares y 80 demandas de acción de inconstitucionalidad, precisó.
Mencionó que del total de las recomendaciones, 7 fueron emitidas para personas periodistas y defensoras de derechos humanos, 4 relacionadas con personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y 23 en materia de personas desaparecidas. En el tema migratorio, añadió que de las 845 visitas de supervisión se atendió a 24 mil 891 extranjeros y se emitió un total de 37 recomendaciones.
Resaltó que ni la presidencia ni ningún alto cargo de la CNDH gana más que el Presidente de la República, que se haya gastado millones en viáticos o banquetes, en recursos públicos para bonos, percepciones extraordinarias ni ostentosos peajes o tarjetas corporativas, ni se ha contratado a familiares o amigos.
Al concluir, Ibarra Piedra afirmó que el pueblo reconoce la verdad y a sus enemigos, y no permitirá que se cancele la promesa del mañana que al fin se convirtió en el hoy y “depende de todas y todos que se convierta en una realidad”.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión Permanente, diputada Marcela Guerra Castillo, tras recibir el informe y turnarlo a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, destacó el papel que desempeña este organismo constitucionalmente autónomo “porque se constituye como la defensoría del pueblo”.
“Frente a los abusos de poder que se dan en la estructura del Estado, la CNDH tiene la alta responsabilidad de mantener a las autoridades dentro de sus riles normativos, evitando que se afecten las libertades públicas fundamentales de las y los ciudadanos, garantizando la protección entre los derechos humanos.
“La autonomía de este organismo salvaguarda la protección, observancia y promoción de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano”, abundó.
Posicionamiento de grupos parlamentarios
La diputada morenista, Alma Delia Navarrete Rivera, dijo que la CNDH en 2023 emitió más recomendaciones que en toda su historia. Está haciendo su trabajo, y se ha transformado para trabajar por las y los mexicanos, no para una élite que quiere conservar sus privilegios; aumentó 44 por ciento su eficiencia, se ha enfocado en la resolución pronta de expedientes y brinda acompañamiento y asesoramiento a las víctimas.
A su vez, la diputada del partido guinda, Marisol García Segura, expuso que el informe de actividades de la Comisión muestra que se han emitido más recomendaciones, resoluciones y acciones de inconstitucionalidad como nunca antes. “Hoy la CNDH emite el mayor número de recomendaciones en toda su historia y destaca el trabajo realizado con las víctimas y familiares de desaparecidos, de feminicidios, activistas y defensoras”.
El diputado panistas, Iván Arturo Rodríguez Rivera, resaltó que el país enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes, dado que la violencia e inseguridad se han disparado. “Es urgente que la CNDH recupere el vigor. En este país quienes necesitan ser defendidos son las víctimas y ciudadanos que enfrentan incertidumbre y un ambiente hostil a la libertad”.
Por su parte, la senadora del blanquiazul, Estrella Rojas Loreto, señaló que, en materia de desaparecidos, durante este sexenio una persona desaparece cada hora y entre el 1° de diciembre de 2018 y mayo de 2023 se registró un promedio de 25 personas desaparecidas por día en el país.
Asimismo, dijo que la CNDH ha abandonado a las personas desplazadas y defensoras de derechos humanos, pues hay casi 400 mil personas desplazadas, siendo la peor cifra registrada.
La diputada priista, Sue Ellen Bernal Bolnik, destacó que actualmente nuestro país padece muchas formas de violencia y violaciones a derechos humanos. “Como nunca antes la CNDH ha abandonado a las y los ciudadanos; su paso por la presidencia dejará una huella, será recordada por todas las omisiones, y se le ha olvidado que la Comisión tiene el objetivo de ayudar a las personas que han sido vulneradas en sus garantías por parte del Estado”.
