El viernes pasado a través de un post en su página de Facebook, la Fiscalía del Estado de Veracruz confirmó la aprehensión de ocho personas por el homicidio de Roxana Guzmán, entre ellos cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales.
Lo que la Fiscalía comunicó como un “homicidio”, se trata del feminicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste.
El asesinato de Roxana Guzmán es el tercer homicidio de un periodista registrado en el estado de Veracruz y el cuarto en México en apenas seis meses.
Veracruz es el estado número ocho entre las entidades de mayor riesgo para las mujeres periodistas. Desde agosto de 2009 a junio de 2026, se han registrado 163 agresiones contra mujeres periodistas en la entidad. De ellas, siete casos fueron feminicidio derivado de su labor periodística, el de Roxana sería el octavo.
La Fiscalía tardó un mes y un día en localizar e identificar a Roxana tras la privación de su libertad comandada por un grupo armado el pasado 2 de junio.
Aunque el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que Veracruz tuvo tres gobernadores (Javier Duarte de Ochoa, Flavino Ríos Alvardo y Miguel Ángel Yunes Linares), se posiciona como el más violento con 70 casos, en lo que va del sexenio de Claudia Sheibaum (poco menos de dos años) y el respectivo gobierno estatal de Rocío Nahle García, ya suman 26 agresiones.
La gobernadora Rocío Nahle García ha sostenido que las agresiones registradas recientemente en la entidad «no son por su trabajo periodístico» y ha rechazado la existencia de un patrón de violencia contra la prensa, aunque corresponde a las autoridades investigar, sin prejuicios y con la debida diligencia, si las agresiones tuvieron el objetivo de frenar su ejercicio periodístico.
Colindando con Veracruz, al norte, San Luis Potosí, es el estado más riesgoso para las periodistas en el último trimestre, ya que registró seis casos derivados de las protestas sociales y de la intención de control de las voces críticas a través de nombrada “Ley Serrano”.
Fue en noviembre de 2025 cuando el gobernador Ricardo Gallardo atribuyó a inteligencia artificial unos videos que lo ligaban con el crimen organizado. Entonces el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local para sancionar el «uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social» hasta con seis años de cárcel. En cuestión de días, el Congreso de San Luis Potosí aprobó la reforma.
Pese al pronóstico de que la ley podría usarse para sancionar la libertad de expresión, en mayo de 2026, se puso a prueba. Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo fueron detenidas y recientemente, el diputado Serrano agredió a la periodista Margarita Zacarías en el marco de la cobertura de una serie de protestas en contra de una reforma promovida por él.
A una semana de la protesta de periodistas, el Poder Legislativo creó una Comisión Especial de Atención a Periodistas para dar seguimiento a agresiones, uno de sus integrantes fue el propio Héctor Serrano Cortés, quien ha emprendido denuncias penales contra periodistas. La comisión también quedó integrada por la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, quien durante la manifestación autorizó solicitar el apoyo de la fuerza pública para resguardar el recinto legislativo.
Finalmente, esta semana la Corte podría sentar un precedente importante para la protección de las periodistas.
Luego de que el 24 de febrero de 2026 llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el primer caso de una mujer periodista, este 8 de julio se sesionará nuevamente la protección a periodistas. Estaban enlistados para el 2 de julio pero no alcanzó, esperemos esta semana sí se logre sesionar.
Myrna Susana Gómez Vázquez es una periodista mexicana en desplazamiento forzado desde 2019, junto con sus dos hijas. A raíz del riesgo por su labor, Myrna fue incorporada al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Su caso ejemplifica lo que las periodistas enfrentan, no solo el riesgo, sino la ausencia de medidas integrales que la atiendan de manera específica por ser periodista, mujer y madre. Su caso revela la falta de incumplimiento a los estándares y derechos que subyacen del Desplazamiento Forzado Interno como la atención integral y la ausencia de planes de retorno.
De acuerdo con la Ley de Protección, existe un plazo de 30 días para presentar una inconformidad por las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección, este plazo resulta insuficiente cuando una periodista está en riesgo, como lo señaló acertadamente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
El caso fue desechado por la SCJN y será presentado nuevamente esta semana. La resolución que adopte la Suprema Corte representa una oportunidad histórica para sentar un precedente clave para la protección de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, fortalecer el acceso a la justicia de mujeres periodistas en situación de riesgo, establecer criterios sobre la atención a casos que involucran violencia de género, desplazamiento forzado e interés superior de la niñez y orientar la actuación de las autoridades frente a contextos de riesgo para periodistas y personas defensoras.
Lo que sucede en San Luis Potosí y Veracruz confirma la tendencia señalada por CIMAC en nuestro informe anual 2025 y el informe anual del mismo año de Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la prensa en las Américas y la violencia contra la prensa se habría profundizado en 2025 superando las cifras registradas, particularmente contra las mujeres periodistas.
