Ciudad de Mexico.- De acuerdo con Sonia Brucke, viceministra de Igualdad y No Discriminación del Ministerio de la Mujer del Paraguay, son seis los ejes de atención que los países de America Latina y el Caribe deben dar prioridad para el financiamiento de una sociedad de cuidados: contar con indicadores claros, incorporar la perspectiva de género en las instituciones financieras, incluir a las mujeres en la creación de las políticas públicas, reducir la desigualdad, superar las prioridades nacionales, así como reconocer que la igualdad es una inversión y no un gasto.
Una de las barreras para conformar una sociedad de cuidados, así como para alcanzar derechos para las mujeres, es la económica. Por ello, durante el segundo día de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en America Latina y el Caribe, celebrada entre el 12 al 15 de agosto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Ciudad de México; se llevó a cabo una discusión sobre el financiamiento para la igualdad de género en donde varias representantes de diversos países recalcaron los vacíos que existen en diferentes Estados de la Región.
El debate estuvo dirigido por Mayra Jiménez, ministra de la Mujer en República Dominicana; Mario Mariel, ministro de Hacienda de Chile; Alejandra Claros Borda, secretaría general del Banco de Desarrollo de America Latina y el Caribe (CAF); Ana María Alonso Giganto, embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en España; Ayesha Constable, coordinadora de GirlsCARE; Verónica Serafini, especialista en Género y Macroeconomía de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD); y Sonia Brucke, viceministra de Igualdad y No Discriminación del Ministerio de la Mujer del Paraguay.
Para Sonia Brucke se debe contar con indicadores claros y medibles que permitan sustentar las políticas públicas con datos concretos. Estos indicadores, señaló, son fundamentales para formular argumentos sólidos que impulsen acciones efectivas. Asimismo, planteó la importancia de incorporar la perspectiva de género en las intimidades financieras y económicas. Para ello, propuso que los bancos de desarrollo, centrales, organismos de cooperación y ministerios de economía adopten una política económica y fiscal feminista que incluya esta visión en su funcionamiento interno.
La viceministra también destacó la participación activa de las mujeres en la construcción de políticas públicas como una clave fundamental. Esto porque no basta con presentar solicitudes a los gobiernos, sino que es necesario formar parte de las mesas de trabajo del diseño mismo de las políticas. Por otro lado, hizo un llamado a reducir las desigualdades que afectan al liderazgo y la igualdad de género, garantizando así oportunidades para las mujeres.
Otra propuesta que se manejó en el foro, es superar las prioridades nacionales para abordar los desafíos globales. Según afirmó Sonia Brucke, la igualdad de género y la justicia social trascienden fronteras y requieren de cooperación internacional para ser efectivas. Finalmente, sostuvo que la igualdad debe entenderse como una inversión y no como un gasto. Explicó que si recursos destinados a este objetivo fortalecen el desarrollo, mejorando así la calidad de vida de muchas mujeres.
La apuesta financiera
Desde República Dominicana, se está apostando por el aumento de la inversión pública y la incorporación de la política de cuidados en la Ley de Presupuesto General del Estado, según mencionó Mayra Jiménez, ministra de la Mujer en el país.
Por ello, para visibilizar el impacto de la política nacional se realizó un estudio que reveló una posible generación de 127 mil y 370 mil empleos, así como reducir la pobreza monetaria general entre un 1.9% y un 6.6% con mayor incidencia positiva en las mujeres como una consecuencia de sus acciones a implementar.
La mandataria indicó que invertir en cuidados es contribuir a la igualdad social y de género, uno de los pilares del desarrollo económico y social del país. El estudio también demuestra que esta política es fiscalmente viable y tiene un gran potencia,como motor económico, generador de empleos y promotor de capacidades y autonomía para las personas, incluyendo a quienes brindan cuidados. De esta manera, se prevé que se podrá redistribuir la responsabilidad del trabajo de cuidados de una manera más justa.
En Chile, el ministro de Hacienda Mario Mariel explicó que existe una urgencia de fortalecer el sistema de cuidados, porque tienen una población de 20 millones de habitantes y al menos 1.5 millones viven en situación de dependencia severa, afectando de manera desproporcionada a las mujeres quienes asumen las taras del cuidado fuera del mercado laboral formal y en condiciones precarias.
