Ciudad de México.- Este 28 de abril se cumplen 14 años del feminicidio de la periodista y corresponsal de Proceso y La Jornada, Regina Martínez Pérez, quien fue asesinada en el estado de Veracruz en el 2012, lugar que ha representado para el gremio periodístico un riesgo para el ejercicio de su labor.
Datos de Artículo 19 indican que desde el 2000 hasta la actualidad, asesinaron a un total de 176 personas periodistas, de las cuales 32 ocurrieron en el estado de Veracruz, siendo esta la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo. Entre las periodistas asesinadas se encuentran Yolanda Ordaz de la Cruz (2011), Regina Martínez (2012), Anabel Flores (2016), y María Elena Ferral (2020).
En el periodo en que la periodista Regina Martinez fue asesinada, México atravesaba la llamada guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, con ello hubo un repunte de violencia en gran parte del país, particularmente en delitos contra la libertad de expresión.
Cabe resaltar que el estado de Veracruz posee dos características particulares que permiten escenarios de censura y violencia contra la prensa. El primero es su descentralización de otras ciudades donde el periodismo es un fenómeno homogéneo, y el segundo son las relaciones de medios con los poderes políticos, económicos y de delincuencia organizada, así lo establece la investigación “Periodismo impreso, poderes y violencia en Veracruz”.
De acuerdo con el informe «Las formas del Asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador» de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), la entidad de Veracruz es la cuarta en donde ocurren más ataques contra las comunicadoras con un total de 52 agresiones, quienes enfrentan violencias diferenciadas por su labor y género.
El feminicidio de la periodista Regina Martínez aconteció durante el gobierno del priísta Javier Duarte quien gobernó del 2010 al 2016, no obstante, así han seguido cinco administraciones y ninguna ha podido hacer la diferencia. Luego de Duarte, vino Flavino Ríos Alvarado, otro priísta que fue sustituto de octubre a noviembre del 2016 tras la licencia del exgobernador.
Posteriormente, el estado fue gobernado por Miguel ángel Yunes Linares por la coalición del Partido Acción Nacional y el ya extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 2016 y 2018. A este le procedió Cuitláhuac García Jiménez de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) quien se mantuvo en el cargo de 2018 a 2024, hasta la llegada de Rocío Nahle García, perteneciente al mismo partido.
En ninguno de ellos, se halló al responsable del asesinato de Regina Martínez quien investigaba sobre temas como el despojo de tierras, las relaciones entre el gobierno y el crimen organizado y la violencia sexual por parte de militares contra poblaciones indígenas. De hecho, fue ella quien llevó el caso de Ernestina Ascencio, una mujer náhuatl víctima de violación por parte de miembros del Ejército.
Desde su asesinato el cual aconteció en su propia casa, su caso se estancó y la periodista enfrentó revictimización. Durante el gobierno del ex gobernador Javier Duarte y hoy preso en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, medios afines al poder sirvieron de portavoz para denostar su personalidad y trayectoria.
De acuerdo con la organización Propuesta Cívica, tras su asesinato, las investigaciones seguidas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado, estuvieron plagadas de inconsistencias en su integración y serias omisiones como el agotamiento de las líneas de investigación tendientes a vincular el crimen como represalia por la labor periodística ejercida por Regina, la autoridad estableció que los hechos tuvieron como móvil un “crimen pasional”, para después manejar los hechos como un robo violento.
Su trayectoria
Regina Martínez López estudió periodismo en la Universidad Veracruzana. Una vez concluida la carrera trabajó en TV Más en Veracruz y, más tarde, se mudó a Chiapas, donde trabajó como reportera para los medios El Sol de Chiapas y Número Uno en Chiapas. Tras regresar a Veracruz, Martínez estuvo en el diario Política para luego trabajar en La Jornada y en la revista Proceso, el último medio para el que colaboró.
En esta trayectoria, la periodista tuvo contacto con el Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata” y los campesinos floricultores de Coatepec, quienes confiaban plenamente en su cobertura dada la preocupación real que ella demostraba ante el despojo de tierras y la violencia contra las comunidades indígenas de Veracruz.
Martínez Pérez dejó ver este compromiso junto con su agudeza periodística en 2006, cuando alertó sobre los riesgos ambientales y sanitarios que existían en ese entonces en las granjas porcinas impuestas en el pueblo de La Gloria. Años después, cuando se desató la pandemia de influenza AH1N1 en 2009, las autoridades de salud apuntaron a dichas granjas como la probable causa de esta emergencia sanitaria.
Entre todos sus trabajos, Martínez Pérez tenía un marcado interés en develar las redes de corrupción en el gobierno veracruzano. Así, en sus notas aparecía nombrado constantemente el priista Fidel Herrera Beltrán, quien gobernó Veracruz desde 2004 hasta 2010. Según denunció Martínez, durante ese periodo reinó la opacidad en cuanto al monto real de la deuda pública de Veracruz. Además, la periodista estaba convencida de que tanto Herrera como Javier Duarte habían dejado al estado en manos de los grupos del crimen organizado.
Han sido varios los intentos de organizaciones por encontrar justicia y reabrir el caso de Regina Martinez.
En 2023, la organización Propuesta Cívica solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocer a la Revista Proceso como víctima indirecta tras el feminicidio de la periodista, pero la solicitud fue negada. Además, en mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a que su Gobierno retomaría el caso, lo cual recuerda a la promesa que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando fungió como presidente y nunca cumplió.
