Ciudad de México.- Durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en la mesa de trabajo, “Avanzar hacia mayor corresponsabilidad social y de género: Licencias para cuidar” logró reunir a mujeres de 22 distintos países donde reconocieron que el trabajo de cuidados sostiene la vida y debe ser asumido como una corresponsabilidad social, donde se logre un cambio cultural porque hoy recaen principalmente en mujeres.
Durante esta mesa de trabajo señalaron que la región enfrenta retos estructurales en materia de cuidados, que reflejan profundas desigualdades y rezagos en legislación y políticas públicas. Mientras países como Venezuela han avanzado con leyes específicas que reconocen y regulan el trabajo de cuidados, incluyendo licencias parentales para hombres y mujeres y protecciones laborales para cuidadoras, otras naciones como Guatemala enfrentan fuertes resistencias culturales y políticas que limitan el progreso.
Además señalaron la falta de sistemas integrales, el escaso presupuesto público destinado a este ámbito y la persistente naturalización del cuidado como una responsabilidad exclusiva de las mujeres, son en conjunto lo que agrava la sobrecarga histórica que enfrentan principalmente las habitantes de zonas rurales, indígenas y empobrecidas. Frente a este panorama, hablar de cuidados es imprescindible no solo por justicia social, sino porque se trata de un eje estratégico para la sostenibilidad y el desarrollo regional.
A lo largo del encuentro, se evidenciaron los contrastes entre países en cuanto al reconocimiento legal del trabajo de cuidados y la implementación de políticas públicas. Venezuela se posicionó como uno de los referentes más avanzados. La diputada Diva Guzmán expuso los alcances de la Ley del Sistema de Cuidados, que reconoce responsabilidades del Estado y garantiza licencias parentales tanto para mujeres como para hombres. Además, destacó medidas como la inamovilidad laboral por dos años para cuidadores y cuidadoras, la creación de espacios de lactancia en centros de trabajo, y un marco normativo robusto que incluye leyes para personas adultas mayores y con discapacidad. Esta experiencia es un ejemplo esperanzador en el contexto latinoamericano.
En contraste, Guatemala enfrenta serios rezagos. La diputada Elena Mota, del partido Semilla, describió un sistema debilitado en su país, sin jubilación universal y con licencias de paternidad recortadas por presiones conservadoras. Denunció la ausencia de legislación que garantice derechos a personas con discapacidad y la violencia política sistemática contra mujeres. Subrayó cómo la fuerte influencia de sectores religiosos y el discurso anti derechos obstaculizan la perspectiva de género en el país. Sin embargo, destacó el surgimiento de liderazgos femeninos decididos a impulsar transformaciones desde las bases sociales.
México: avances desiguales y propuestas desde lo local
En el caso de México, se reconocieron avances y deudas históricas. La senadora Beatriz Mojica Morga retomó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como parteaguas legislativo y subrayó que el actual gobierno ha demostrado que no es la falta de presupuesto lo que impide el desarrollo del sistema de cuidados, sino la ausencia de una visión con enfoque de género. Propuso fortalecer acciones desde los municipios ya que ahí es donde se materializa la atención al cuidado: mediante estancias infantiles, centros para personas mayores y apoyos directos a cuidadoras, además de ampliar las licencias para hombres para fomentar corresponsabilidad.
Desde la Huasteca Potosina, la académica Roxana Hernández aportó la mirada territorial. Subrayó las dificultades que enfrentan mujeres cuidadoras en zonas rurales e indígenas, muchas veces excluidas del sistema de salud y del mercado laboral. Reconoció el trabajo de organizaciones como Cuidadoras Potosinas, que han generado sensibilización comunitaria, y enfatizó la urgencia de adoptar una perspectiva de género como principio rector en las decisiones judiciales y políticas.
El debate también puso sobre la mesa la necesidad de transformar el modelo económico que invisibiliza el trabajo de cuidados. La senadora Amalia García Medina advirtió que este trabajo representa el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Por eso, afirmó García Medina, es necesario el reconocimiento económico como la clave para avanzar, así es como abogó por licencias igualitarias, reconocimiento de nuevas formas de familia y armonización legislativa entre niveles de gobierno, ya que solo con alianzas entre poderes del Estado y sociedad civil se logrará consolidar un sistema nacional de cuidados.
Corresponsabilidad y sostenibilidad: ejes urgentes
Al cierre de la Comisión, las participantes coincidieron en tres ejes fundamentales: fortalecer el marco normativo con perspectiva de género, garantizar presupuestos sostenibles e implementar políticas que redistribuyan el trabajo de cuidados. Si bien los avances son desiguales entre países, todos enfrentan el mismo reto: desmontar una estructura social que ha relegado el cuidado a las mujeres mismas que en cualquier nación enfrentan la misma pobreza: la carencia de tiempo para ellas mismas.
Es importante retomar para esto la intervención de Marina Femenia, desde Argentina, quién introdujo una mirada crítica al señalar que los avances en sistemas de cuidados y licencias pueden ser desmantelados por gobiernos de derecha que ven al feminismo como una amenaza.
Puso como ejemplo el caso argentino, donde tras la llegada de Javier Milei al poder, se recortaron presupuestos y se eliminaron políticas clave como el aborto legal y las jubilaciones para amas de casa, empujando a mujeres adultas mayores a la pobreza y el abandono estatal.
Femenia alertó sobre el peligro de que las leyes no sean irreversibles y denunció cómo la violencia contra las mujeres se conecta con la violencia política, citando el caso de la expresidenta argentina, actualmente encarcelada por una condena que considera injusta. Su llamado fue claro: no basta con legislar, hay que proteger esos derechos ante posibles retrocesos.
Ante esto varias ponentes, estuvieron de acuerdo en que el cuidado es una función estratégica para la sostenibilidad de la vida, no un tema asistencial ni marginal. Por ello señalaron que un medio importante para combatir los retrocesos es por medio de los cambios culturales fuertes de una sociedad machista, donde empoderar a las mujeres signifique su participación activa y asegure cada vez más sus espacios en la toma de decisiones.
No obstante, también se reconoció que el activismo y liderazgo de las mujeres en toda la región está sembrando el camino hacia una transformación donde cuidar sea una responsabilidad colectiva, equitativa y valorada y donde debemos mantener el acompañamiento como región para aquellas naciones que aún enfrentan resistencia para reconocer que no solo basta con otorgar los mismos derechos a las mujeres.
