Ciudad de México.- El pasado 17 de junio, el Parlamento británico dio un paso histórico en los derechos sexuales y reproductivos al aprobar una iniciativa que busca despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales después de las 24 semanas de gestación que funcionaban como límite para interrumpir el embarazo; sin embargo, más allá del hecho legislativo, aquí te explicamos qué implica para las mujeres eliminar esta barrera temporal y cómo transforma el acceso real al aborto.
La decisión del Parlamento británico se da en un contexto de arremetida de la ultraderecha con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos, el aborto, un derecho obtenido posterior al caso Roe v. Wade en 1973, fue prohibido en 2022 con la sentencia en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Asimismo, el gobierno actual de Donald Trump ha interpuesto diferentes restricciones al tema como cortar los fondos a organizaciones que se dedicaban a brindar atención humanitaria a mujeres en varios países.
En este contexto, la negación de derechos es parte de una estrategia ideológica que busca preservar un modelo de sociedad jerárquico y desigual. Al limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la extrema derecha apunta a restablecer un orden tradicional donde los roles de género: el hombre como proveedor y figura de autoridad, y la mujer como cuidadora y figura subordinada en el ámbito privado.
En adherencia, se debe poner en relevancia la separación de Reino Unido como Estado miembro de la Unión Europea (EU) en 2016, conocida mundialmente como el Brexit. Esto permitió poner distancia de la zona Shenguen -conformada por los países de la EU, junto con Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein-, en la cual se encuentran algunos de los Estados de ultraderecha que han impulsado estas ideologías contra los derechos de las mujeres como Francia con Marine Le Pen, Italia con Giorgia Meloni, Austria con el Partido Liberal de Austria (FPÖ), Hungría con Víktor Orbán y Bélgica con el partido Vlaams Belang.
La iniciativa de aborto en Inglaterra y Gales, incorporada al Crime and Policing Bill, fue recibida por 379 votos a favor y 137 en contra en la Cámara de los Comunes y responde a la preocupación por el aumento de investigaciones y procesos penales contra mujeres por interrumpir su embarazo fuera del límite legal, el cual estaba permitido solo hasta las 24 semanas de gestación y con el aval de dos médicos como lo ordenaba la Ley de Aborto de 1967.
De esta manera, cualquier interrupción fuera de ese marco podía ser considerado un caso penado por la Ley de Delitos contra la Persona de 1871, una legislación victoriana que permitía incluso sentencias de cadena perpetua. La nueva enmienda busca eliminar que las mujeres enfrenten investigaciones, arrestos o penas de prisión; sin embargo, los profesionales médicos o personas que faciliten el aborto fuera de la ley sí podrán enfrentar consecuencias legales.
Esta reforma ha sido impulsada por la diputada Tonia Antoniazzi, quien denunció que en los últimos cinco años más de 100 mujeres fueron investigadas por abortos ilegales, incluyendo casos de abortos espontáneos y mortinatos (cuando el bebé muere en el útero en las últimas 20 semanas del embarazo). Según Antoniazzi, el sistema penal estaba siendo utilizado para castigar a las mujeres vulnerables en lugar de apoyarlas.
Casos concretos en Inglaterra ha sido el de Carla Foster condenada a dos años de prisión, ya que durante el confinamiento por COVID-19 en mayo de 2020, obtuvo píldoras abortivas por correspondencia a través del Servicio Británico de Asesoría sobre el Embarazo (BPAS), una organización benéfica que proporciona servicios de salud sexual y reproductiva. No obstante, adquirió el medicamento al indicar que tenía apenas siete semanas de embarazo cuando en realidad se encontraba en la semana 32, esto provocó que entrara en labor y diera a luz al bebe sin vida.
Al igual que este caso se encuentra el de Nicola Packer quien fue llevada a juicio en mayo del 2025 al ser acusada de haberse provocado un aborto ilegal a través de píldoras abortivas durante el confinamiento por coronavirus argumentando que estaba en la semana 10 cuando tenía 26 semanas de embarazo; sin embargo, la mujer desconocía esta información. Después de cuatro años de juicio, el veredicto concluyó que era inocente y varias organizaciones calificaron el caso como un ejemplo de lo obsoleta que era la ley vigente por criminalizar a las mujeres que se practican un aborto.
