Ciudad de México.- De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CNDH), a 18 años de la despenalización del aborto en la capital hasta las 12 semanas de gestación persiste el estigma, criminalización, violencia o discriminación por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Además, este derecho continúa pendiente de ser aprobado en al menos 9 entidades federativas del país.
En primer lugar, señalaron el incremento de carpetas de investigación por el delito de aborto, es decir, cuando una mujer aborta fuera del límite de las 12 semanas de gestación incluso cuando es involuntario. Según menciona la CNDH, no es posible conocer cuantas carpetas fueron abiertas en estos casos, pero datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) advierte que de 2015 a 2025 se han abierto mil 357 carpetas de investigación por este delito.
Los datos reflejan que la despenalización parcial hasta las 12 semanas de gestación no ha sido suficiente para garantizar el derecho a la salud y erradicar la criminalización de las mujeres cuando deciden abortar. En este sentido, la OMS ha recomendado en varias ocasiones la despenalización total del aborto voluntario y no aplicar otros delitos punibles como asesinato u homicidio, ayudar a abortar y proporcionar información.
El segundo desafío es que no se ha podido materializar la despenalización del aborto voluntario en la Ciudad de México y esta ha sido una exigencia de colectivas feministas y organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en octubre de 2024 se presentó una iniciativa en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal y eliminar el delito de aborto.
Según afirma la iniciativa, el aborto se trata de un procedimiento médico vinculado a la salud pública y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, hasta la fecha la iniciativa sigue pendiente de ser discutida dejando el futuro de las mujeres en incertidumbre.
La desinformación también ha sido un factor clave para la agenda de derechos sexuales y reproductivos especialmente cuando se habla de despenalizar totalmente el aborto voluntario. Por lo que, la CNDH señaló que es necesario garantizar el derecho a a la educación sexual integral para toda la población, sobre todo para que las mujeres tengan las bases necesarias para tomar una desicion libre e informada.
Asimismo, se necesitan impulsar campañas y programas educativos con enfoque interseccional, que aborden las necesidades de personas con discapacidad, en situación de calle, en movilidad humana, indígenas y de la diversidad sexo genérica, asegurando que todas las personas accedan a información clara y libre de prejuicios sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
También apuntó que, se debe seguir fortaleciendo los servicios de salud pública para garantizar el acceso al ILE con perspectiva de género, intercultural, intersecciona y de derechos humanos; así como continuar con la generación de estadísticas desagregadas que permitan conocer el panorama de este tipo de servicio de salud.
“Es imperativo que México continúe con el avance del reconocimiento legislativo de los derechos de las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexo genérica, como muestra de resistencia frente a las narrativas anti derechos” -Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
La lucha por despenalizar el aborto en México
Datos de la CNDH señalan que de abril de 2007 a junio de 2024 se llevaron a cabo 227 mil 268 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) en el sector público del país, de los cuales el 68% ocurrieron en la Ciudad de México, 28% en el estado de México y 4% en otras entidades federativas.
En cuanto al rango de edad, el 50% corresponde a mujeres entre 18 a 29 años. El 54% de ellas eran solteras, 29% estaban en una relación de unión libre y 12% casadas. El método más utilizado fue con el uso de medicamentos al menos en el 80% de los casos.
Este fenómeno no es exclusivo de México, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se practican 73 millones de abortos en todo el mundo, de los cuales el 45% se realizan en condiciones inseguras poniendo en riesgo la salud física y mental de las mujeres. Además, la OMS también apunta que América Latina continúa siendo un contienente que condiciona el aborto o lo prohíbe completamente.
La historia de la despenalización del aborto en la Ciudad de México comenzó el 24 de abril de 2007 cuando se aprobó la reforma legal por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual permitió el ILE y dos días después se publicó en la Gaceta Oficial. En dicha reforma se especificó que, las mujeres podían abortar de manera voluntaria hasta las doce semanas de gestación, además de poder contar con servicios gratuitos, seguros, informados y libres de discriminación.
Esto significó un logro para las mujeres y más tarde, se confirmó con la Suprema Corte de Jsuticia de la Nación (SCJN) cuando resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 en el que dejó firme la posibilidad de interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Sin embargo, ha tomado más de una década para que el resto de las entidades del país se unieran y modificaron sus legislaciones.
En septiembre de 2021, el Máximo Tribunal resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 en la que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto y se pronunció en favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Esta decisión sentó un precedente clave respecto del derecho a la autonomía reproductiva en el país.
Además, la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018 en la que estableció que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente para garantizar el acceso efectivo a la ILE y que la objeción de conciencia no puede invocarse cuando la vida o la salud de la persona usuaria estén en riesgo.
Posteriormente, en 2023, el Amparo en Revisión 267/2023 declaró la invalidez total de los Artículos 331 y 332, así como de porciones normativas de los Artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, al considerar que vulneraban los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes reconocidos en la Constitución. Este fallo también estableció que las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en todo el país y que las entidades deben modificar sus Códigos.
Otro de los avances fue que se determinó que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente y capacitado para garantizar el acceso efectivo a la ILE. En febrero de 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) emitió el Acuerdo que garantiza la aplicación del procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que, por primera vez, garantiza la aplicación de dicho procedimiento en sus unidades médicas.
“Esta medida también establece la obligación de brindar información clara sobre la valoración médica y el procedimiento a seguir. Con ello, se amplían los espacios en donde se puede acceder a la ILE, en el caso de la Ciudad de México esta opción representa la adición de 14 hospitales y clínicas que actualmente brindan este servicio” -Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Hasta este 2025, ya son 22 entidades federativas donde el aborto está despenalizado, ellas son: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Nayarit y Campeche y Yucatán; 9 entidades mantienen vigente la penalización de la ILE (Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala); y finalmente, se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación.
Abortar después de las doce semanas de gestación, el paso que podría tomar la CDMX
Anteriormente, Cimacnoticias documentó dos iniciativas que posee el Congreso de la Ciudad de México en el que se busca que las mujeres puedan abortar después de las doce semanas de gestación. Situación que podría marcar un precedente. Sin embargo, la situación desató controversia y confusión, por lo que este medio se dio a la tarea investigar al respecto en la siguiente nota:
