Ciudad de México.- A raíz de la publicación del reportaje del medio israelí The Marker, el cual señala la participación del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, con empresarios de ese país, para adquirir el software de espionaje Pegasus, el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que dará inicio una investigación por este caso, sin embargo aún hay una deuda pendiente y es con las mujeres de Atenco, quienes llevan 19 años buscando justicia, para sancionar a toda la cadena de mando involucrada en los eventos del 2006, los cuales fueron ordenados por este personaje.
El episodio en Atenco es uno de los más violentos en la historia de México, aconteció cuando Enrique Peña Nieto, fungió como gobernador del estado de México y derivó en la represión ejercida contra floristas de San Salvador Atenco. El enfrentamiento entre la comunidad y fuerzas policiacas derivó en diversas violaciones a derechos humanos que terminó un caso emblemática de tortura sexual contra mujeres que llegó al Sistema Interamericano.
No olvidemos que el pasado mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a retomar el Plan de Justicia para Atenco a manos de la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, durante una visita al estado de México. Sin embargo, a dos meses de su promesa y con el regreso de Enrique Peña Nieto en la escena pública, no se vislumbra cuándo las 11 mujeres que lograron llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obtendrán justicia.
Dicho plan permanece como una promesa vacía, pues la primera vez que se anunció fue en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuya intención era resarcir la deuda histórica con el pueblo de San Salvador de Atenco cuando fueron reprimidos por el Estado. No obstante, en varios años no se han dado a conocer las acciones concretas con las que se planea resarcir la deuda histórica.
De las mujeres aprehendidas en el 2006 tras el operativo policiaco ordenado por Peña Nieto, declararon haber sido torturadas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado; 11 de ellas iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.
Cabe recordar que, durante estos 19 años, las autoridades locales han sido las encargadas de investigar los actos de tortura y represión en Atenco; sin embargo, hasta hoy ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres. Por el contrario la FGJEM ha obstaculizado, desde el 2006 e incluso después de la emisión de la Sentencia de la Corte IDH, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia.
La exigencia de las mujeres sobrevivientes por alcanzar justicia es de relevancia para el Estado, no solo es poner fin a 19 años de impunidad, sino porque una adecuada investigación y sanción de los responsables puede fungir como una verdadera medida de no repetición, en un país donde la práctica de la tortura sexual persiste.
Los hechos
A 19 años de los hechos de la represión social en San Salvador Atenco, en el estado de México, donde se cometieron graves violaciones a Derechos Humanos contra mujeres de esa comunidad, al ser sometidas a tortura sexual por parte de agentes de seguridad estatal y federal, hoy no hay ni un solo detenido en toda la cadena de mando que planeó y ejecutó el operativo, así lo reveló María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En 2006, San Salvador Atenco fue el escenario de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. El conflicto escaló.
Fue el 3 de mayo de ese 2006 cuando inició una disputa entre vendedores de flores de San Salvador Atenco y policías municipales. El conflicto escaló hasta la ejecución de un operativo conformado por mil 815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes enviados por el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, buscaban ponerle fin al movimiento de protesta. Durante el operativo se detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México. A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela que siete de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.
Se debe recalcar que este Diagnóstico forma parte del resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México.
En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia, incluida la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
¿Con qué más no ha cumplido el Estado mexicano en este caso?
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunció que el Estado mexicano, señaló que el Estado mexicano no ha cumplido con la creación del observatorio para monitorear y fiscalizar el uso de la fuerza de la Policía federal, ahora Guardia Nacional, como se estableció en la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y tampoco avanzó el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual.
El Centro Pro, resaltó que las autoridades mexicanas han fallado también en incluir a las sobrevivientes en las investigaciones y en llevar a cabo estas investigaciones de acuerdo con las directrices establecidas por la Corte Interamericana.
En este contexto, se reitera la exigencia de las 11 mujeres sobrevivientes para que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos y
Ante los resultados del caso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas ha limitado su acción y se presume no ha investigado los hechos en su totalidad ni establecido responsabilidades de la cadena de mando, mientras que el Estado no ha otorgado una ruta efectiva de rehabilitación para atender las necesidades de salud de las mujeres.
Las 11 mujeres
En este contexto, el Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que solo fueron 11 mujeres, quienes decidieron emprender acción legal por los hechos y al agotar instancias en el país, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ellas son parte de un grupo de alrededor de 50 mujeres quienes fueron detenidas y la mayoría sujetas a prácticas de tortura sexual, pero se animaron a denunciar estos hechos, en un contexto de mucho estigma por parte de las instituciones, así como del propio movimiento social.