La reforma de la diputada Tonia Antoniazzi, ha sido bien recibida por organizaciones de salud y derechos reproductivos como MSI Reproductive Choices y la BPAS, quienes consideran que se trata de una respuesta adecuada a una legislación punitiva que ya no refleja la realidad social ni médica del país. Aunque persisten sectores conservadores como la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos que criticaron la medida al señalar aumento de abortos tardíos y riesgosos para las mujeres.
Para que la despenalización del aborto en Inglaterra y Gales después de las 24 semanas de gestación sea legal, se espera que el proyecto Crime and Policing Bill, en el cual esta incorporada la reforma, sea aprobado por la Cámara de los Comunes y posteriormente por la Cámara de los Lores, aunque es aquí donde el proyecto en general podría ser retrasado.
Romper la barrera temporal
A nivel global, la Organización Mundial de la Salud señala que en países restrictivos, donde la interrupción del embarazo es penalizada, 3 de cada 4 abortos se practican en condiciones inseguras, mientras que en países donde ya es legal, 9 de cada 10 abortos se realizan de manera segura. Según señala Ipas México, cuando el aborto está legalmente restringido o no, la probabilidad de que una mujer se realice este procedimiento es la misma. Su prohibición no se traduce en menos abortos y más natalidad.
En cambio, penalizarlo conlleva a abortos inseguros y peligrosos que causan morbilidad o mortalidad al no contar con proveedores calificados y condiciones higiénicas adecuadas: «Un aborto en situaciones de seguridad técnica y sanitaria con un marco legal favorable y personal de salud calificado, es el evento obstétrico más seguro en la vida reproductiva de las mujeres, además con ello se respetan sus derechos sexuales y reproductivos», señala Ipas México.
Sin embargo, uno de los argumentos para su prohibición en las leyes y políticas de aborto es los límites de edad gestacional que restringen hasta que etapa del embarazo se puede acceder a este servicio, especificando en algunos casos que el aborto es un delito penal después de cierto periodo como en México donde el mayor límite es hasta la semana 12 cuando apenas algunas mujeres se enteran de que están embarazadas, imposibilitándolas de poder tomar libremente esta desición.
En reiteradas ocasiones, la OMS ha recomendado a los Estados en abandonar los modelos de plazos, eliminar toda criminalización del aborto y garantizar el acceso al procedimiento sin necesidad de invocar causales. La organización sostiene que imponer límites temporales fijos carece de sustento clínico y aumenta las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a servicios seguros y oportunos, en especial en contextos de pobreza, violencia y marginación.
Anteriormente, Cimacnoticias converso con Fernando Cué, coordinador de Incidencia en Política Pública, en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien ha hecho énfasis en la necesidad de desarticular la criminalización del aborto y abandonar el modelo punitivo basado en plazos arbitrarios. Para Cué, la idea de establecer un plazo fijo como límite legal reproduce arbitrariedades legales que afectan la vida y salud de las mujeres, específicamente de las más vulnerables.
Señaló que la barrera puede significar la diferencia entre ejercer un derecho o convertirse en una persona criminalizada, ya que incluso unas horas de diferencia pueden derivar en negación de servicios médicos o en el inicio de carpetas de investigación. Cué también criticó el uso del derecho penal como herramienta de control sobre los cuerpos de las mujeres y consideró que la existencia misma del delito de aborto es «una tragedia jurídica» que arrastra el país en donde se perpetúa un modelo discriminatorio y condicionante donde las mujeres deben justificar su decisión ante el Estado.
Asimismo, Cué desmintió el argumento recurrente sobre los sectores conservadores que acusan que eliminar la barrera temporal permitirá abortos en etapas avanzadas del embarazo. Subrayó que no existe el término «abortar en la semana 40», sino lo que puede ocurrir en estos casos extremos es un parto prematuro provocado por razones médicas. Por el contrario, eliminar la barrera temporal para acceder a un aborto es una forma de erradicar la criminalización y garantizar la atención médica para las mujeres.
