Ciudad de México-. Luego de la reunión sostenida entre el Estado mexicano y el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW) en la cual, una delegación de funcionarias viajaron a Ginebra, Suiza para rendir cuentas sobre el avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad de género, el organismo internacional emitió 90 recomendaciones que deberá cumplir el país y es fundamental no perder el rastro del contenido completo para evaluar el desempeño de las autoridades que estarán a cargo de esta tarea.
Como primer punto, CEDAW señaló la importancia de que mujeres conozcan sus derechos humanos y los recursos legales que tienen a su alcance para poder exigirlos. Por ello, recomendó que la información sobre la Convención, el Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité esté disponible en formatos accesibles y en idiomas indígenas, de modo que pueda difundirse de forma clara y efectiva.
Además, subrayó que esta difusión debe ir acompañada de la capacitación de jueces, fiscales, abogados y personal encargado de hacer cumplir la ley, para que conozcan e integren en su trabajo la Convención, el Protocolo Facultativo, la jurisprudencia del Comité y sus recomendaciones. Esto permitirá que interpreten la legislación nacional con enfoque de derechos humanos y apliquen correctamente estos instrumentos en los procesos judiciales.
A continuación te presentamos en sub temas lo que CEDAW recomendó al Estado mexicano.
Discriminación
El Comité recomendó modificar las leyes para incluir formas de discriminación directa, indirecta, múltiple e interseccional, tanto en ámbitos públicos como privados. También señaló que, aunque existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, su impacto es limitado debido al bajo número de quejas exitosas, por lo que es necesario fortalecerla y garantizar recursos jurídicos efectivos y accesibles para las mujeres.
Mujeres, paz y seguridad
En la implementación y seguimiento de los mecanismos de paz y seguridad, CEDAW observó la falta de participación de organizaciones lideradas por mujeres, especialmente aquellas que representan a mujeres indígenas y afromexicanas. Ante esta omisión, se recomendó aumentar su participación de manera significativa y sistemática, tanto a nivel nacional como estatal y local.
Estos mecanismos, subraya la CEDAW, deben incorporar un enfoque interseccional, que tome en cuenta cómo influyen factores como la identidad, la situación socioeconómica y la ubicación geográfica en las experiencias de las mujeres, poniendo especial atención en aquellas que enfrentan condiciones de marginación.
También se identificó que el Primer Plan Nacional de Acción cuyo objetivo es implementar medidas concretas para incluir la igualdad de género en todos los esfuerzos de paz, no ha sido eficiente en cuanto a mecanismos de rendición de cuentas ni en los marcos de seguimiento. Por ello, pidió establecer indicadores claros, plazos definidos y presupuestos transparentes que permitan medir el impacto de género y la participación de las mujeres en las políticas de paz y seguridad.
Acceso de las mujeres a la justicia
El Comité expresó preocupación por la falta de homologación entre la legislación penal federal y estatal, lo que provoca incoherencias en la aplicación de protocolos con perspectiva de género en distintas regiones del país. Por ello, se debe armonizar estas leyes y prohibir el uso de procedimientos penales abreviados en casos de violencia, ya que estas pueden afectar el acceso pleno a la justicia para las víctimas.
Otro punto, fue el uso extendido de la prisión preventiva obligatoria, por lo que se recomendó revisar su aplicación, especialmente cuando se impone a mujeres indígenas, mujeres en situación de pobreza o que ejercen el trabajo sexual.
Para garantizar la presunción de inocencia, el derecho a la libertad y al debido proceso, se llamó a implementar medidas que aseguren el acceso efectivo a la justicia para estos grupos, incluyendo procedimientos razonables y el uso de lenguas indígenas, según sea necesario.
Reforma Judicial
Bajo el contexto de la reforma judicial en curso, el comité comentó que la capacitación y evaluación del desempeño de las y los jueces electos, son elementos insuficientes para asegurar la incorporación de la perspectiva de género dentro de los procesos judiciales.
En consecuencia, recomendó incluir medidas específicas que aseguren la autonomía de las y los jueces, elevar los requisitos mínimos para las y los candidatos y fortalecer la capacitación y evaluación de los mismos, especialmente en casos de feminicidio, esterilización forzada y desaparición de mujeres, además combatir los sesgos de género en el sistema judicial y continuar con capacitación constante en derechos humanos de las mujeres.
Secretaría de las Mujeres
Tras la creación de la Secretaría de Mujeres (SEMUJERES), se sugiere fortalecer el mecanismo nacional para coordinar las políticas de igualdad de género en todos los departamentos gubernamentales, en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil. De igual forma, se insta a garantizar recursos humanos, técnicos y financieros eficaces y sostenibles para los programas de derechos de las mujeres, asegurar presupuestos con perspectiva, además de presentar informes de transparencia.
Tras la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo autónomo, se exigió brindar el acceso de todas las mujeres a la información pública, incluida la relativa a la prevención y la respuesta a la violencia de género.
Institución nacional de derechos humanos
Se observó la ineficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la protección de los derechos de las mujeres, por lo que se instó a fortalecer al organismo para lograr su independencia, la capacidad técnica y la interacción con la sociedad civil a través de la dotación de recursos humanos, técnicos y financieros, al igual que solicitar el asesoramiento y el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas.
También se registró la falta de apoyo a las madres buscadoras, de modo que se solicitó darle prioridad a los casos de mujeres que buscan a personas desaparecidas y víctimas de amenazas, desapariciones o feminicidios, y a sus familias, incluso mediante unidades específicas, protocolos y medidas adaptadas a sus necesidades.
Paridad
Pese a que se logró un paridad en la representación política a nivel federal, se observa que esto se presentó de forma limitada de medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad sustantiva, por lo que no se demuestra el liderazgo a nivel municipal, judicial y en la toma de decisiones económicas, especialmente para las mujeres de sectores vulnerables.
Frente a esto, el Comité recomienda que el Estado fortalezca estrategia para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos en que las mujeres están subrepresentadas, incluidos la gobernanza municipal, el poder judicial y la adopción de decisiones económicas, además promover la paridad en los consejos de administración de las empresas y sociedades estatales y en los puestos directivos del sector privado.
Estereotipos de género y prácticas nocivas
Puesto que aún persisten actitudes y estereotipos patriarcales profundamente arraigados, especialmente en espacios mediáticos y prácticas sociales que perpetúan opiniones estereotipadas sobre la violencia, la autonomía y capacidad de toma de decisiones de las mujeres, se ordenó la implementación de regulaciones que fomenten la igualdad de género y combatan los estereotipos en las representaciones de los medios de comunicación.
Asimismo, se exige la implementación de campañas de concienciación específicas y mejorar los marcos legales para prevenir las prácticas nocivas, incluidos los matrimonios precoces, costumbres que restringen la participación de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias, la esterilización, los abortos coercitivos, los tratamientos de infertilidad no consentidos y la mutilación genital femenina.
Violencia de género contra mujeres y niñas
Se instó al Estado a recopilar datos completos sobre todas las formas de violencia de género y realizar análisis integrales que prevengan y cierren brechas institucionales. Es clave unificar la tipificación del feminicidio, atender la violencia digital y garantizar respuestas jurídicas efectivas.
También se debe proteger a niñez expuesta a violencia, asegurar el interés superior de las infancias con enfoque de género y ofrecer apoyo integral a las familias afectadas. Los protocolos de investigación deben incorporar una perspectiva interseccional y aplicarse de manera uniforme en todo el país.
Se recomienda implementar una política nacional de reparaciones centrada en la dignidad de las víctimas, aumentar la financiación de refugios y centros de justicia accesibles y agilizar la activación de protocolos de emergencia como la Alerta Amber y el Protocolo Alba.
Militarización
Hay una creciente participación del personal militar en la seguridad pública y otras áreas, lo que da lugar a un aumento de las denuncias de violencia de género contra las mujeres cometida por dichas fuerzas. Por este motivo, las tareas de seguridad pública se solicita llevadas a cabo, por regla general, por personal civil encargado de hacer cumplir la ley, y que todo el personal militar que participe en esas funciones opere bajo supervisión civil, además de que tribunales civiles sean los encargados de juzgar todos los casos de violencia de género contra las mujeres, incluso si los agresores son militares.
Trata y explotación de la prostitución
Debido a que las mujeres indígenas, afromexicanas, rurales, migrantes y con discapacidad, corren mayor riesgo de ser víctimas de trata, se deben implementar estrategias eficaces de protección contra este delito para grupos que viven condiciones de vulnerabilidad, así como asegurar su participación significativa en el diseño e implementación de políticas.
Sin embargo, ante la impunidad con la que operan los traficantes en las regiones fronterizas, zonas turísticas y corredores migratorios, se debe abordar el nexo entre la trata y las redes de delincuencia organizada fortaleciendo la coordinación en la aplicación de la ley y aplicando estrategias integrales de prevención.
Además, a través de informes se ha mostrado la complicidad de autoridades en este delito, por consiguiente se advierte que se debe sancionar a los funcionarios coludidos y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para prevenir la corrupción.
Se instan a eliminar la criminalización de las mujeres que ejercen la prostitución, al señalar que la falta de distinción entre la prostitución voluntaria y la explotadora propicia violencia institucional, detenciones arbitrarias y limita su acceso a servicios de salud, justicia y protección social. También se pide garantizar sus derechos y prevenir abusos por parte de las autoridades.
Por último, se recomienda fortalecer los servicios integrales para mujeres y niñas víctimas de trata, garantizando acceso inmediato a refugios, atención médica, apoyo psicológico y asistencia legal, así como mejorar la recopilación de datos sobre el delito, perfil de las víctimas y efectividad de las medidas aplicadas.
Participación igualitaria en la vida política y pública
El organismo recomendó establecer metas y calendarios concretos para garantizar la igualdad sustantiva en los puestos de liderazgo político, pues señaló que pese a que existe una supuesta paridad formal no se ha traducido en una igualdad sustantiva en el acceso al poder y la toma de decisiones.
Se indicó que se deben implementar medidas efectivas para garantizar la participación política significativa de las mujeres indígenas, afromexicanas, rurales, jóvenes y con discapacidad, las cuales han sido históricamente excluidas, además crear mecanismos para prevenir la simulación o usurpación por parte de hombres vinculados a partidos políticos, familias o comunidades.
Frente a la prevalencia de la violencia política de género, se deben intensificar las medidas para combatirla, garantizando investigaciones, procesamientos y condenas eficaces de los autores.
Además para frenar las prácticas discriminatorias de los partidos políticos que se han detectado, se encomienda brindar acceso igualitario a la financiación de las campañas y fondos designados para el desarrollo de las capacidades de liderazgo político de las mujeres, a la par de aplicar eficazmente políticas de paridad en el servicio diplomático, especialmente a nivel de Embajadores, dado aún a baja representación.
Nacionalidad y apatridia
Se advierte el incumplimiento de garantías constitucionales y obstáculos en el registro de nacimientos, especialmente en comunidades indígenas y rurales. Además del acceso limitado a la documentación para grupos vulnerables. CEDAW menciona que se debe crear el registro universal fortaleciendo oficinas y unidades móviles y eliminar barreras que impiden el acceso a documentos de identidad a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Educación
Se ha registrado una alta incidencia de violencia sexual y de género contra niñas y mujeres dentro de las instituciones educativas, especialmente en las universidades. Ante esta situación, es fundamental establecer protocolos nacionales, estandarizados y obligatorios, para prevenir y atender la violencia de género en los entornos escolares.
Asimismo, persiste una elevada tasa de deserción escolar relacionada con la violencia de género, embarazos no planificados y la falta de un protocolo nacional que garantice el regreso de las adolescentes embarazadas a las aulas. Por ello, se insta a adoptar un protocolo vinculante que asegure su reingreso y permanencia en el sistema educativo, acompañado de servicios de apoyo adecuados.
Por otro lado, la educación integral en salud sexual y reproductiva se aplica de manera desigual, influenciada por ideales conservadores. Se enfatiza la necesidad de asegurar su implementación a nivel nacional, así como de incorporar una educación con perspectiva de género para el personal docente y establecer mecanismos de seguimiento eficaces.
Además, se señala la ausencia de una estrategia integral para eliminar estereotipos de género. En respuesta, se propone integrar sistemáticamente la educación en derechos humanos y fomentar la participación de las niñas en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
Finalmente, se destaca la urgencia de reducir la brecha digital mediante inversión en infraestructura y acceso a Internet en zonas urbanas, rurales e indígenas marginadas. También es clave garantizar entornos educativos inclusivos, seguros y accesibles, especialmente para niñas con discapacidad.
También se debe reducir la brecha digital mediante inversión en infraestructura y acceso a Internet en zonas urbanas, rurales e indígenas, y garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y accesibles para niñas con discapacidad.
Salud
Tras el desmantelamiento del Seguro Popular en 2020 y la implementación del IMSS- Bienestar, se tiene que asegurar la cobertura sanitaria universal mediante un sistema nacional de salud integral y adecuadamente financiado que proporcione acceso asequible a servicios de salud esenciales.
En clínicas públicas, se presentó una disminución de los servicios de salud preventivos, además de la escasez de medicamentos. Se insta a aumentar la asignación presupuestaria para programas de tratamiento pde detección del Cáncer de Mama (CaMa) y de prevención del cáncer de cuello uterino (CaCu).
Cabe destacar que aún hay obstaculos para acceder al aborto, debido al estigma y la resistencia de los proveedores de salud, ante ello se solicita armonizar el derecho penal con los avances en el acceso al aborto, garantizar la aplicación de la NOM-046 sin exigir denuncias o pruebas judiciales a las víctimas de violencia sexual, y combatir el estigma y la resistencia del personal médico mediante capacitación obligatoria.
En consecuencia se deben desestimar los casos, que aún prevalecen, de cargos de homicidio o infanticidio contra mujeres o niñas por haberse practicado abortos, prevenir futuros cargos de ese tipo y liberar e indemnizar a las personas actualmente detenidas o condenadas por esos motivos.
Empoderamiento económico de las mujeres
Aún persiste el difícil acceso de las mujeres de edad a las pensiones y a servicios de cuidado infantil asequibles, en este sentido, se solicita establecer marcos vinculantes de gobernanza corporativa que exijan diversidad de género en los puestos de liderazgo, con mecanismos de cumplimiento en caso de incumplimiento.
Además, se pidió una estrategia nacional integral para el empoderamiento económico de las mujeres que incluya legislación y políticas sobre contratación, el establecimiento de un banco específico para el desarrollo de las mujeres y la concesión de préstamos a bajo interés a mujeres empresarias.
Por otro lado, con la llega del Sistema Nacional de Cuidados, se tienen que integrar políticas fiscales a través de presupuestos con perspectiva de género y garantizar que todas las políticas de empoderamiento económico adopten un enfoque interseccional con medidas específicas para las mujeres de sectores vulnerables.
Mujeres rurales
En los entornos agrarios, persiste la exclusión de las mujeres del acceso a la propiedad de la tierra. Por ello, se debe garantizar la igualdad en el acceso a la tierra y la herencia dentro de los sistemas ejidales, mediante asistencia jurídica, campañas de documentación y una reforma agraria con perspectiva de género.
Además, se ha documentado que las tierras heredadas por mujeres son frecuentemente despojadas por familiares o asambleas comunitarias. Para hacer frente a esta problemática, es necesario eliminar las prácticas discriminatorias que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos sobre la tierra y asegurar que los procesos de privatización no perpetúen estas desigualdades.
Mujeres indígenas y afromexicanas
Las mujeres indígenas y afromexicanas continúan enfrentando una profunda marginación económica. Para revertir esta situación, es necesario ampliar los programas de empoderamiento económico, promoviendo la formalización del empleo, el acceso a la protección social, al crédito financiero y a la documentación de propiedad de la tierra.
Otra barrera importante es el acceso limitado a servicios de salud y justicia que sean culturalmente pertinentes. Por ello, se requiere una mejor capacitación en enfoques interculturales, la prestación gratuita de servicios de interpretación en lenguas indígenas y la expansión de servicios móviles en comunidades remotas.
Asimismo, es fundamental establecer una recopilación sistemática de datos desglosados sobre la violencia de género que afecta a mujeres y niñas indígenas y afromexicanas, y continuar desarrollando mecanismos de prevención y reparación que sean culturalmente adecuados y cuenten con su participación activa.
Mujeres desplazadas, refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes
Existe un aumento en la detención de mujeres y niñas migrantes, ante ello se necesita buscar alternativas y eliminar los traslados internos forzados y asegurar que la aplicación de las leyes migratorias se realice por personal civil capacitado con supervisión independiente para prevenir abusos.
Igualmente, persisten barreras en el acceso a servicios de regularización y protección. Es necesario garantizar la expedición oportuna y sin discriminación de documentación, restablecer los permisos de visita por razones humanitarias e implementar programas integrales de regularización para las mujeres migrantes.
La falta de documentación expone a mujeres y niñas desplazadas, refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes a redes delictivas, trata, violencia sexual y otras formas graves de violencia de género. Es urgente intensificar los esfuerzos para desmantelar estas redes y fortalecer las medidas de protección a lo largo de las rutas migratorias.
Las mujeres y niñas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes enfrentan barreras que generan disparidades en la salud materna y dificultan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Es necesario eliminar obstáculos económicos y de otro tipo, y asegurar servicios accesibles también para mujeres con discapacidad, asi como mejorar la eficacia de las evaluaciones sistemáticas del impacto de género de todas las políticas de inmigración.
Mujeres y niñas con discapacidad
La escasa representación de mujeres con discapacidad en órganos consultivos limita su participación en el diseño de políticas públicas. Se debe asegurar su inclusión significativa, especialmente en temas de igualdad de género y discapacidad.
Además se presentaron las tasas más elevadas de violencia contra ellas, por lo que es importante adoptar medidas que ayuden a la detección, la protección, la atención a las víctimas y el acceso efectivo a la justicia. Asimismo, ante la persistencia de la institucionalización de mujeres con discapacidad psicosocial en centros psiquiátricos, es fundamental asegurar el acceso a servicios de salud mental comunitarios, accesibles y con enfoque de derechos humanos.
Mujeres defensoras de derechos humanos y “buscadoras”
Se presentó un alarmante número de defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, atacadas o desaparecidas, se señala la urgencia de mejorar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante evaluaciones de riesgo con enfoque interseccional y de género, financiamiento suficiente y una coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales.
En conjunto hay que realizar investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales, asegurar el enjuiciamiento de los responsables y brindar reparaciones integrales a las víctimas, al igual que abordar las deficiencias de los mecanismos oficiales de protección e incentivar su eficacia y prevenir ataques contra defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso cuando se encuentran bajo medidas de protección.
Madres buscadoras
CEDAW puso especial énfasis por la situación de las buscadoras, en su mayoría mujeres, quienes enfrentan violencia, discriminación por su labor. Señala que esta persecución de género refuerza estereotipos y estructuras patriarcales, y que su trabajo no es reconocido como defensa de derechos humanos, lo que limita su acceso a mecanismos de protección, agravado por la creciente violencia letal y la crisis de desapariciones forzadas.
En respuesta, se solicitó el reconocimiento formal de las buscadoras como una categoría específica de defensoras de derechos humanos, estableciendo normas mínimas nacionales para su protección. Esto debe incluir mecanismos de seguimiento de la violencia que enfrentan, medidas de protección con enfoque de género y programas integrales que reconozcan los distintos tipos de violencia que viven, garantizando atención en salud mental, apoyo psicosocial y la prevención de la revictimización.
Cambio climático y reducción del riesgo de desastres
El cambio climático y la degradación ambiental afectan de manera desproporcionada a las mujeres rurales e indígenas. Por ello, es fundamental integrarlas en las políticas y programas de adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres, así como fortalecer su acceso a medios de vida resilientes, sistemas de alerta temprana y recursos para la recuperación tras desastres.
Matrimonio y relaciones familiares
Dentro de los tribunales de familia, debe prohibirse el uso de procedimientos de mediación y conciliación en casos que involucren violencia doméstica. Paralelamente, es fundamental capacitar a las autoridades locales en materia de igualdad de derechos dentro del ámbito familiar y supervisar la aplicación de las leyes en todos los niveles jurisdiccionales, con el fin de prevenir prácticas discriminatorias.
Asimismo, ante la persistencia de uniones informales con niñas menores de 18 años, estas deben prohibirse por completo, perseguirse penalmente los matrimonios forzados y considerarse la creación de un registro nacional que permita dar seguimiento a las uniones tempranas e informales.
Se espera que, dentro de dos años, el Estado mexicano rinda cuentas nuevamente, dando seguimiento prioritario a las recomendaciones emitidas, entre ellas: garantizar un presupuesto suficiente para los programas de igualdad de género, establecer una política nacional de reparaciones para víctimas de violencia, desestimar los cargos por aborto contra mujeres y niñas, y reconocer formalmente a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos, asegurando su protección efectiva en todo el país.
