El centro de detención migratorio conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en Florida ha sido calificado por defensores de derechos humanos, personal médico y medios estadounidenses como un campo de concentración, un gulag o un agujero negro en ciernes.
Sin embargo para el cónsul de México en Miami, los temores de los connacionales son infundados, resultado de la “mala fama” de este lugar, donde “el trato es cada vez mejor”. Ante semejantes declaraciones, no queda sino preguntarse qué clase de representante ha enviado el gobierno mexicano al Estados Unidos de Trump y, más allá del personaje, qué permite normalizar el horror como situación “tolerable”.
El Alcatraz de los Caimanes es, como se sabe, un centro de detención construido a toda prisa en una zona pantanosa e insalubre, donde abundan los moscos, las inundaciones y el calor en verano no da tregua. Está situado en una región amenazada por los huracanes.
Más que una cárcel es un campo de concentración por la pésima condición de sus instalaciones y los tratos inhumanos que padecen las personas migrantes ahí encerradas. Consiste en jaulas metálicas y tiendas de campaña con un total de 3000 camas. Las luces están encendidas noche y día de modo que los presos pierden la noción del tiempo. No hay suficientes instalaciones sanitarias ni agua: los excusados se tapan y los detenidos sólo se bañan una vez por semana. La comida es insuficiente e infecta, a menudo agusanada o echada a perder.
Este mal trato se añade a la arbitrariedad de las detenciones. Aunque el gobierno estadounidense justificó los arrestos masivos de migrantes como un medio de deshacerse de “los peores criminales”, según una investigación del Miami Herald, un tercio de los detenidos en Alcatraz carecen de antecedentes criminales y las faltas de los demás son menores, como infracciones de tránsito o falta de documentos migratorios; aunque hay también algún intento de homicidio.
Además de convertir a los detenidos en “muertos vivos”, cuyo acceso a un representante legal es nulo o limitado, como ha documentado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), defensora de derechos civiles, al inicio son también desaparecidos ya que pueden pasar días sin que su familia sepa dónde están y pueden ser enviados a una cárcel en otro estado o ser deportados sin que nadie se entere.
Un ejemplo de detención arbitraria es el caso de un hombre arrestado cuando pescaba con su familia en Florida: tenía licencia para pescar pero no tenía licencia de conducir – por falta de documentos migratorios–.Llevaba veinte años viviendo en Estados Unidos. Su esposa, también indocumentada, sólo supo tres días después que estaba en Alcatraz; luego fue trasladado a otra parte. Como ella también carece de documentos, después de vivir diez años en ese país las autoridades que también la arrestaron la conminaron a dejar el país en un plazo de tres meses. Cuando, supone, su marido sea deportado a El Salvador, ella y su hija se reunirán con él (NPR).
Aunque el campo de concentración de Florida es uno de los peores sitios de detención, en general las condiciones de encarcelamiento de las personas detenidas, que incluyen a ciudadanas y ciudadanos de Estados Unidos son “espantosas e inseguras”, según un informe de Human Rights Watch.
Esta organización señala también que las prácticas del ICE ( Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, instancia encargada de las detenciones de migrantes) siguen un patrón de maltrato que se traduce en negación o posposición de asistencia médica, de medicamentos para personas con enfermedades crónicas, así como en hacinamiento y falta de higiene en centros de detención federales como uno ubicado en el centro de la ciudad de Nueva York.
Por otras fuentes se sabe así mismo que cuando las personas detenidas son enviadas a cárceles rurales, donde por ejemplo el gobierno federal renta celdas, el trato depende de la buena o mala voluntad del sheriff local que, entre otras, puede decidir si permite o no el contacto de aquéllas con organizaciones voluntarias que buscan apoyarlas. En este sentido, las condiciones están dadas para el libre ejercicio de la arbitrariedad a todos los niveles.
La tortura física y psicológica y la destrucción de vidas productivas que representan estas prácticas (desde la detención-desaparición hasta el encarcelamiento y la deportación) son violaciones de derechos humanos, no simple aplicación de la ley. Atentan contra la dignidad de las personas y su derecho a un juicio justo.
Dentro de la red de centros de detención inhumanos, el Alcatraz de los Caimanes es, hasta ahora, junto con Guantánamo, paradigma de la crueldad normalizada en aras de una ideología racista y del lucro privado. Ha sido denunciado constantemente en medios de Estados Unidos.
Si, como dice, Rutilio Escandón Cadena, Cónsul General de México en Miami, ha visitado cuatro veces a mexicanos detenidos ahí, debe haber visto lo mismo que abogados y periodistas ¿Cómo puede entonces declarar que “solamente hicieron mala fama de este centro de retención” y que los connacionales “están a buen resguardo”? Aunque también haya dicho no estar de acuerdo con este tipo de lugares, ¿por qué se hace eco de voceras trumpistas que acusan a los medios de “inventar”? ¿Creerá que, como lo hizo en Chiapas en 2024, negar la violencia le bastará para rehuir sus obligaciones? ¿O es sólo otro ejemplo de la normalización de la crueldad que caracteriza al gobierno de Trump y que el gobierno mexicano también ejerce cuando minimiza las desapariciones o desdeña los sufrimientos de las comunidades migrantes y les manda a funcionarios incapaces de defenderlas?
