Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo justicia en favor de Elizabeth Sánchez González, primera mujer indígena zapoteca en encabezar el IEEPCO Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, al ordenar su inmediata reinstalación como consejera presidenta luego de una persecución política por una serie de acusaciones y procedimientos administrativos que buscaron su desprestigio y obstaculizar el ejercicio de su cargo.
Y es que Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, contralor general del órgano electoral, emprendió una persecución administrativa y política en contra de Elizabeth Sánchez González, pues desde 2023, ha intentado en repetidas ocasiones removerla del cargo, acusándola de presuntas irregularidades, las cuales han sido denostadas por la autoridad.
“Es muy grave que esto ocurra. A nosotras nos toca llegar con mucha dificultad. Tuvo que haber una acción afirmativa que fue un concurso exclusivo para mujeres para llegar a este espacio. En 30 años no había habido una mujer encabezando el instituto y es grave que cuando lleguemos se nos hagan este tipo de cosas”, indicó en entrevista.
“Se ha dicho en medios, culpándome que yo tomé dinero del erario, lo cual no es cierto y lo cual no está dentro de la de esta resolución, entonces, están violando todos esos derechos y la destitución de la consejera presidenta a menos de un mes del proceso electoral.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas afirmó que «cuando las mujeres indígenas alcanzan el poder, equilibran la identidad, el género y la política».
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó que «el incremento de la presencia de mujeres en todos los niveles decisorios en la vida política y pública está, desafortunadamente, acompañado de altos índices de violencia contra las mujeres que permanecen en la impunidad».
Amalia García, la diputada mencionó en el 2023, durante el Encuentro “Mujeres en el poder ejecutivo” busca generar soluciones conjuntas para erradicar la Violencia Política en Razón de Género, con el PNUD:
el reto que las mujeres enfrentan de participar en espacios de decisión, de poder, es un reto titánico: “por esta cultura predominante, el patriarcado, que establece que no es nuestro lugar y la batalla que se ha ido librando para afirmar que sí es nuestro espacio. Cuando en el espacio de las fuerzas democráticas de quienes impulsamos transformaciones democráticas no se visibiliza la importancia que para darle calidad a una democracia la presencia de las mujeres es sustancial, ¿cómo entonces hablar de democracia plena si no es con la presencia, con derechos plenos de parte de las mujeres?”, expuso.
Sánchez fue separada de su cargo a casi dos meses de la elección por haber sido inhabilitada por tres años para ejercer cargos públicos por el Tribunal de Justicia Administrativa en Oaxaca.
Luego de esa determinación, Sánchez usó sus redes sociales para explicar, a través de un posicionamiento público que difundió el 18 de abril pasado, donde expuso la sanción que le impusieron era afrenta contra el estado de derecho y la Constitución, la que establece que solo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) puede remover a las consejerías de los institutos locales electorales de su cargo.
Explicó que la razón de este criterio es precisamente evitar la intromisión de poderes fácticos que vulneren la autonomía e independencia de los institutos electorales locales.
La sanción la ubicó como una persecución política que inició en su contra el encargado de despacho de la Contraloría General del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, a quien acusó de tener intereses económicos que “le nublaron la vista” y dedicó todo el 2023 y lo que va de este año para presionarla en la toma de decisiones y denostar su imagen.
Los hechos
Fue el pasado 13 de septiembre cuando la Contraloría Interna del IEEPCO ordenó la suspensión de la presidenta por presuntos desvíos de recursos y porque presuntamente no cumplió con las formalidades establecidas para el manejo del presupuesto asignado al órgano electoral.
Al respecto la funcionaria electoral rechazó la existencia de desvío de recursos y destacó que su función dentro del órgano electoral local no es la del manejo de recursos sino la conducción de los procesos electorales.
“Yo no firmo cheques, yo no firmo contratos, se menciona que no se habían hecho las licitaciones correspondientes. Están los videos de las sesiones del comité de adquisiciones cuando se definieron los contratos”.
