Ciudad de México.- A dos meses de la represión que sufrieron mujeres de Zacatecas durante la marcha del 8 de marzo pasado, donde fueron víctimas de abuso de autoridad y brutalidad policial, que resultó en actos de tortura, detención ilegal, privación de la libertad y lesiones, integrantes de colectivas feministas señalaron que a pesar de la evidencia pública de estos actos represivos, siguen sin ver justicia, pues ninguna autoridad ha sido sancionada hasta el momento.
Afirmaron que no permitirán que este agravio histórico quede en el olvido. “Seguiremos buscando justicia y exigiendo que estos actos de violencia no se repitan nunca más”.
Si se profundiza en el análisis, los documentos filtrados por Guacamaya Leaks han dejado ver que el Estado mexicano tiene en la mira al movimiento feminista como enemigas. Incluso, en los correos electrónicos extraídos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se publicó información sobre cinco feministas que estaban fichadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; dicha fiscalía también conoce sus paraderos.
Por lo que sucedió en esta manifestación, no es un hecho aislado, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) reportó que en los estados de Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México hubo por lo menos 19 mujeres periodistas agredidas, en el marco de las manifestaciones por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 2024.
Así, que en esto dos meses transcurridos en total impunidad, este miércoles 8 de mayo, las defensoras zacatecanas se reunirán con el equipo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), para dar seguimiento a sus demandas y continuar luchando contra la impunidad. El equipo del Alto Comisionado estará en Zacatecas en cumplimiento del compromiso expresado en reunión que tuvimos el pasado 12 de marzo en la Ciudad de México.
En un pronunciamiento dado a conocer al cumplirse dos meses de los hechos, las integrantes de colectivas feministas expresaron que en México, particularmente en Zacatecas, la violencia y la impunidad han tejido un complejo panorama como resultado de políticas estructurales, especialmente en el ámbito de la seguridad pública.
Este clima ha desencadenado un deterioro progresivo y una crisis de seguridad humana, marcada por un aumento en delitos como feminicidios, homicidios dolosos de mujeres y desapariciones forzadas de mujeres y niñas. La violencia familiar y los delitos contra mujeres y niñas también han experimentado un incremento.
Indicaron que la marcha y concentración masiva del 8 de marzo, en la que miles de mujeres zacatecanas participaron, es un claro reflejo de la indignación y la urgencia de esa situación. Sin embargo, estas manifestaciones de la sociedad civil chocan directamente con una política gubernamental que, aunque proclamó el año 2024 como el año de la paz, no ha respaldado este decreto con acciones concretas.
Reiteran demanda de destitución de responsables directos
Precisaron que ante esta situación, continúan con la exigencia de la destitución de los responsables directos, entre ellos Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario General de Gobierno; Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, y Oswaldo Caldera Murillo, director de Policía Vial, así como de los elementos policiales implicados en los actos de violencia.
Destacaron como importante que estos acontecimientos representan una clara violación de múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos, que incluye la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
Por lo anterior, se dirigieron a las personas relatoras y expertas en derechos humanos de los mecanismos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención para:
Obtener información detallada sobre los hechos.
Detener cualquier acción revictimizante contra las mujeres afectadas.
Prevenir futuras acciones institucionales estigmatizantes contra defensoras de derechos humanos y manifestantes.
Otorgar medidas de protección a las víctimas.
Realizar una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.
Informar sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la verdad histórica y prevenir la repetición de tales violaciones.
Cabe señalar que las tensiones se habrían intensificado al final de la marcha del 8M, cuando un grupo de mujeres derribó una de las vallas colocadas en la puerta del Palacio de Gobierno. En respuesta, los policías antimotines encapsularon a las manifestantes, deteniéndolas y utilizando escudos para empujar a las demás participantes.
Entre las detenidas se encontraba la reportera Nancy García, del portal Es cuanto, quien estaba documentando los acontecimientos. La violencia ejercida por las autoridades, no estuvo a la altura de lo que se desarrollaba como una marcha pacífica, por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y extintores por parte de la policía afectó a todas las manifestantes, incluidas niñas presentes en la marcha.
Además, fotoperiodistas que estaban cubriendo la manifestación, como Flor Castañeda de El Sol de Zacatecas, Jesse Mireles del diario NTR y Nayeli de León del periódico Página 24, fueron agredidas durante el incidente, puntualizó Lucía Lagunes durante la entrevista radiofónica con Lucía Lagunes les realizó el pasado 13 de marzo, en la transmisión del programa radiofónico Análisis Feminista.
Como se ha documentado desde el pasado 8 de marzo, tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hubo represión en varias entidades del México y fue Zacatecas la que mayores índices de violencia registró contra las participantes, pero de forma reciente se detalló en el programa de Análisis Feminista conducido por la periodista Lucía Lagunes Huerta, que en esa entidad hubo una campaña previa de desprestigio en la que se aseguraba que “la marcha iba a ser violenta”.
En esa entrevista radiofónica con Lagunes Huerta, estuvieron Ana Emilia Pesci Martínez, integrante del Movimiento Feminista en Zacatecas y Cristela Trejo, abogada feminista, defensora de Derechos Humanos e integrante del Movimiento Feminista de Zacatecas, ambas relataron el clima enrarecido previo a la manifestación del 8M y detallaron las acciones que sostienen para buscar justicia tras los hechos violentos de las autoridades estatales.
Pesci Martínez señaló de primera mano, los sucesos ocurridos durante el 8M y declaró que “desde días anteriores a la movilización realizaron una campaña de desprestigio por parte del gobierno del estado, asegurando que la marcha iba a ser violenta. Y, aunque no podamos comprobar que viniera del gobierno, nadie más tiene esos recursos”.
CIMAC, publicó el informe “Palabras impunes: Estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022”, el cual informa que si la condiciones para los periodistas son difíciles, el peso del machismo y el deprecio del régimen actual por las mujeres agrava la situación de las mujeres periodistas, en particular cuando se les estigmatiza desde la tribuna matutina, descalificación que reverbera en el ámbito cotidiano y en el espacio digital.
