Ciudad de México.- Con seis años de retraso, el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó una multa al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 23.5 millones de pesos, por no comprobar el destino de 11.7 millones de pesos que por ley debió destinar para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el ejercicio de 2018. La investigación, que inició el órgano electoral en 2019 y concluyó apenas a finales de marzo de 2024, es decir, años después.
Los partidos políticos están obligados a destinar, como mínimo, el 3% del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Para ello, deben realizar la programación anual de los recursos, que pueden ser orientados a tres tipos de proyectos: de capacitación, de investigación y de divulgación, estos se conocen como Programas Anuales de Trabajo.
Además, el INE informó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de estos hechos, a fin de determinar lo que corresponda a derecho en contra del PVEM, partido que no reportó con veracidad las operaciones por un monto de 11 millones 798 mil 400 pesos, recursos que se debieron utilizar para la capacitación de las mujeres militantes del Partido Verde.
El consejero electoral y presidente de la Comisión de Fiscalización, Jorge Montaño Ventura, detalló que en el reporte que presentó el PVEM expone que “supuestamente” pagó por la realización de un curso y un seminario vía online, así como para la difusión de un video promocional, con los cuales “pretendió” cumplir con sus obligaciones de destinar el porcentaje del financiamiento público que recibió para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en el ejercicio 2018.
En el proyecto revisado en sesión del Consejo General del INE, se razonó que el partido político no aportó la documentación que permitiera acreditar el grado de cumplimiento y los resultados obtenidos del curso y del seminario que supuestamente impartió a diversas ciudadanas, al contratar los servicios de las empresas Innova Calidad, Universidad de Ciencias de la Calidad y Comercializadora Marketing Mobile Puebla.
Se demostró que dichos cursos estuvieran alojados en las plataformas donde presuntamente se habían impartido. “De la misma manera, en el proyecto se analiza que los proveedores contratados no proporcionaron la evidencia sobre las calificaciones que obtuvieron las participantes de estos cursos, aun cuando los contratos celebrados obligaban a realizar evaluaciones a cada participante y proporcionar los resultados al Partido Verde.
Tampoco se aportó evidencia de la conclusión de los cursos ni de la entrega de constancias y/o reconocimientos a las ciudadanas que supuestamente fueron capacitadas”, señala la investigación.
Como lo mencionó el consejero electoral, Jorge Montaño Ventura, este incumplimiento «es grave», debido a que esta autoridad electoral ha dirigido sus esfuerzos para acortar la brecha de desigualdad que enfrentan las mujeres, respecto de los recursos que les son otorgados para cumplir con los principios constitucionales de aplicación transversal, como son la paridad y el género.
Por todas estas circunstancias, “… se impone al Partido Verde Ecologista de México una reducción del 25 por ciento de la ministración mensual que le corresponda, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 23 millones 596 mil 800”, indica el proyecto que fue avalado por el Consejo General del INE.
Jorge Montaño Ventura agradeció el esfuerzo y el trabajo de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, de la Unidad Técnica de Fiscalización y de las y los asesores de las consejerías, ya que estos proyectos fueron analizados en un muy corto periodo de tiempo y fueron robustecidos con sus valiosos comentarios y aportaciones.
En las investigaciones iniciadas en 2019, la Unidad de Fiscalización del INE concluyó que el Partido Verde incurrió en una conducta dolosa, al omitir reportar con veracidad el destino de las prerrogativas que por ley le corresponden a la capacitación de las mujeres, a sabiendas de que la misma era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real.
Según las indagaciones, el objetivo era engañar a la autoridad electoral, a fin de lograr un beneficio, al citar como ejemplo que de las mil 300 licencias otorgadas para un curso en línea, solo 51 personas iniciaron y concluyeron el programa, en tanto que no se pudo comprobar el pago a la Universidad en Ciencias de la Calidad (UNICICAL) por un montón de 5.5 millones de pesos por dos cursos de equidad de género y marketing político, en cuya sede donde se habrían impartido ambos cursos.
La investigación calificó como inverosímil que un proveedor que afirma ser una Universidad como la UNICICAL, que reporta facturación promedio de 7 millones de pesos mensuales, tenga como principal lugar para realizar sus actividades, un domicilio que el Instituto Nacional de la Vivienda otorga, principalmente, a ciudadanos que cuenta con bajos recursos económicos.
Ante esa situación, el INE recordó que su tarea es la de vigilar que todas las erogaciones se encuentren debidamente vinculadas con la actividad correspondiente, así como verificar que las evidencias proporcionadas comprueben su realización, con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía y racionalidad.
Desarrollo del liderazgo político de las mujeres
El Estado mexicano ha impulsado diversas acciones para garantizar el goce y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, prueba de ello es la reforma constitucional de 2014 con la que se incorporó el principio de paridad entre los géneros con criterios horizontales y verticales en candidaturas a legislaturas federales y locales.
Lo anterior, sumado a la publicación de la reforma constitucional del 6 de junio de 2019, conocida como “Paridad en todo”, con la que se estableció la obligatoriedad del principio de paridad para las postulaciones a todos los cargos de elección popular, así como asegurar que la mitad de los puestos de toma de decisiones de designación sean ocupados por mujeres en los tres poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial), en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.
Asimismo, el 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones en ocho leyes del marco jurídico mexicano1 para establecer previsiones sin precedentes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPcMRG).
Bajo este marco normativo, el presente documento expone, en primera instancia, la importancia de la creación de espacios de formación política para mujeres que pretenden postularse como candidatas a puestos de elección popular o interesadas en este ámbito, pensando en un primer momento en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2023-2024. Igualmente, se desarrolla de manera general la propuesta del Programa de Liderazgo de las mujeres en la política, mismo que se estima iniciar en 2022, en tres etapas:
● Primera etapa. Alianzas estratégicas.
● Segunda etapa. Diseño de contenidos y metodología.
● Tercera etapa. Implementación de primera emisión y análisis de resultados.