Mencionó que durante la pandemia, muchas mujeres abandonaron sus empleos para dedicarse al cuidado no remunerado profundizando así las brechas de género y la desigualdad en el acceso a ingresos y seguridad social. Ante este escenario, el gobierno actual está impulsando un programa nacional de sistemas de cuidado con un aumento del caso 30% en el presupuesto destinado a este sector en 2025 y para 2034 se prevé una proyección superior al 40%.
Por otro lado, en el país se presentó un proyecto de ley sobre cuidados que se encuentra en el Congreso Nacional. Esta propuesta, busca estructurar y coordinar una red nacional e cuidados, integrando a municipios para garantizar atención a niñez, personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. El financiamiento a este sistema se ha reconocido como parte del pacto fiscal que busca aumentar los ingresos del Estado y repartirlos de manera prioritaria a áreas sociales como salud y los cuidados.
En los últimos diez años, Chile logró reducir la informalidad laboral del 28% al 26%, pero persiste una alta concentración de trabajos precarios en el sector de cuidados. El fortalecimiento del sistema, junto con programas de capacitación y la asignación sostenible de recursos, busca no solo mejorar la calidad de vida de las personas que requieren cuidados, sino también garantizar que quienes los brindan cuenten con mejores condiciones laborales y acceso a derechos sociales.
Pese a estos ejemplos, Alejandra Claros Borda, secretaría general del Banco de Desarrollo de America Latina y el Caribe (CAF), señaló que las ciudades con menor acceso a recursos necesitan que se les destinen presupuestos e inversiones para que puedan vivir con dignidad y libertad.
Algunas cifras que muestran el otro lado de la región señalan que el 99% de los ministros de economía y finanzas en America Latina y el Caribe son hombres, lo que limita la inclusión de las perspectiva de género en la toma de desiciones presupuestarias. Alejandra Claros Borda también agregó que en muchos países, los informes nacionales a las naciones unidas muestran solo un pequeño porcentaje de los presupuéstalos que están destinados a iniciativas que favorecen la igualdad lo que revela que las prioridades aún no se orientan hacia políticas inclusivas.
Importancia del financiamiento
Actualmente, las mujeres representan la mayoría de las personas empleadas en sectores como el trabajo doméstico y de cuidados, muchas veces en condiciones precarias y sin acceso a derechos plenos. Por lo que, la secretaría Alejandra Claros Borda determinó la necesidad de un análisis financiero sobre una re orientación del gasto público que reconozca el valor económico y social del trabajo de las mujeres, asegurando salarios justos, condiciones dignas y oportunidades de desarrollo profesional.
Finalmente, afirmó que la construcción de un sistema económico más justo requiere la participación activa de las mujeres en todos los niveles de decisión y la transformación de las estructuras que perpetúan la desigualdad. Para la oradora, invertir en la igualdad de género no es solo un acto de justicia social, sino una estrategia de desarrollo que libera el potencial de las personas y fortalece a las comunidades en su conjunto.
Asimismo, Verónica Serafini, especialista en Género y Macroeconomía de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), apuntó la necesidad de contar con liderazgos en políticas educativas, ya que existen millones de mujeres insertas en los sistemas educativos y cuya participación es clave para impulsar el desarrollo inclusivo.
Sin embargo, advirtió que la región sigue siendo profundamente desigual y que es necesaria una mejor distribución del tiempo y de las oportunidades laborales para cerrar las brechas persistentes. Asimismo, subrayó que el acceso de las mujeres al capital y a los sectores estratégicos debe verse como un motor de crecimiento, aunque actualmente se avance de manera lenta y con rezagos.
En este sentido, señaló que la justicia social implica no solo garantizar igualdad de condiciones, sino también revertir prácticas discriminatorias que afectan a las mujeres en distintos ámbitos, desde el acceso a servicios de calidad hasta su participación en espacios políticos y económicos.
En muchos contextos, las mujeres son relegadas a posiciones menos visibles o menos valoradas, y que esto se traduce en una exclusión sistemática que va desde lo simbólico hasta lo económico. Por lo que, la especialista en género advirtió que estas prácticas perpetúan la desigualdad y obstaculizan el desarrollo integral de las comunidades.
