Ciudad de México.- Tras confirmar la muerte de otra mujer en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) denunció las omisiones de las autoridades y exigió el cambio de política penitenciaria en esta prisión, acciones inmediatas frente a muertes evitables.
Instituto Federal de Defensoría Pública, indicó que siguen las muertes de mujeres al interior de este penal, situación que se ha dado en los últimos tres años: 2 en 2022, 11 en 2023 y 2 en 2024.
Lamentablemente se siguen agravando las condiciones de internamiento en esa prisión federal, sin que las autoridades penitenciarias estén garantizando la vida de integridad de las mujeres que se encuentran bajo su custodia y responsabilidad.
Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP)
Es por eso que el IFDP solicitaría incluso el cierre de este penal, pues ya suman 15 mujeres que han fallecido en los últimos tres años, cuyas causas fueron supuestos suicidios, lo cual muestra las graves condiciones de internamiento en esta prisión federal.
En esta ocasión, explicó, se trata de una mujer con iniciales SAVO, de 41 años, quien se encontraba recluida en el centro federal purgando una pena de 29 años, después de un proceso seguido en el fuero común.
La última mujer que murió en extrañas circunstancias, en una entrevista que tuvo con personal del IFDP en diciembre de 2023, reveló que su estado de salud no era adecuado, en particular su salud mental.
Hay que recordar que el 4 de diciembre de 2023, el IFDP presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, para que se investiguen con perspectiva de género las muertes de tres mujeres representadas por la Defensoría ocurridas en el CEFERESO 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
El IFDP, ante la indolencia de las autoridades, exige un cambio urgente en la política penitenciaria del CEFERESO 16, lo que implica acciones inmediatas consistentes en los traslados de las mujeres a sus lugares de origen, cambios de medidas cautelares necesarios, una investigación diligente de las muertes en custodia, atención urgente psiquiátrica para las mujeres en riesgo, entre otras.
Subrayó que las autoridades penitenciarias federales deben garantizar la vida de las mujeres privadas de la libertad, así como la comunicación y visitas de sus defensores, a fin de que cuenten con asistencia jurídica y defensa inmediata.
El IFDP iniciará acciones que busquen el traslado de las mujeres privadas de su libertad en el CEFERESO 16, a centros estatales y otros de carácter federal y este Centro Federal de Readaptación Social.
Visita extraordinaria delata deceso de SAVO
El Instituto Federal de Defensoría Pública explicó que el 20 de junio de 2024, tuvo conocimiento de una muerte más de una mujer privada de la libertad en el Cefereso número 16, información que pudo confirmar hasta el 23 de junio, cuando personas defensoras públicas federales acudieron en visita extraordinaria a dicho centro.
El IFDP presentó una demanda de amparo indirecto 21/2024 del Juzgado Décimo de Distrito de Morelos, en la que SAVO era quejosa. En el marco de dicho juicio, se otorgó la suspensión frente al entorno de tortura que se reclamó.
Además, la defensa pudo obtener su expediente clínico, en el que se evidenció la falta de atención y tratamiento oportuno en las áreas de medicina ginecológica, traumatológica, psiquiátrica, pese al diagnóstico de ansiedad, la existencia de intentos de suicidio previos, así como el uso de medidas como sujeción forzada, como parte del tratamiento psiquiátrico por parte de las autoridades penitenciarias,
Precisó que esta falta de atención médica oportuna, no solo se daba para SAVO, sino para todas las mujeres privadas de la libertad. Se ha denunciado de forma reiterada por la Defensoría, insistiendo en la obligación de las autoridades penitenciarias de garantizar la vida e integridad de las mujeres bajo su custodia.
En el caso particular de SAVO, agregó, el personal de esta Defensoría solicitó el ingreso en mayo pasado sin que se obtuviera respuesta favorable, tampoco se ha tenido respuesta a una petición administrativa presentada el mes pasado, en la que se requirió expresamente atención psiquiátrica por tener pensamientos suicidas.
El Instituto Federal de Defensoría Pública, reclamó que su personal ha tenido dificultades para ingresar al CEFERESO 16, para conocer directamente la situación de internamiento de sus representadas, así como la negativa de información respecto al estado de salud de las personas privadas de la libertad.
Frente a esto, explicó que se han iniciado diversas acciones con la finalidad de lograr el ingreso de las personas defensoras al Centro, entre ellas 14 controversias aún en trámite -una de ellas relativa a SAVO- y una controversia judicial 556/2024 resuelta por la Jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, en funciones de Jueza de Ejecución, el 6 de junio de 2024.
Comentó que en esa resolución se determinó otorgar efectos generales y ordenó al Comisionado de Prevención y Readaptación Social girar instrucciones que no se niegue el acceso a quienes acrediten tener carácter de Defensores Públicos Federales, salvo por circunstancias que pongan en riesgo la seguridad del Sistema Federal Penitenciario o de los propios defensores.
Abandono institucional, declara CNDH
La situación del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en Morelos, no es nuevo, pues desde el 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a este penal por 13 mujeres que cometieron presunto suicidio entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023, al señalar que no tuvieron acceso oportuno a servicios psicológicos y psiquiátricos adecuados y las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado fueron inapropiadas.
Indicó que estos hechos comprendieron una violación a múltiples derechos de las víctimas, que incluye protección a la salud, la integridad personal, la seguridad jurídica y legalidad, la igualdad y no discriminación, y el acceso a la justicia; además, 18 personas que resultaron ser víctimas indirectas también han visto comprometidos sus derechos.
El organismo también identificó irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía de Morelos relacionada con las muertes y planea interponer denuncias administrativas en contra de los servidores públicos responsables.