Después de su destitución, se designó a una presidencia temporal nombrada a solicitud de la Comisión de Vinculación, toda vez que la ley dice que al haber una ausencia de la presidencia de manera temporal el Consejo General del Instituto defina quien presidirá temporalmente hasta no más de 30 días.
La funcionaria electoral rechazó la existencia de desvío de recursos y destacó que su función dentro del órgano electoral local no es la del manejo de recursos sino la conducción de los procesos electorales.
Elizabeth Sánchez González, en un video difundido en redes sociales el 26 de abril pasado, aseguró que se estaban usando las instituciones para impedir el ejercicio de sus derechos políticos electorales:
“Es un claro atentado contra la imparcialidad, la autonomía de los órganos electorales y el Sistema Nacional de Elecciones. La reforma electoral 2014 buscó arrebatar del poder la posibilidad de interferir en las elecciones locales. Por ello, esta persecución afecta también a la sociedad oaxaqueña y mexicana. Estos actos afectan el desarrollo del proceso electoral ordinario en curso, ya que a 36 días de la jornada electoral persiste un empeño de poner en riesgo los derechos político electorales de la ciudadanía oaxaqueña”.
Sánchez González dijo que debido a las irregularidades en el proceso, interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que se resguarden tanto su integridad, la de su familia y de sus colaboradores, por eso hizo responsables a las autoras administrativas y judiciales de su integridad física, psicológica y dimensional y la de su equipo de trabajo y de su familia, debido a la persecución administrativa y judicial de la que está siendo objeto.
“Hay personas que colaboran conmigo, que también han sufrido los embates institucionales. No permitiré que el abuso del poder e intereses personales tanto de Salvador Cruz Rodríguez como del Tribunal de Justicia Administrativa impidan que ejerza el cargo”, explicó.
Además, Sánchez González presentó un juicio electoral privado en donde la Sala Superior del Tribunal Electoral pide la reinstalen de manera inmediata en el cargo; sin embargo, el controlador, una vez más pidió que la inhabiliten.
La resolución de la Sala Superior
De esta forma, la noche de este miércoles 8 de mayo, la Sala Superior del TEPJF revocó, por unanimidad de votos, las sentencias dictadas por la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, por las que inhabilitó temporalmente a Elizabeth Sánchez González para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos u obras públicas.
Inconformes con lo anterior, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, impugnaron las resoluciones, al considerar que, en su concepto, la Sala Unitaria carece de competencia para sancionarla con la inhabilitación por responsabilidad administrativa, su determinación implicó una invasión a las facultades exclusivas del INE de remover a las consejerías electorales, y vulnera su derecho político-electoral para integrar autoridades electorales.
En sesión pública presencial, la Sala Superior, a propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, determinó que la Sala Unitaria carece de facultades para imponer sanciones de inhabilitación en el ejercicio del cargo de la consejera presidenta como integrante del Instituto electoral local mencionado o cualquier otra que implique su remoción o separación del cargo.
Al respecto, el pleno consideró que las consejerías integrantes de los organismos públicos electorales locales como parte del sistema nacional electoral, solo pueden ser objeto de remoción mediante determinación emitida por el Consejo General del INE, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 de la Constitución general y 102, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
También determinó que la Contraloría vulneró el procedimiento de responsabilidad previsto en la Ley Electoral de Oaxaca al remitir el expediente original al referido Tribunal de Justicia Administrativa, en lugar del Consejo General, por lo que revocó dicha determinación únicamente por lo que hace a la consejera presidenta del Instituto local.
En consecuencia, se dejaron sin efecto las sentencias y todo lo actuado ante el Tribunal, así como todos los actos que se hayan dictado para su ejecución, y se ordenó la reinstalación inmediata de la consejera presidenta (SUP-JDC-565/2024 y acumulados, y SUP-JE-96/2024 y acumulado).
Elizabeth Sánchez González señaló que la autonomía de los órganos electorales es fundamental para la democracia de nuestro país, por eso reconoció a las consejerías del INE por la defensa de la soberanía de las instituciones emanadas de ciudadanía y el respeto de los principios rectores de la función electoral.