Desde el primer instante, se contó con la intervención y documentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) logrando que 21 policías estatales fueran consignados por abuso a la autoridad, siendo este un delito menor, y un policía estatal fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos contra una de las víctimas de agresión sexual y más tarde fue absuelto.
Ante esta decisión, 11 de las mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recomendó al Estado mexicano una investigación penal efectiva (con debida diligencia y dentro de un plazo razonable) para esclarecer los hechos de forma integral e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad: material, intelectual y el encubrimiento en las investigaciones posteriores.
El 17 de septiembre de 2016, diez años después, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando se identificó falta de avance en el cumplimiento de las recomendaciones. Para el 28 de noviembre de 2018, la Corte IDH.emitió una sentencia en la que declaró culpable al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos contra las 11 mujeres, que incluyó detención arbitraria; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia
También se ordenó sancionar a las partes responsables, fortalecer el mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un observatorio independiente de fuerzas policiales (federal y del Estado de México), brindar medidas de atención y rehabilitación a las 11 mujeres.
“Nuestros cuerpos son utilizados como un arma para socavar movimientos, nuestros cuerpos son utilizados como una propia arma en contra de nosotras mismas en contextos de detención, a eso se llama torturas sexuales y lo practican el Estado mexicano y los estados de la región”.
El regreso de Enrique Peña Nieto
De acuerdo con la investigación del medio israelí The Marker, publicada el 4 de julio, cuatro meses antes de dejar su cargo el expresidente recibió un soborno de hasta 25 millones para facilitar la compra y venta del software Pegasus, un programa de vigilancia instalado en diferentes dispositivos móviles en México para mantener en la mira a personas periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Esta transacción se logró a través de la empresa fantasma Air Cap con la firma israelí NSO, a cargo de los empresarios Avisahi Neriah y Uri Ansbasher.
El domingo 6 de julio, el expresidente salió a hablar en sus redes sociales sobre los señalamientos en su contra y acusó a los medios de comunicación mexicanos de dar replica a la investigación sin verificar la información.
Con esto, dio un paso firma para salir a la escena pública tras varios años de exilio en España, en los que solo se le vio salir en defensa del documental «Texcoco, la decisión del presidente» que abordaría la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la entrevista para el libro «Confesiones desde el exilio».
Al día siguiente, Enrique Peña Nieto salió en entrevista para el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa «Por la mañana» para hablar sobre las acusaciones y argumento que su desaparición se debió a un respeto a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (2024-actualidad).
Ante la investigación, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció en la Mañanera que se abrirá una carpeta de investigación en contra de Enrique Peña Nieto y una solicitud de información al gobierno de Israel para que entregue información relacionada al caso, aunque no se sabe si el país cooperará para las indagaciones. Además, mencionó que la investigación periodística contiene información «específica, clara y precisa» de la relación entre ambas empresas ´para hacer el intercambio del software.
Sin respuesta
Esta sentencia fue ordenada el 21 de diciembre de 2018, no obstante, a 7 años de ser emitida permanece incumplida. En 2023, Centro Prodh reportó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el amparo interpuesto por las Mujeres de Atenco, ordenando a la FGJEM remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la cual ahora tendrá la obligación de continuar la investigación, bajo los parámetros ordenados por la Corte IDH.
Sin embargo, las medidas estructurales como la implementación del observatorio de uso de la fuerza se siguieron negando, el fortalecimiento al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual ha sido casi nulo, y las medidas individuales de atención y rehabilitación no han sido cumplidas cabalmente.
En 2024, la organización apuntó que, las autoridades no han incluido a las sobrevivientes a las investigaciones y estas no se han conducido siguiendo las líneas establecidas de la Corte IDH. Después de que el expediente se remitió a la FEVIMTRA no hubo avances sustantivos, sino que la instancia no ha investigado los hechos en su totalidad.
Por otro lado, aún no existe la creación del observatorio para monitorear el uso de fuerza de la Guardia Nacional como lo establece la sentencia de la Corte IDH para garantizar la no repetición; el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual no ha sesionado desde su emisión en marzo de 2023, así como también se desconoce las acciones a implementar para incluir las recomendaciones del Diagnóstico en la materia publicado en 2022 por la Secretaría de Gobernación.