Para la emisión de la recomendación, la CNDH llevó a cabo un estudio en materia de Antropología Social, el cual, en términos generales, señaló que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad social, tomando en consideración que 86 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso son madres de niños y provienen de distintas regiones de México, lo que implica lejanía con sus vínculos vitales y trae como consecuencia el abandono.
Tras los sucesos en el Cefereso 16 de Morelos, visitadores adjuntos de la CNDH encontraron que, a pesar de haberles proporcionado atención psicológica y psiquiátrica a 6 personas víctimas, la misma resultó ineficiente e insuficiente para detectar las conductas de riesgo suicida que presentaban; mientras que en la situación particular de las otras 7 no se les dio ningún tipo de intervención eficaz por las áreas y especialidades mencionadas.
El organismo autónomo encontró múltiples evidencias de que personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos incurrió en irregularidades para la adecuada investigación de las carpetas iniciadas por el deceso de las personas víctimas, al no considerar otras líneas potenciales en las que se contemplara indagar respecto de las omisiones cometidas por personas servidoras públicas de ese centro carcelario respecto de la falta seguimiento médico a 9 de las víctimas.
Precisó que no llevaron a cabo mayores diligencias tendientes a investigar y determinar si existe alguna responsabilidad penal de personal de esa prisión, en tanto no se agotó el principio de exhaustividad y omitieron apoyarse de instrumentos internacionales, como el Protocolo de Minnesota -que contiene procedimientos que deben realizarse cuando acontece una muerte potencialmente ilícita-.
Además de que, en algunos casos, se ha excedido el plazo razonable para integrar y determinar las carpetas de investigación y han incumplido su responsabilidad de implementar perspectiva de género en las investigaciones ministeriales, añadió.
La recomendación emitida está dirigida tanto al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como a la Fiscalía de Morelos, buscando asegurar que se cumplan las medidas propuestas y se salvaguarden los derechos de las internas.
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Mujeres deben esperar 2 años para recibir sentencia
Al cierre de 2022 había más de 226 mil 116 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, de las cuales 12 mil 153, es decir, 5.6 por ciento eran mujeres, según cifras de los Censos Penitenciarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese año, cerca de la mitad de ellas no contaban con sentencia; 30 por ciento tuvo que esperar 2 años o más para recibirla.
Así lo destacó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), Nashieli Ramírez Hernández, quien mencionó que ellas aun cuando representan un menor porcentaje de la población privada de la libertad son quienes se enfrentan con mayor frecuencia a instituciones anquilosadas que perpetúan sistemas de discriminación y violencia en su contra.
Durante los trabajos del Foro Derecho al Porvenir, Mujeres Excarceladas del Sistema Penitenciario, Nashieli Ramírez Hernández remarcó que hay que tener en cuenta que varias purgan penas por delitos que no requerirían exactamente el encarcelamiento, sino penas alternativas de trabajo comunitario que les permitiera continuar con su papel en la vida familiar y comunitaria.
Precisó que hay circunstancias específicas que impactan de manera diferenciada a las mujeres y que tienen como efecto perpetuar la violencia institucional en su perjuicio y esta situación influye no sólo en las condiciones bajo las cuales las mujeres viven en los centros penitenciarios, sino también en la forma en que se desarrollan y acceden a la justicia y en su posibilidad para la reinserción social y en el derecho de la reunificación familiar, entre otros factores.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México refirió que cuando se habla de derecho al porvenir también se debe pensar en el correspondiente a la reinserción, el cual se tiene que visualizar desde que están recluidas hasta que salen, bajo la lógica de las garantías fundamentales.
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Datos estadísticos sobre mujeres en prisión
Según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos Federal y Estatal (CNSIPEE-F), 2023, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi):
- Al cierre de 2022, en los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad/ internada se conformó por 226 mil 116 personas: 94.4% eran hombres y 5.6%, mujeres. Con respecto a 2021, se registró un aumento de 2.6 por ciento.
- En promedio, 39.0% de las personas privadas de la libertad en 2022 no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 49.3% y para los hombres, de 38.4%.
- En 2022, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2% se encontró en prisión preventiva oficiosa; 23.9%, en prisión preventiva justificada; 11.4%, en otro supuesto jurídico y, para 14.5%, no se identificó el tipo de estatus jurídico.
Estructura organizacional y recursos
Al cierre de 2022, la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por un total de 314 centros: 15 centros penitenciarios federales, 248 centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados.
Del total de centros penitenciarios, 31.5 % (99) contó con alguna certificación o acreditación. La cifra representó un aumento de 3.1 % con respecto a lo registrado en 2021.
También en 2022, del personal adscrito a los centros penitenciarios federales, 43.6% correspondió a hombres y 56.4 % a mujeres.
Los centros penitenciarios estatales y centros especializados reportaron un total de 37 mil 669 personas adscritas. De estas, 61.2% (23 mil 060) correspondió a hombres y 38.8% (14 mil 609), a mujeres. En comparación con 2021, hubo una disminución de personal de 2.4% en el ámbito estatal.
En 2022, el presupuesto ejercido por los centros penitenciarios y centros especializados fue de 47 mil millones 385 027 130.1 pesos. Comparado con la cantidad ejercida en 2021, el aumento fue de 47.7 por ciento.
En 2022, del total del presupuesto ejercido por los centros penitenciarios, 43.6 % se concentró en los centros federales y 56.4 %, en los estatales.
Durante 2022, ingresaron 138 496 personas a los centros penitenciarios y centros especializados (136 962 adultos y 1 534 adolescentes). Del total, 91.8% correspondió a hombres y 8.2% a mujeres.
Asimismo, 90.3% ingresó por delitos del fuero común; 9.4%, por
delitos del fuero federal y 0.3%, por delitos de ambos fueros.11 Comparado con 2021, se registró un aumento de 16.2% en el total de ingresos.
