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Organizaciones civiles emiten recomendaciones sobre derechos humanos en XII Diálogo de Alto Nivel

Por Wendy Rayón Garay

Ciudad de México.- En el X Seminario las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos Unión Europea-México, que presidió al XII Diálogo de Alto Nivel entre la Unión Europea (UE) y México en Bruselas, Bélgica; ocho organizaciones, entre ellas Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), destacaron una serie de recomendaciones ante los desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país.

Desde hace varios años, el país atraviesa una crisis de derechos humanos que se acentuó con el cambio de administración en 2018, según el análisis ‘México habla sobre Derechos Humanos’ por el Colectivo EPUmx en 2024. Esta situación se ve marcada por la violencia, impunidad, desigualdad y debilitamiento del Estado mexicano que afectan a grupos históricamente discriminados y que enfrentan desigualdades estructurales como las niñas y mujeres. 

El expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó al país con el siguiente panorama:

  • Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registraron que 20 mil 938 mujeres fueron asesinadas, de las cuales, 5 mil 345 fueron crímenes de odio contra las mujeres.
  • En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó un máximo histórico de mil 018 feminicidios en México.
  • El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) muestra que, de las 149 mil 589 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas, 57 mil 883 son mujeres
  • Artículo 19 reportó 973 ocasiones de agresión contra mujeres periodistas en el que se cometieron 5 asesinatos; así como 13 muertes de mujeres buscadoras de personas asesinadas y desaparecidas.
  • El Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México presentado por el Estado en 2022, observó que el 79% de las mujeres en prisión entrevistadas fueron víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de las cuales más del 43% sufrió tortura sexual o actos con esta connotación

Los problemas de movilidad humana y desplazamiento forzado interno; las agresiones hacia personas defensoras y periodistas; la corrupción, impunidad y la falta de acceso a la justicia; la persistencia de graves violaciones de derechos humanos como la tortura y las desapariciones; los retos para la igualdad de género; y los desafíos en materia de nuevas tecnologías y empresas y derechos humanos; son varias preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, también se suman las reformas constitucionales que se han aprobado como la reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y la militarización, las cuales, dejan desprotegidos los derechos humanos de varios sectores de la sociedad.

Las recomendaciones al Estado Mexicano y a la Unión Europea

Ante el panorama nacional, instancias como Artículo 19; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.; CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer A.C.; EQUIS Justicia para las Mujeres; Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual; Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); PODER, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; SERAPAZ, Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.; y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe A.C; emitieron las siguientes recomendaciones: 

Al Estado Mexicano:

  • Trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos para fortalecer al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas hacia una política pública de protección integral.
  • Estado de derecho: supervisar a la Guardia Nacional y otros elementos militares, fortalecer a las Fiscalías y asegurar que la reforma judicial no debilite la independencia de la judicatura.
  • Corrupción, impunidad y acceso a la justicia: reajustar la asignación presupuestaria para atender el desequilibrio operativo de las fiscalías, asesorías jurídicas, defensorías públicas, servicios periciales y políticas de investigación.
  • Violaciones graves a derechos humanos: implementar de forma inmediata la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB).
  • Migración: eliminar las disposiciones de la Ley de Migración encaminadas a las revisiones migratorias, eliminar la privación de la libertad por razones migratorias e implementar alternativas a la detención.
  • Desplazamiento forzado: que el Estado mexicano reconozca esta problemática, su tipificación como delito nacional que resalte las violaciones de derechos humanos en los pueblos indígenas, y que se apruebe de forma inmediata una Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado.
  • Igualdad de género (mujeres y cuidados): realizar acciones que impulsen la prevención de violencia de género; garantizar recursos económicos, humanos y materiales; acceso a la justicia y reparación del daño integral para las víctimas a través del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación.
  • Empresas y derechos humanos: desarrollar una Ley de Responsabilidad Jurídica Corporativa que incluya la implementación de mecanismos de diligencia debida en derechos humanos y ambientales para las actividades empresariales; así como mecanismos de sanción y reparación del daño con las participaciones de los titulares bajo estándares internacionales.
  • Nuevas Tecnologías: asegurar la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia apegadas a estándares de derechos humanos.

A la Unión Europea

  • Apoyar los proyectos, asistencia técnica y programas encaminados a la creación de una política pública integral de protección de personas defensoras y periodistas; incentivar a que representantes diplomáticos de la UE se sumen a la iniciativa ‘Protejamos sus Voces’, que adopta personas defensoras y periodistas en riesgo; visibilizar las agresiones para que disminuyan; realizar actividades para aumentar capacidades de las personas defensoras; y prever medidas ante situaciones de emergencia.
  • Estado de derecho: brindar a México asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de las policías civiles; y a las organizaciones de la sociedad civil de defensa de derechos humanos.
  • Corrupción, impunidad y acceso a la justicia: dar asistencia en materia de cooperación internacional para fortalecer mecanismos de prevención, atención a víctimas, investigación, sanción y reparación integral de la violación a derechos humanos.
  • Violaciones graves a derechos humanos: revisar y fortalecer la participación de los colectivos de familiares y organizaciones acompañantes, los proyectos de cooperación técnica entre la Unión Europea, diversos gobiernos de Estados miembros y el gobierno mexicano en materia de desaparición de personas e identificación forense, para asegurarse de que tengan un impacto positivo medible y corroborable.
  • Migración: otorgar financiamiento flexible, no atado a proyectos y multianual destinado a las organizaciones de la sociedad civil local y albergues que promuevan soluciones duraderas para las personas migrantes en México.
  • Desplazamiento forzado: apoyar proyectos, asistencia técnica y programas encaminados a la creación de una Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado.
  • Igualdad de género (mujeres y cuidados): robustecer las subvenciones y la cooperación para la prevención de las violencias contra las mujeres y que favorezcan el acceso a la justicia, incluida la asistencia técnica para las instituciones gubernamentales, así como veeduría para las organizaciones de la sociedad civil mexicana.
  • Empresas y derechos humanos: implementar la Directiva de Debida Diligencia y abrir espacio para la participación de la sociedad civil mexicana en la regulación sobre debida diligencia y detener las obras financiadas con recursos europeos que no han realizado evaluaciones de impacto en derechos humanos.
  • Nuevas Tecnologías: brindar asistencia técnica y financiera para el desarrollo de regulaciones adecuadas en derechos humanos y tecnología.

El diálogo, una oportunidad de consolidar sinergias para enfrentar los desafíos de los derechos humanos.

De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, uno de sus objetivos para el Seminario fue promover un diálogo constructivo que permita adoptar medidas para enfrentar los desafíos en materia de derechos humanos en el país, así como fortalecer la relación entre México y la Unión Europea. 

También reconocieron el espacio cuatripartito de diálogo, ya que permite crear acuerdos con las autoridades de Alto Nivel e incluir a diversas instituciones para implementar acciones en cuanto a la garantía, respeto y protección de los derechos humanos. Gracias a este medio, las organizaciones reconocieron que han podido interactuar con las autoridades para establecer rutas de trabajo respecto a problemas públicos concretos.

“En conclusión, este Seminario y nuestra actual participación en el Diálogo dan cuenta de una sinergia positiva para la promoción y salvaguarda de los derechos humanos en la Unión Europea y México en contextos donde el ejercicio de la defensa de los derechos humanos es una de las actividades más peligrosas hoy día”-

Por otro lado, explicaron la necesidad de realizar una reunión entre las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades mexicanas y las de la Unión Europea para analizar los resultados del diálogo y realizar el diseño de estrategias, seguimiento, monitoreo para dar respuesta a los acuerdos establecidos.


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